MÉXICO, D.F. (apro).- El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas interpuso hoy una denuncia contra la Procuraduría General de la República (PGR), por su indolencia para actuar en el caso de la toma de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctor en Derecho y maestro emérito de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, Carrancá sostuvo que el grupo que mantiene en su poder las instalaciones de la Rectoría ha incurrido desde el pasado 19 de abril, al menos, en los delitos de daño en propiedad ajena y despojo. Los ilícitos mencionados, sostuvo, se agravan por la naturaleza del inmueble, Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuya protección está prevista en la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, entre otros que podrían resultar de una investigación ministerial. Acompañado por los también catedráticos de la Facultad de Derecho, Jesús González Schmal y Beatriz Zanolli Fabila, también investigadora de la Escuela Nacional de Música, así como del litigante Luis Gerardo del Valle Torres, Carrancá y Rivas presentó la denuncia contra el MP federal alrededor de las 14:00 horas en la Oficialía de Partes de la PGR, ubicada en el cruce de Reforma y Río Neva de esta ciudad. La denuncia se sustenta en el artículo 123 del Código Federal de Procedimiento Penales, que establece la obligación del MP de practicar diligencias de averiguación previa cuando tenga conocimiento de la probable existencia de un delito, además de dictar las medidas y providencias para: “Proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en caso de delito flagrante”. Raúl Carrancá recordó que además de la denuncia presentada por el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, los hechos constitutivos de delito en que incurren alumnos, exalumnos y presuntos estudiantes del CCH-Naucalpan, han sido expuestos ampliamente en medios de comunicación, por lo que el MPF ha incumplido sus obligaciones, prescritas en la fracción III del artículo 115 del Código Penal federal, que establece las conductas que configuran el delito de abuso de autoridad: “Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud”. Además, el jurisconsulto consideró que el MP desacata lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, donde se obliga a la autoridad ministerial a actuar de inmediato en los casos de flagrancia como, sostuvo, es el caso. “Que el Ministerio Público no actúe cuando es más necesario, en acatamiento irrestricto de la ley y cumpliendo con su cometido constitucional, resulta sumamente ominoso para la Universidad y para la República, y es una señal muy grave de que priva la impunidad frente al delito, al tiempo que incrementa el riesgo de que sufra un mayor daño el patrimonio, en este caso de la humanidad, en la medida en que no intervenga lo antes posible”, expresó. En su denuncia, Carrancá y Rivas instó a las autoridades a actuar conforme a la Constitución, luego de recordar que toda intervención debe ser sin excesos, respetando los principios del Estado de Derecho, salvaguardando los derechos humanos y procediendo a reintegrar de inmediato la Rectoría a las autoridades universitarias. Durante la huelga estudiantil de 1999-2000, el extinto constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela y Raúl Carrancá encabezaron a 10 integrantes del Claustro de la Facultad de Derecho que presentaron una denuncia contra los paristas por el delito de despojo de inmueble. Como entonces, Carrancá y Rivas subrayó hoy que no se puede confundir autonomía universitaria con impunidad y añadió que los jóvenes que mantienen tomada la Rectoría actúan de manera inaceptable, contraria al derecho, al sentido común y a la ética universitaria, pues por su naturaleza la UNAM es un espacio de diálogo y confrontación de ideas que se sostienen con inteligencia verbal, no con violencia.