MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá entregar la información de las aportaciones, detalladas de manera individualizada que realiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para cubrir las cuotas del seguro social de los trabajadores jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro, de 2009 a la fecha. El IMSS, que concentra la mayoría de solicitudes de información, negó a un particular esa información sin siquiera buscarla y le indicó que en caso de contar con ella sería reservada por secreto fiscal. “Clasificó por adelantado una información cuya inexistencia debe primero probar”, criticó el INAI. Pero hay más: El IMSS también respondió que los documentos, datos e informes proporcionados por los trabajadores, patrones y otros sujetos en cumplimiento de sus obligaciones, no pueden comunicarse o darse a conocer en forma nominativa o individual. Al respecto el comisionado ponente, Joel Salas Suárez, consideró justificada la queja del solicitante toda vez que el IMSS ni siquiera confirmó si cuenta o no con la información solicitada. Por tanto, no se puede afirmar que agotó la búsqueda de la misma. Además, argumentó Salas Suárez, la posible clasificación invocada por el IMSS es improcedente porque la información solicitada no afecta sus atribuciones como órgano fiscal autónomo ya que no se trata de una actividad de recaudación: “El pago de las cuotas es una transferencia de recursos del SAE a los jubilados”, explicó. Luz y Fuerza, abundó, es una empresa extinta y por ende ha perdido su calidad de patrón que aporta cuotas de sus trabajadores. Ahora estas aportaciones llegan al IMSS a través del SAE mediante transferencias del gobierno federal a la cuenta individual del jubilado y no por pago al IMSS en su calidad de organismo fiscal autónomo. De acuerdo con cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el pago etiquetado como “Protección social” ha representado entre el 21% y el 23% del Presupuesto de Egresos. Actualmente las pensiones y jubilaciones de los extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza, Ferrocarriles Nacionales, IMSS, ISSSTE y del Instituto de Seguridad Social, ascienden a 36 mil 014 millones de pesos, y para el año 2020, el número de personas en edad de recibir pensión pasará de 10.1 a 14.4 millones, señaló el INAI. La importancia del caso, agregó el Comisionado ponente, reside en que el SAE debe comprobar que de 2009 a la fecha ha realizado el pago de pensiones, jubilaciones y servicio de salud que les corresponde por ley a los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Aún con la extinción de la paraestatal, el gobierno federal debe garantizar que los empleados que acreditaron su derecho a pensión reciban las prestaciones correspondientes. “El caso nos muestra la utilidad de la transparencia y del derecho de acceso a la información para salvaguardar otros derechos. El derecho a la pensión de los jubilados de Luz y Fuerza y otros adultos mayores estarían en riesgo debido a que las finanzas públicas podrían no soportar más su pago”, argumentó Salas al proponer la revocación de la respuesta del IMSS e instruirlo a entregar la información de las portaciones del SAE al IMSS.