CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que en Tanhuato, Michoacán la Policía Federal (PF) cometió graves violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, la siembra de armas de fuego a cadáveres y la falsedad en los informes sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol, donde 42 civiles y un policía perdieron la vida. En la recomendación 4VG/2016, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, indicó que como resultado de la investigación realizada por ese organismo, con sustento en pruebas técnicas y científicas, se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuidos a servidores públicos de la PF, además de otras violaciones “no graves” imputadas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán. De acuerdo con el ombudsman nacional, se violó el derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la “ejecución arbitraria” de 22 civiles y la muerte de cuatro personas. También se cometieron violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica por los actos de tortura cometidos en agravio de dos de los detenidos, y por el uso excesivo de la fuerza que derivó en un trato cruel, inhumano y degradante contra una de las personas. De igual manera, apuntó, se cometieron violaciones al derecho a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y a la verdad, por la falsedad en los informes proporcionados por la PF respecto de las circunstancias en las que se desarrolló el operativo en el Rancho del Sol, y por faltar al respeto, dignidad y consideración de dos cadáveres que presentaron quemaduras por haber estado expuestos a fuego directo. En el mismo caso se detectaron violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y debida procuración de justicia por manipular el lugar de los hechos en cuanto al movimiento de siete cadáveres, además de que se colocaron de manera deliberada armas de fuego que se asociaron a 16 cadáveres y otras más se sustituyeron. Asimismo, violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica y debida procuración de justicia por las irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la PGJ de Michoacán al describir la ubicación de las víctimas directas en el lugar de los hechos, y los indicios balísticos con los que se desarrollaron. Según González Pérez, las violaciones a derechos humanos acreditadas no sólo implicaron actuaciones en contra de la ley, sino que se tradujeron en la pérdida de vidas humanas y en la afectación a la integridad física y mental de las personas. Explicó que por su propia naturaleza y alcances, se verificaron conductas que dificultan en el presente asunto un efectivo acceso a la justicia y que se pueda llegar plenamente a la verdad, al haberse manipulado elementos y evidencias con la alteración de las condiciones que permitirían realizar debidamente las investigaciones en el ámbito penal y deslindar las responsabilidades correspondientes. Como consecuencia de ello, en el caso de 15 personas fallecidas la CNDH no contó con los elementos técnicos para determinar las circunstancias en que perdieron la vida durante el evento en que participó la Policía Federal. Y enfatizó en la necesidad de investigar y esclarecer la muerte de un integrante de la corporación en los hechos ocurridos el 22 de mayo, así como las lesiones sufridas por otro. Finalmente, el organismo de derechos humanos pidió que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a cargo Renato Sales Heredia, dé cumplimiento a los ocho puntos que contiene la recomendación emitida este jueves, con el fin de que propicie que los hechos violatorios sean juzgados conforme a derecho y prevengan su repetición. Por separado, la CNS informó que aceptará la recomendación de la CNDH sobre el caso Tanhuato, aunque rechazó la conclusión del organismo de que se cometieron al menos 22 ejecuciones extrajudiciales. “No creemos que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias”, puntualizó su titular, Renato Sales Heredia, en una conferencia de prensa para responder al informe de la CNDH sobre las investigaciones del caso. Sales sostuvo que los puntos de recomendación dirigidos a la CNS serán cumplidos, excepto en los temas de reparación del daño, pues habrá que esperar a que la Procuraduría General de la República (PGR) concluya su investigación, apuntó. Según el funcionario federal, el día de los hechos en Tanhuato, la PF actuó en respuesta a una denuncia ciudadana, y dijo que cuando los elementos arribaron al rancho se pidió a los presuntos delincuentes que depusieran las armas, pero éstos respondieron agrediendo con disparos de armas de fuego a los uniformados. “Somos y seremos respetuosos de los derechos humanos, pero si los oficiales son agredidos tienen y tendrán que hacer uso de la fuerza”, agregó.