México, DF (apro-cimac).- La juez Katheleen Quigley, titular del Juzgado de Menores del condado de Pima, en Arizona, Estados Unidos, alertó contra la inacción de autoridades mexicanas para apoyar a las mujeres migrantes. Quigley consideró que, si el consulado de México en Estados Unidos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se coordinaran de manera efectiva y actuaran desde un primer momento en los procesos de custodia de hijas e hijos de madres migrantes, habría más posibilidad de reunificar a las familias. También advirtió que es primordial lograr en primera instancia la reunificación familiar de la población migrante, pero siempre asegurando el interés superior de la niñez. La juez estadunidense planteó lo anterior al participar en esta ciudad en la Tercera Reunión de Vinculación sobre Protección y Atención a Migrantes, convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi). Asimismo, explicó que para su Corte –en un estado donde más de 30% de la población es de origen mexicano– es fundamental lograr la reunificación de las familias migrantes tras los casos de mujeres que son deportadas a México y luego pelean la custodia legal de sus hijas e hijos nacidos en la Unión Americana. La jurista estadunidense detalló que, entre los requisitos para que una niña o niño nacido en el país vecino viva en México con su madre o padre, está la obligación de que sus progenitores tengan vivienda propia y un empleo formal. Además, abundó Quigley, la Corte solicita pruebas de antidoping; que la o el menor de edad tengan garantizado su acceso a la escuela y clases de español; la documentación completa de su ingreso en México; reportes periódicos de trabajadoras sociales, y terapia psicológica en inglés, entre otros requisitos. “Sólo queremos asegurarnos de que el niño tenga una vivienda, alimento y cuente con todo lo necesario. Que tenga seguridad”, apuntó la jueza. La madre migrante que es deportada –acotó– tiene derecho a contactar a su familia en Estados Unidos y arreglar el cuidado de sus hijas e hijos, pero si no le es posible, entonces éstos serán llevados a los Servicios de Protección de la Niñez y, después de un tiempo serán entregados en adopción a familias estadunidenses. La jueza Katheleen Quigley agregó: “Sabemos que a veces tenemos errores, nos equivocamos, pero estamos intentando hacerlo cada vez mejor”. Por su parte, Laurie Melrood, trabajadora social de Arizona, defensora de las personas migrantes y colaboradora de la Corte en ese estado, dijo en breve entrevista al final de su intervención que la situación de pobreza de las madres y padres migrantes puede hacer la diferencia para que logren la custodia de sus hijas e hijos, especialmente en los casos en los que los juzgados de lo familiar no revisan las características específicas de cada caso. Melrood expresó que en principio las personas migrantes que son separadas de su descendencia desconocen que tienen derecho a buscar un tutor o “guardia” designado por ellas mismas, a estar en comunicación con sus hijas e hijos, a buscar apoyo en su consulado, y a participar en las audiencias ante la Corte. Luego agregó que en algunos casos los agentes de migración en EU mandan inmediatamente a las y los niños de madres y padres detenidos a los Servicios de Protección de la Niñez, donde hay más barreras por los tiempos de los procesos legales y administrativos, además de que –señaló– el personal de migración no busca a las familias, y “deja que se pierdan” para después negarles la custodia. Melrood relató que desde 2010, cuando en Arizona se aprobó la SB1070 (una medida legal que permite a la policía pedir a cualquier persona su identificación y en su caso llamar a inmigración) se incrementaron las detenciones y las deportaciones de migrantes de origen mexicano, trajo consigo miles de separaciones familiares. Algunos testimonios documentados (http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66939) revelan que las mujeres que son deportadas a México y tienen hijas e hijos en EU llegan a nuestro país sin suficientes recursos, y enfrentan dificultades para ingresar a un empleo formal y salir de la pobreza, por lo que incumplen los requisitos que les piden las autoridades de la nación del norte para recuperar a su descendencia.