* La ASF se excedió en sus funciones, afirma * Se impuso la opacidad, critica Góngora Pimentel México, D F, 23 de junio (apro)- Por tercera ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón al presidente Vicente Fox en relación con el Fobaproa Por ocho votos contra tres, los magistrados del máximo tribunal resolvieron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) excedió sus funciones al pedirle al Ejecutivo que sanee la cartera de créditos ilegales que se incluyeron en el rescate bancario Con este fallo, la SCJN le dio en definitiva la razón a Fox en la controversia constitucional que interpuso contra la Cámara de Diputados por la petición hecha por su órgano de fiscalización, la ASF, al revisar la cuenta pública de 2001 La autora del proyecto que favoreció a Fox, la ministra Margarita Luna Ramos, dijo que a pesar del fallo y mediante "procedimientos especiales" la ASF aún podrá revisar el cumplimiento del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, pues parte de los pagarés impugnados por la Auditoría vencen en este año A pesar de la amplia mayoría que favoreció al Ejecutivo, el ministro Genaro Góngora Pimentel, criticó que en el máximo tribunal se haya extendido la costumbre de no controlar los recursos de la administración pública "La opacidad se niega a ceder terreno a la transparencia y al pleno control de las cuentas", estableció Góngora en un texto que leyó al final del debate Además, pidió al Congreso darle más facultades constitucionales a la ASF para fortalecer su tarea de fiscalización La mayoría de los ministros determinó que la Auditoría fue más allá de sus facultades constitucionales al pedirle a diferentes dependencias del Ejecutivo que dejaran de pagar cuatro mil 6177 millones de pesos que tres bancos pasaron de manera irregular al Fobaproa Mediante 32 oficios emitidos entre agosto y septiembre de 2003, la ASF le pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Bancario para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ?el sucesor del Fobaproa? que anularan los pagarés irregulares incluidos por Bancomer (BBVA-Bancomer), Bital (HSBC) y Banorte en rescate bancario La ASF había pedido también la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que supervisara la anulación de esos pagos En sesiones previas, la Suprema Corte ya había determinado que esos oficios tenían el carácter de órdenes, lo que equivaldría que el Poder Legislativo tuviera imperio sobre el Ejecutivo Con esos oficios, según el fallo del jueves, la Auditoría invadió las funciones del Ejecutivo federal Ambas determinaciones, con las que se declaró la invalidez, llevaron al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano a asegurar que las auditorías del órgano de fiscalización "fueron ilegales" y "viciadas de origen" El presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, quien votó en favor de Fox, dijo que la ASF "debe estar sometida al orden constitucional", pero nada comentó sobre la irregularidad de los créditos reportados por el organismo La autora del proyecto, Luna Ramos, explicó en conferencia de prensa que los créditos reportados como irregulares por la Auditoría corresponden al Programa de Capitalización y Compra de Cartera vigente entre 1995 y 1998, por lo que no podían ser revisables en la cuenta de 2001 "El programa es difícil que lo revisen Lo que sí pueden revisar es el cumplimiento de ese programa, que se haya hecho tal como lo pactaron", señaló Explicó que en el 2005 se vence el pagaré de los créditos impugnados "y en un momento dado van a tener ejecución, por supuesto que (la ASF) tiene facultades para volver a revisar" Cuestionada si con el fallo se deberán pagar los créditos, a pesar de sus irregularidades, la ministra se limitó a decir que la Corte invalidó los oficios, pero no consideró la validez o no de los créditos Aseguró que la ASF puede revisar los créditos impugnados recurriendo a "procedimientos especiales", a partir de las facultades excepcionales de su propia ley Luna Ramos negó que con el fallo la Corte impida a la ASF ejercer sus facultades de fiscalización para la revisión de cuentas públicas de años subsecuentes Góngora Pimentel, quien en las cuatro sesiones dedicadas por el pleno para resolver el caso se opuso en todo momento a apoyar a la Presidencia, dijo que los poderes y los niveles de gobierno se sienten agredidos con la actuación de la Auditoría porque no se entiende su función de llevar un control efectivo de la actividad financiera de los poderes A ello contribuye una "legislación oscura" que poco ayuda a la ASF, por lo que pidió al Congreso reforzar al ente fiscalizador para que se convierta en "uno de los puntos estructurales de la transición democrática" y no en "otra expectativa frustrada de la ciudadanía"