México, D F, 28 de junio (apro)- A 12 años de la matanza de Aguas Blancas, organismos defensores de derechos humanos, el Comando Popular Revolucionario la Patria es Primero (CPR-LPEP) y Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR?EP), coinciden en que persiste la impunidad "El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, la Policía Judicial y la motorizada pusieron una celada a los militantes de la (OCSS) que se encaminaban a un mitin Cuarenta campesinos fueron alcanzados por las balas y 15 murieron en el lugar Figueroa (Rubén, entonces gobernador de Guerrero) dice que la fuerza pública actuó en defensa propia", señalaron La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh, sostuvo que, si bien el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer ha sido sentenciado por la historia como un gobierno represor, en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, el de Vicente Fox pasó a la historia como el gobierno de la impunidad, misma que prevalece en el de Felipe Calderón En tanto, el CPR-LPEP y TDR?EP afirmaron que, a 12 años de la masacre, los hijos, madres, esposas y familiares continúan exigiendo justicia, luchando porque la verdad jurídica e histórica prevalezca y porque se derribe el muro de la impunidad que protege a los asesinos La Limeddh precisó que, desde la masacre de Aguas Blancas, donde el 28 de junio de 1995 fueron asesinados 17 campesinos y heridos otros 23, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, hasta la fecha, "se pueden contabilizar más de 270 ejecuciones extrajudiciales y asesinatos políticos; más de un centenar de casos de personas torturadas; cientos de detenciones arbitrarias y cateos ilegales; cientos de operativos policiaco-militares que se ejecutaron con tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la población; decenas de presos políticos; cientos de perseguidos políticos y amenazados decenas de ellos de muerte; cuatro detenidos y desaparecidos permanentes, entre los que figuran Gilberto Romero Vázquez, Gregorio Alfonso Alvarado López, Benito Bahena Maldonado, Fredy Nava Ríos y algunos exiliados políticos, sólo en el estado de Guerrero en torno a la Organización Campesina de la Sierra del Sur" Tanto para CPR-LPEP, como para el TDR?EP, esta situación no es nueva Desde hace más de 30 años, afirmaron, el pueblo exige castigo a los responsables materiales e intelectuales de la guerra sucia, que "fue instrumentada desde el poder federal y aplicada por el Ejército mexicano y demás cuerpos policíacos, y que produjo, sólo en Guerrero, más de 600 detenidos-desaparecidos", entre copreros, campesinos, pescadores, estudiantes, indígenas, etc, "siendo arrasadas y exterminadas comunidades enteras en la Sierra del Sur, con el argumento de que apoyaban al movimiento revolucionario armado que dirigían Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vásquez, mediante el Partido de los Pobres y su Brigada Campesina de Ajusticiamiento, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, respectivamente" Se trató, señalaron, de "una estrategia contrainsurgente que pretendió acallar las voces rebeldes de estos pueblos del sur, que fragmentó el tejido social, pero que finalmente fracasó porque, a pesar y por encima de todo, estos pueblos rebeldes sobrevivieron, asimilaron la experiencia y esperaron el momento para continuar su lucha" La Limddh subrayó que, antes como ahora, en Guerrero "se vive en un ambiente de permanente militarización, de confrontación entre los grupos políticos, el narcotráfico y el poder económico Se destaca la actuación de los grupos paramilitares y parapoliciacos, que dañan el tejido social afectando los núcleos familiares En estas circunstancias se produjo el asesinato del luchador social Miguel Ángel Mesino Mesino" Añadió: "No podemos perder de vista que, el este sexenio de Calderón, se sigue usando una estrecha coordinación de las fuerzas de seguridad pública y policías y militares que actúan de manera conjunta, con una intensa cooperación táctica y operativa y con un plan estratégico determinado, en el que la gran carga de la ejecución se da a las policías estatales y municipales, a pesar de que los gobiernos de Fox y Calderón han manejado el discurso del respeto a la soberanía de los estados Con eso, se permite que en Guerrero y otros estados, sigan ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, evidenciándose que el gobierno federal se sustrajo a sus compromisos nacionales e internacionales de proteger estos derechos"