CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alrededor de 500 integrantes de organizaciones sociales, encabezados por padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, marcharon en conmemoración de los 21 años de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero. Según un reporte del diario El Sur, alrededor de las 10:30 horas los participantes iniciaron la caminata desde el poblado de Aguas Blancas al vado del mismo lugar donde ocurrió la masacre. Durante el mitin, los oradores convocaron a la unidad de las organizaciones sociales ya que, dijeron, “la división sólo favorece al gobierno”. Además, recriminaron que a 21 años de la masacre el gobierno no haya castigado a los responsables, quienes continúan en la impunidad. En representación de los padres de los normalistas desaparecidos, Emiliano Navarrete llamó a seguir unidos y respaldarse como organizaciones “porque separados nos matarán”. Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), recordó que a 21 años de los hechos continúan su demanda de justicia. Además, manifestó su solidaridad con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y pidió luchar juntos para echar abajo la reforma educativa. El 28 de junio de 1995, 17 campesinos de Aguas Blancas de la OCSS fueron acribillados por policías de Guerrero y 21 más resultaron heridos cuando se dirigían a un mitin político para demandar la liberación de Gilberto Romero Vázquez, quien un mes antes fue reportado como desaparecido en la población de Atoyac de Álvarez. Un año después, el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer tuvo que renunciar, debido a que los sobrevivientes y familiares de las víctimas lo señalaron como el responsable intelectual de la masacre. En el 2015, viudas de los asesinados denunciaron que, durante los últimos 20 años, en su clamor de justicia ellas y sus hijos habían sido víctimas de persecución, hostigamiento y amenazas. Agregaron que, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que el hecho fue “un crimen de estado” –en su resolución 49/97 publicada en febrero de 1998– hasta ese momento no se habían cumplido a cabalidad las recomendaciones emitidas por el organismo regional. En las recomendaciones finales de la CIDH destacó la realización de una investigación “seria imparcial y efectiva” de los hechos conforme a las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 23 de abril de 1996. Además se pidió “ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del gobierno del estado de Guerrero” identificados en la resolución de la Corte. El organismo también recomendó al Estado mexicano “otorgar una indemnización adecuada a los familiares de las personas ejecutadas, y a las víctimas sobrevivientes de los hechos y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los hechos”. Al cumplirse 21 años de la masacre, los responsables no han sido castigados.