CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El gobierno de Héctor Astudillo Flores admitió que están rebasados por el conflicto generado por la confrontación entre grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en el valle de El Ocotito, al señalar que es competencia del gobierno federal el desarme de los civiles para restablecer el orden en esta franja de la entidad. En contraste, se limitó a hacer un “atento pero enérgico” llamado a ambos grupos de autodefensa para que cesen las hostilidades, se abstengan de buscar venganza y confíen en las autoridades para investigar y sancionar a los responsables de la matanza registrada ayer en las inmediaciones del poblado de Tlayolapa donde oficialmente se reportaron siete muertos y dos heridos. El líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, dijo que son ocho los muertos, siete de su organización y uno del grupo contrario, y advirtió que su grupo armado va a incursionar en el poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero bajo el argumento de que guardias comunitarios del grupo antagónico mantienen retenidos a siete de sus compañeros. Acusó al gobierno federal de pactar con “paramilitares” al servicio del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del estado de Guerrero (FUSDEG) como estrategia para frenar la expansión de la UPOEG que se encuentra cercada, dijo, por el Ejército en la región de Costa Chica. Plácido emplazó a sus detractores a probar sus señalamientos de que la UPOEG tiene nexos con el narco y recibe protección del gobierno estatal. El dirigente indígena, insistió en señalar que el conflicto es político y tiene su origen en un pacto entre el FUSDEG y el gobierno federal para no militarizar este corredor de drogas y “creció tanto este monstruo que las autoridades no pueden poner orden”, indicó. En tanto que una fracción del gabinete de seguridad del gobierno estatal fijó una postura oficial a más de 24 horas de los hechos violentos registrados ayer el Tierra Colorada y el Valle de El Ocotito, donde miembros de la UPOEG irrumpieron en esta zona controlada por el FUSDEG y se registró un enfrentamiento armado con un saldo funesto, así como un bloqueo de la carretera federal México–Acapulco que se prolongó durante más de 12 horas. Durante una conferencia realizada esta tarde en la sede del Ejecutivo, al sur de esta capital, el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, dijo que el gobierno de Astudillo no puede ser permisivo, ni complaciente con los grupos civiles armados. “Pero tampoco puede dejar de buscar que las partes en conflicto pongan su voluntad, hagan a un lado sus armas y resuelvan diferencias a través del dialogo”, indicó el funcionario estatal, quien no pudo explicar de qué forma espera que los líderes de las autodefensas atiendan su recomendación. Álvarez Heredia se limitó a lanzar un llamado a los grupos armados confrontados y se deslindó de restablecer el orden y la legalidad en la zona argumentando que el desarme de las guardias comunitarias le compete al gobierno federal y no al estatal. Luego, dijo que el gobierno estatal ratifica su disposición de diálogo con las organizaciones sociales que sean respetuosas de la ley y afirmó que no están dispuestos a entablar comunicación con las guardias comunitarias bajo presión y condiciones que violenten la legalidad. Cuando un reportero preguntó si el hecho violento de ayer en Tlayolapa se trató de una emboscada o un enfrentamiento, el vocero estatal pidió a los comunicadores interpretar a su voluntad la situación. La expresión provocó una ola de risas y exhibió la indiferencia de las autoridades para resolver este conflicto que ha sido auspiciado y tolerado por las autoridades de los tres niveles, donde es evidente la falta de operación política desde hace un año cuando comenzó la confrontación entre ambos grupos de guardias comunitarias que ha dejado una treintena de muertos en un año.