CIUDAD DE MÉXICO, (apro-cimac).- Académicas y activistas a favor del derecho a decidir sobre la maternidad lamentaron que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) haya rechazado el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para declarar inconstitucionales dos artículos del Código Penal Federal (CPF) que niegan el derecho al aborto legal cuando se afecta la salud de la mujer, ya que –aseguraron– es muy difícil que una tesis sobre este tema llegue ante la SCJN. Mientras la mañana de ayer expertas en Derecho analizaban en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la inconstitucionalidad del Código Penal (CP) de Veracruz por penalizar a las mujeres por abortar, la Primera Sala de la Corte discutía el proyecto presentado por el ministro Zaldívar. Sin embargo, la SCJN desechó el documento con el argumento de que la norma en cuestión no había generado efectos en la parte quejosa –una mujer que interpuso un amparo por habérsele negado el aborto legal–, pues ella ya no estaba embarazada. Al conocer la resolución, la abogada Geraldina González de la Vega lo difundió en el foro en la UNAM, y criticó que por cuestiones “tan técnicas y de procedimiento se esté obstaculizando el ejercicio de derechos”, sin considerar que el acceso a la justicia en la Suprema Corte para las mujeres es muy complicado. Lo anterior, porque mientras los poderes judiciales y los partidos políticos pueden interponer acciones de inconstitucionalidad, la vía legal para que la ciudadanía acceda al máximo tribunal del país tiene un camino “más empedrado” que no todas las y los abogados dominan. El litigante Javier Cruz Angulo –quien ya interpuso dos amparos ante la SCJN para declarar inconstitucional el CP de Veracruz por criminalizar a las mujeres que abortan– dijo que la Corte está llamada a explicar a las y los ciudadanos los impedimentos procesales que impidieron discutir a fondo el proyecto del ministro. Recordó que a la Corte llegan pocos casos sobre interrupción legal del embarazo (ILE), ya que pareciera que para que el tema sea discutido debe ser un caso “límite”, es decir, que sea por ejemplo el de una mujer encarcelada a la que sus Derechos Humanos son violados repetidamente y no logra su libertad, explicó. Martha Juárez Pérez, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y la Coalición por la Salud de las Mujeres, lamentó que se hubiera desechado un proyecto de vanguardia y progresista, lo que implica que va a seguir habiendo “mujeres de carne y hueso que no tengan acceso a su derecho a la salud”. Observó que el caso representado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) era muy sólido sobre el derecho al aborto por la causal de salud de la mujer, que es un tema que requiere de un análisis jurídico serio.