MADRID (AP).- Este día, los obispos católicos españoles y el gobierno español dieron un paso más hacia la indemnización de las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero que han fallecido o cuyos posibles delitos son demasiado antiguos para ser procesados.

En enero, los obispos católicos españoles acordaron que el defensor del pueblo del país tuviera la última palabra en la indemnización que la Iglesia otorga a las víctimas. El gobierno y los obispos españoles firmaron la documentación que detalla el funcionamiento del nuevo sistema de reparación Iglesia-Estado, que entrará en vigor el 15 de abril.

El acuerdo, que prevé un plazo de un año para la presentación de reclamaciones, supone una inusual concesión por parte de la jerarquía católica. Su objetivo es resolver los desacuerdos entre el gobierno de izquierda y las autoridades eclesiásticas sobre las reparaciones, después de que las víctimas criticaran la propuesta inicial de compensación interna de la Iglesia.

El arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, afirmó que el texto no incluirá cifras concretas sobre las indemnizaciones que podrían recibir las víctimas de abusos sexuales.

“Queríamos excluir las referencias a escalas y cantidades; no se trata de eso”, dijo Argüello. “Hemos planeado que los equipos comiencen a trabajar en cómo hacerlo, pero el texto no establece un rango ni una cantidad específica”.

Si bien las autoridades eclesiásticas de muchos países de Europa Occidental han creado planes de compensación para las víctimas de abusos, ya sea gestionados por la propia iglesia o por expertos independientes, el proceso español es inusual debido a la participación del Estado en el mismo.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, declaró el lunes que el sistema evaluará las reparaciones caso por caso, basándose en factores como la gravedad, la edad de la víctima y la reincidencia del abuso.

“Se han establecido criterios para llegar a una compensación justa, que no debería estar determinada por una sola cifra”, dijo Bolaños.

En los últimos años, España, otrora fervientemente católica, ha comenzado a afrontar un legado de décadas de abusos por parte de sacerdotes y encubrimiento por parte de generaciones de obispos y superiores religiosos, principalmente gracias a las primeras informaciones publicadas por el periódico El País.

El Parlamento español encargó al defensor del pueblo que investigara el caso y, en 2023, éste presentó un demoledor informe de 800 páginas que investigaba 487 casos conocidos de abuso sexual e incluía una encuesta que calculaba que el número de posibles víctimas podría ascender a cientos de miles.

Los obispos españoles rechazaron esa estimación, afirmando que su propia investigación había descubierto 728 abusadores sexuales dentro de la Iglesia desde 1945. Indicaron que la mayoría de los crímenes ocurrieron antes de 1990 y que el 60% de los agresores ya habían fallecido.

En virtud del nuevo acuerdo, las víctimas pueden presentar su petición inicial ante el Ministerio de Justicia español. El ministerio la remitirá al defensor del pueblo, quien la estudiará y propondrá un paquete de compensación que posteriormente evaluará el comité de la Iglesia.

Si no se llega a un acuerdo entre la iglesia y la víctima, el caso pasará a un comité conjunto con representantes de la iglesia, la oficina del defensor del pueblo y asociaciones de víctimas. Si dicho comité no logra un acuerdo, se mantendrá la decisión del defensor del pueblo, declaró Bolaños en enero.

Bolaños calificó el acuerdo como un hito mundial en el que "el Estado tiene la última palabra y la Iglesia paga las reparaciones que le corresponden a cada víctima".