XALAPA, Ver. (apro).- La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz, impidió que se votara un anteproyecto de punto de acuerdo con el que se iniciaría el proceso legislativo contra el alcalde panista de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, detenido el pasado 17 de abril por presuntos nexos contra el narcotráfico. La propuesta, presentada por el legislador priista Flavino Ríos Alvarado, fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen. En la tribuna, el grupo legislativo del PAN, en voz de los diputados Martha Lilia Chávez González y Francisco Lara Arano, recriminó al PRI que no actúe con la misma celeridad cuando se involucra a priistas en actos delictivos. Aunque la legisladora Chávez González aseguró que su partido no protegerá a ningún militante que haya cometido algún delito, se opuso a que se iniciará el proceso contra el alcalde capturado porque “el señor está arraigado, no está indiciado” En ese sentido, sugirió “no adelantar juicio” y esperar hasta que la autoridad ministerial del caso emita el fallo correspondiente. “No se trata de encubrir a nadie, sino de respetar el proceso legislativo”, aclaró. “Hay que evitar actos campañeros y no apresurar el paso, porque el señor está arraigado, no indiciado”, insistió la legisladora panista, quien agregó que lo importante, en este caso, “es cuidar el trabajo legislativo y preservar lo que compete al Congreso, que es preservar la ley”. En su oportunidad, el legislador Francisco Lara Arano, también del PAN, aclaró que su grupo legislativo no encubre a nadie, “pues quien viola la ley debe ser castigado”. Sin embargo, apeló también a que se respete el proceso legislativo. Antes de iniciar la revocación de mandato, subrayó Lara Arano, “se debe cumplir con el reglamento en el sentido de llamar al suplente en la alcaldía”. “El PAN no va a proteger ni a esconder a ningún panista que cometa algún ilícito”, aseguró, pero en tanto continúa el juicio y la autoridad ministerial emita un fallo, el Congreso local puede aprobar la suspensión temporal del edil, “pues se tiene que respetar y cuidar lo que las leyes establecen en este tipo de asuntos, y no por apresurar el paso vamos a caer en traspiés”. Aunque, subrayó, “el juez por su casa empieza, ya que existen muchos delincuentes impunes, pero cuando alguna autoridad comete un delito, si no es del PRI, de inmediato salen a decir que el pueblo está harto de la impunidad, cuando hay muchos ejemplos en los que este Congreso, con mayoría priista, no actúa de manera pronta y expedita”. Antes, el legislador priista Flavino Ríos Alvarado afirmó que la presunta vinculación del Martín Padua Zúñiga con grupos de la delincuencia organizada es un acto “reprobable”. Padua Zúñiga fue detenido por elementos del Ejército en una casa de seguridad de Minatitlán, luego de un enfrentamiento entre presuntos sicarios de Los Zetas y militares. Aunque el juez federal del caso no ha emitido aún sentencia contra el alcalde veracruzano, ya que sigue sujeto a investigación, Ríos Alvarado subrayó que el edil, como servidor público y como máxima autoridad de un ayuntamiento, “tenía la obligación de velar por la seguridad pública de sus gobernados y no lo hizo, al contrario, él llevó a esa delincuencia a su comunidad”. En el documento que fue turnado a comisiones para su análisis y dictamen, el priista refirió que la autoridad judicial federal concedió a la PGR orden de arraigo contra Padua Zúñiga, “lo cual implica que sigue sujeto a investigación por su participación en los ilícitos que se le imputan, directamente relacionados con el crimen organizado”. “Quienes integramos este grupo legislativo no consentiremos la comisión de actos ilícitos por parte de cualquier presidente municipal, ya sea del PRI, del PAN o de cualquier otro partido”, remarcó durante la sesión. En el anteproyecto de punto de acuerdo que fue turnado a las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales y a la de Gobernación, y a partir del dictamen que emita deberá ser  turnado a la comisión instructora, el priista insistió en que la actuación del alcalde afecta la legalidad, “la honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia” que deben preservar todos los servidores públicos. Ante ello, el diputado local del PRI exclamó que los veracruzanos ya están “hartos de la delincuencia” y de que servidores públicos, como el alcalde Padua, estén implicados con el crimen organizado.