CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al favorecer los megaproyectos por encima de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de la población mexicana, la reforma energética pone en peligro el cumplimiento de siete de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), según la organización Social Watch. Con estos objetivos, los países miembros de las Naciones Unidas aspiran a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger la naturaleza y promover los derechos humanos en el mundo hacia el horizonte 2030. De acuerdo con un informe que publicó la organización internacional, la reforma energética promovida por el presidente Enrique peña Nieto da prioridad a la inversión en megaproyectos, incluyendo a los que emplean “las técnicas más nocivas” para el ambiente, como la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica. Según Social Watch, la reforma energética aprobada en 2013, amenaza los ODS número 2, 6, 11, 12, 13, 14 y 15, los cuales abarcan el acceso equitativo a las tierras para la agricultura, la protección del agua y de los ecosistemas, la gestión ecológicamente racional de los productos químicos, el cambio climático y la biodiversidad. Pero la reforma energética no es la única política del gobierno federal que vulnera los ODS. De acuerdo con el reporte citado, de seguir con la militarización de la seguridad pública y de la guerra contra las drogas, México incumplirá con el objetivo 16 de las Naciones Unidas, que aspira a alcanzar sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible. La organización recordó los datos de la crisis de derechos humanos que atraviesa México, entre ellos, los 102 mil homicidios registrados entre 2006 y 2012, las dos mil 20 quejas por tortura y malos tratos interpuestas en 2011 y la “corrupción e impunidad en las estrategias de combate al crimen organizado”. Con este antecedente, sostuvo que en su lucha contra la delincuencia organizada, México debe apegarse al primer punto del objetivo, que consiste en “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad”. En su reporte, advierte que el país tampoco alcanzará el segundo objetivo, que ambiciona poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Tal aseveración se debe a que la Cruzada contra el Hambre --la estrategia principal del gobierno de Peña Nieto para abatir el problema en el país--, “ha sido ineficaz para avanzar en su erradicación por deficiencias tanto en su diseño como en su implementación”. Y argumentó que la estrategia sólo atiende 7.1 millones de personas, de los 27.4 millones de mexicanos que viven en inseguridad alimentaria. Más: apenas nueve de los 90 programas sociales que abraca la Cruzada tienen el enfoque de luchar contra el hambre y aún así, “tienen poca consistencia, coherencia y coordinación”. Incentivos, a manos equivocadas Respecto a la agricultura sostenible, Social Watch sostuvo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) destina la mayor parte de sus incentivos a los grandes productores y a la agroindustria, pese a que en México ocho de cada diez explotaciones agrícolas son de pequeña escala. Asimismo, denunció que el gobierno “promueve el uso de agroquímicos y organismos genéticamente modificados” y fomenta alianzas con “empresas multinacionales que continúan beneficiando intereses privados a costa de los pequeños productores, de la alimentación y del medio ambiente”. El problema nutricional también destaca en el alto consumo de refrescos, que vulnera el objetivo 3 referente a la salud e incluye, entre otros, la aspiración a reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles como la diabetes. El objetivo número 6 de las Naciones Unidas plantea el acceso universal y la protección del agua. En esa materia, México también corre el riesgo de incumplir con las metas que se impuso, ya que la iniciativa de Ley General de Aguas del ejecutivo federal “promueve la megainfraestructura y los trasvases, sin asegurar la calidad del agua”, mientras que el consumo del líquido se hace, en su mayoría, en botellas de plástico. Social Watch señaló que la política de vivienda implementada en México dificultará al país cumplir con los objetivos 1 y 11, los cuales contemplan la erradicación de la pobreza y la conversión de ciudades y asentamientos humanos en espacios inclusivos y sostenibles. Entre otras razones, la organización subrayó la “mercantilización extrema” y la “especulación” del suelo en las ciudades, mientras que la política de vivienda “sigue apostando a la cantidad y no a la calidad”. Y no sólo eso: entre los demás “retos” señalados por la organización destacaron la escasa reducción de las carencias sociales de las poblaciones más marginadas, el embarazo adolescente, la igualdad de género y la protección a los derechos reproductivos.