XALAPA, Ver. (apro).- El secretario general del PAN en la entidad, Marco Antonio Núñez, fue citado este mediodía a declarar ante el Ministerio Público, con el fin de detallara sus declaraciones a medios de comunicación, donde denunció que algunos alcaldes eran extorsionados por la delincuencia organizada. La directora de investigaciones ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Consuelo Lagunes, explicó que desde el viernes 20 giró el citatorio para que el dirigente panista “aportara” los datos necesarios en torno a los alcaldes a los que la delincuencia organizada les ha exigido pagos hasta por 30 mil pesos. En rueda de prensa, la funcionaria de la PGJE señaló que se trata de “un delito que se persigue de oficio” y, ante los dichos de Núñez López, se abrió la averiguación previa 040E/2012, con el fin de “investigar el caso”. El pasado 19 de este mes, en conferencia de prensa donde se abordó el caso del alcalde de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, detenido días antes por elementos del Ejército por sus presuntos vínculos con Los Zetas, el dirigente panista se refirió a la extorsión que han enfrentado algunos ediles. En esa fecha, Núñez López refirió que, en muchas ocasiones, “los alcaldes de municipios pequeños son presionados por grupos de la delincuencia organizada para hacer pagos de 20, 30 o 50 mil pesos al mes, a cambio de seguir con vida ellos o sus familiares y, ante el chantaje, algunos caen”. Hoy, la funcionaria comentó que la PGJE había convocado al secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, “ya que la autoridad no cuenta con denuncia sobre los hechos señalados por el dirigente panista, quien incluso declaró que hay quienes han fallecido por no pagar esas cuotas”. Por ello, abundó, la PGJE decidió “abrir una indagatoria y citarlo a comparecer para que aporte información que permita atender y resolver la circunstancia que dice conocer, ya que la agenda de seguridad y procuración de justicia es una prioridad en Veracruz”. No obstante, el directivo panista no se presentó ante el llamado de la autoridad y, en rueda de prensa, sostuvo su dicho, “ya que así lo han declarado públicamente las propias autoridades”. Ejemplificó con el caso del exsecretario de Seguridad Pública estatal, Sergio López Esquer, y con quien lo suplió en el cargo, Arturo Bermúdez Zurita, cuando era director del C4. Esta situación, subrayó, “no es nueva”, ya que los propios ediles lo han denunciado públicamente y lo han reconocido las propias autoridades del gobierno veracruzano y, en este sentido, acotó, “no sé si a ellos también la Procuraduría de Justicia los ha llamado a declarar como lo hace ahora conmigo. “Hay declaraciones hechas por los alcaldes desde el sexenio pasado, hay declaraciones del anterior secretario de Seguridad Pública y del actual, reportajes y notas difundidas en los medios, de las cuales no abundaré más hasta presentar mi declaración sobre los hechos, pero sólo repetí lo que es vox populli”, subrayó. Sin descartar que exista un “trasfondo político” y se esté vulnerando su “libertad de expresión”, Núñez acusó a la PGJE de haber violentado la ley al hacer público un hecho que por ley se debe mantener en secrecía; sin embargo, “difunde este asunto en una conferencia de prensa y hasta da el número de la averiguación previa”. Luego, responsabilizó a las autoridades estatales de la seguridad de su persona y la de su familia, “ya que el gobierno de Javier Duarte tiene la obligación de resguardar la seguridad de todos los veracruzanos, tal y como lo establece el artículo 49 de la Constitución local”.