OAXACA, Oax. (apro).– Andrés Manuel López Obrador le tiene temor al uso de las fuerza pública y, en el caso del movimiento magisterial, ya dijo que no recurrirá a esa facultad dejando al Congreso a merced de los maestros que, al igual que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se están convirtiendo en su némesis o tragedia. Los profesores de Chiapas, Guerrero y Ciudad de México, encabezados por los de Oaxaca, tienen al gobierno de López Obrador en una situación incómoda y en desventaja porque, mediante sus tradicionales formas de actuar, lo tienen de espaldas a la pared al negarse a usar la fuerza pública en contra de los maestros que intentan recuperar el control del aparato educativo, llámese plazas y presupuesto, como lo tuvieron antes de la reforma educativa del 2013. Las marchas y plantones son los principales instrumentos de presión que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han utilizado desde que nació hace más de tres décadas, precisamente en Oaxaca y Chiapas. A través de esas formas de presión, los maestros disidentes del sindicato magisterial han conseguido sus objetivos, muchos de ellos políticos y económicos, en sus estados y la capital del país. Han desarrollado de manera efectiva todas y cada una de estas acciones de distintas maneras como la toma de carreteras, edificios de gobierno, bloqueos de vías de tren, plantones y huelgas. Son estrategias legítimas, pero que muchas veces rebasan los linderos de la ley afectando a los alumnos, padres de familia y a los ciudadanos. Todas estas acciones las implementaron durante el gobierno de Peña Nieto en respuesta a su reforma educativa quien, por su parte, a través de una campaña millonaria en medios afines, estigmatizaron la figura del maestro, principalmente con la detención de Elba Esther Gordillo en febrero del 2013 bajo los cargos de presuntos delitos de lavado de dinero, crimen organizado y defraudación fiscal. Hoy la maestra Gordillo está libre de cargos, con la intención de recuperar el poder que ha tenido desde 1989, cuando asumió el liderazgo magisterial, mientras que los maestros de la CNTE también han retornado a las calles usando sus formas de presión exigiendo a López Obrador que cumpla su palabra de abrogar la reforma educativa de Peña Nieto. El presidente López Obrador ya ordenó que no se use la fuerza pública, pero anunció que no cederá a las presiones del magisterio disidente. Está en un punto muerto en el ejercicio de gobierno ante la imposibilidad de negociar con los maestros y la incapacidad de su equipo de resolver el tema educativo desde el periodo de transición, que fueron cinco meses desde que ganó la elección hasta que asumió el poder. Sumido en un vertiginoso arranque de administración, al presidente López Obrador no le alcanzan las estrategias políticas de negociación para llevar a cabo lo más tersamente posible cada una de sus decisiones. En el caso de la reforma educativa, cada día que pasa sin alcanzar acuerdos con los maestros es un día más de conflicto que desanima a la ciudadanía que pensaba que ya no tendría en su vida cotidiana el malestar de la suspensión de clases, protestas y manifestaciones en las calles, y tomas de edificios de gobierno o legislativos. Aunque en estados como Oaxaca los maestros ya no tienen la misma fuerza numérica que antaño, sus mecanismos de presión siguen funcionando y para el gobierno de López Obrador será un dolor de cabeza que lo podría llevar a un conflicto mayor si no se alcanzan acuerdos pronto. Por cierto... al conflicto magisterial se le suma en la agenda de gobierno conflictos sociales que antes no existían y que han surgido por decisiones de López Obrador, como el de Morelos, donde la instalación y funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca, que en campaña se comprometió a clausurar, ya le ocasionó que cambiara el evento del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, que se realizaría en Cuautla donde están sus restos, y ahora se efectuará en Cuernavaca.