MÉXICO, D.F. (apro).- Dos meses después del nombramiento de Ardelio Vargas Fosado al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), organizaciones defensoras de indocumentados exigieron su destitución, y reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto la imposición del “perfil policiaco y de criminalización” en la política migratoria del país. En un comunicado –que también firmaron los coordinadores de albergues para migrantes– los activistas se inconformaron no sólo con la designación de Vargas Fosado, sino también con el nombramiento de delegados estatales que comparten con aquél su paso por corporaciones policiacas. De acuerdo con los defensores, desde el nombramiento del exsecretario de Seguridad Pública de Puebla como comisionado del INM, “el perfil de quienes ocupan los nuevos puestos dentro de la administración se caracteriza por contar con antecedentes policiacos y de seguridad pública”. Vargas Fosado formó parte de la estructura del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 1994 a 2005, organismo del que fue delegado en Chiapas y Oaxaca. Durante los primeros cinco años del gobierno de Vicente Fox fungió como director de Investigación y Seguridad, y de 2005 a 2007 se ubicó en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP) y como comisionado de la misma institución, al lado de Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, donde participó activamente en la represión en Atenco y de maestros en Oaxaca. En 2009 ascendió a la Cámara de Diputados federal y después se integró al gabinete de Rafael Moreno Valle como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, cargo donde le fueron enviadas al menos dos recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP) por reprimir manifestaciones de campesinos y también a los periodistas que cubrían las movilizaciones. Por su parte, el coordinador de delegados del INM, Segismundo Doguin Garay, es cercano a Vargas Fosado desde que ambos laboraban en la SSP y en la PFP; después siguió a Vargas hasta Puebla, donde también se hizo acreedor a recomendaciones de la CDHP. En tanto, Segismundo Doguin Martínez, delegado federal del INM en Saltillo, Coahuila, fungió como director de la Policía Municipal de esa ciudad y también encabezó la Policía Preventiva del estado. En esos cargos tuvo cuatro recomendaciones de la Comisión de Derecho Humanos de Coahuila por detención arbitraria, mala administración de la cárcel municipal, indebido aseguramiento de bienes y entrega indebida de bienes retenidos, según el recuento de la Casa del Migrante de Saltillo. Para los activistas, el perfil de al menos estos dos integrantes del INM “debilita aún más los esfuerzos por el fortalecimiento de un instituto que garantice el respeto y la promoción de los derechos humanos de la población migrante”. Luego de considerar que es innecesario recurrir a una política policiaca en el INM, los defensores de migrantes exigieron la “destitución inmediata del comisionado y, al mismo tiempo, solicitaron la designación de funcionarios que tengan amplia solvencia moral, perfil profesional adecuado al cargo y una amplia legitimidad ante la sociedad con la cual puedan actuar para el desempeño de sus responsabilidades”. Entre las personas que exigen la salida de Vargas Fosado destacan el padre Pedro Pantoja y Alberto Xicoténcatal, de Belén Casa del Migrante de Saltillo Coahuila; el cura Heyman Vázquez Medina, del Albergue de la Misecordia en Arriaga Chiapas; el responsable del Albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec,  Oaxaca, Alejandro Solalinde; fray Tomás González, del albergue “Los 72” de Tenosique, Tabasco, y Prisciliano Peraza García, del Centro Comunitario de Atención al Migrante (CCAMI), de Altar Sonora.