MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La feminista y exdiputada federal Marcela Lagarde dijo que las diputadas del Estado de México deben impulsar la legislación existente a nivel federal y estatal sobre violencia contra las mujeres, que contempla mecanismos para combatirla, y no hacer propuestas como la “castración química a violadores”, debido a que –agregó– es “inoperante y absurda”. Entrevistada en torno de la propuesta de las legisladores mexiquenses del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Elena Lino Velázquez y Cristina Ruiz Sandoval, para modificar el Código Penal de la entidad y aplicar la “castración química” a violadores, la catedrática de la UNAM recordó que hay una norma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero carece de presupuesto y de una cabal comprensión. Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”, en el país ocurren cerca de 15 mil denuncias de violación sexual al año. Tan sólo en 2009 en el Estado de México se recibieron 2 mil 990 denuncias, de acuerdo con el documento realizado por la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados en la 61 Legislatura. De acuerdo con lagarde, Rojas de Icaza, Lino Velázquez y Ruiz Sandoval seguramente fueron asesoradas por personas que desconocen que en México desde 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se especifican las modalidades y tipos de violencia y se plantean las políticas de intervención para eliminar las causas de aquella. En esa ley se estipula que es preciso eliminar poderes que tienen los hombres para dominar social y económicamente a las mujeres, así como una política de gobierno para lograr el empoderamiento de las mujeres y caminar hacia la igualdad. En agosto de 2008 se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, y para abril de 2011 el Congreso local avaló que para los casos de violación (en caso de que se provoque la muerte de la víctima) las condenas serán de hasta de 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días de salario mínimo como multa. Ante ello, la doctora en antropología conminó a las legisladoras del Revolucionario Institucional a que “profundicen en el conocimiento de lo que se ha avanzado en la materia”, en lugar de hacer “propuestas inconexas”. Subrayó: “Que revisen la legislación actual y la impulsen para que todas las instancias de gobierno la apliquen y tenga una verdadera transversalidad de género en la gobernabilidad de cualquier entidad federativa del país”. La también directora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres señaló que en pleno siglo XXI no se debe aplicar la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, y la “castración química” se inscribe en esa mentalidad. “Es absurda. También quienes delinquen deben tener un marco legal para ser enjuiciados y contar con el respeto de sus garantías, y eso no ocurre con esta propuesta”, criticó. La exdiputada ciudadana postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 2003 a 2006 agregó que la violencia contra las mujeres es resultado de condiciones de desigualdad, y para enfrentarla es necesario eliminar aquello que la ocasiona, lo que contribuye a que se reproduzca. Añadió que eliminar la impunidad enviaría el mensaje a quienes delinquen de que se aplicará la ley, mientras que la “castración química” no sirve para nada, toda vez que no permite se transforme la mentalidad de los violadores, quienes aun con esa castración pueden violar a las mujeres en distintas formas: utilizando objetos u otras partes del cuerpo que no son los genitales. Esa propuesta –explicó Lagarde– corresponde a un enfoque “biologicista” sobre la sexualidad, que no tiene perspectiva de género, ya que desde esta visión concluimos que la violación no es un hecho determinado biológicamente, sino que es producto de una construcción de la sexualidad, y que como lo han demostrado la ONU y las Conferencias Mundiales de la Mujer, la violencia de género es resultado de la desigualdad. El planteamiento de las legisladoras priistas surgió luego de la agresión por parte de un grupo armado a campistas en el parque El Colibrí, municipio de Chalco, y por el caso de Jessica Lucero, de 14 años, quien en menos de un mes sufrió dos violaciones y luego fue asesinada en el municipio de Ecatepec. Actualmente el delito es castigado en la entidad mexiquense con una pena que va de entre los cinco y los 15 años de prisión. La iniciativa de reforma del artículo 274 del Código Penal estatal busca duplicar la pena y llevarla de 10 a 30 años de prisión, aunque el acusado podrá solicitar la primera pena (de cinco a 15 años) y someterse a “castración química” por el tiempo restante de la condena. La “castración química” consiste en inyectar un fármaco elaborado a base de hormonas sintéticas que disminuyen el deseo sexual y evitan la erección y la eyaculación.