MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas de que se cumplan 20 años de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, viudas de los fallecidos exigieron castigo a los responsables y reparación “integral” de daños. Ocurrido el 28 de junio de 1995, el caso de Aguas Blancas, en el que participaron policías del estado de Guerrero, derivó en la renuncia un año después del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a quien los sobrevivientes y familiares de las víctimas señalan como el responsable intelectual de la masacre. Acompañadas por su abogado José Sánchez Sánchez, cuatro de 16 viudas -–uno de los asesinados no era casado– se solidarizaron con las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, y marcharon junto a ellos la tarde de este viernes. Las mujeres denunciaron que, durante los últimos 20 años, en su clamor de justicia ellas y sus hijos han sido víctimas de persecución, hostigamiento y amenazas. También señalaron que a pesar de que fueron beneficiadas de un reporte final de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 49/97 y publicado en febrero de 1998 porque “se trató de un crimen de Estado”, hasta ahora no se ha cumplido a cabalidad la serie de recomendaciones emitidas por el organismo regional. De acuerdo con el informe, entre las recomendaciones finales de la CIDH destaca la realización de una investigación “seria imparcial y efectiva” de los hechos conforme a las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 23 de abril de 1996, por la que se encontró responsabilidad al entonces gobernador Rubén Figueroa y altos funcionarios. Asimismo, la CIDH recomendó “ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del gobierno del estado de Guerrero” identificados en la resolución de la SCJN. Entre las medidas de reparación, la CIDH instó al Estado mexicano a “otorgar una indemnización adecuada a los familiares de las personas ejecutadas, y a las víctimas sobrevivientes de los hechos de Aguas Blancas, y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los hechos”. De acuerdo con el abogado de las viudas, son 17 familias las que tendrían que ser beneficiadas y 43 sobrevivientes, “algunos de los cuales ya han muerto por el paso del tiempo y la desatención, la mayoría en la extrema pobreza”, Sánchez Sánchez llamó al gobierno federal y al de Guerrero a atender a cabalidad las recomendaciones de la CIDH a más tardar el l próximo mes y, de no ser así, acudirían nuevamente al organismo interamericano.