BOGOTÁ (Proceso).– El abogado izquierdista José María Balcázar se convirtió el miércoles último en el octavo presidente de Perú en los últimos 10 años, todo un récord de inestabilidad política para un país que no está en guerra y que, al menos en el papel, goza de un sistema democrático, con elecciones libres y separación de poderes.

De hecho, los poderes tienen tal grado de autonomía, que se controlan unos a otros: los jueces y la Fiscalía pueden procesar penalmente al presidente y a los congresistas; el Congreso puede investigar e inhabilitar a jueces y fiscales, y el presidente tiene facultades para disolver el Parlamento en situaciones extremas. 

Pero ese equilibrio plasmado en la Constitución ya no funciona en la práctica. Lo que hoy prevalece en Perú es un desequilibrio de poderes en el que el Congreso –donde desde hace una década ni el presidente ni ningún partido tienen mayoría parlamentaria– se ha convertido en el epicentro del poder político. 

Basta con que dos o tres facciones legislativas se pongan de acuerdo y acusen al gobernante de turno de “incapacidad moral” para echarlo a la calle. Y en la figura de “incapacidad moral” cabe todo: desde un insulto, hasta un acto de corrupción.

En cambio, el presidente está maniatado. Sin un bloque legislativo que al menos impida la conformación de mayorías calificadas para destituirlo, le queda el recurso de disolver el Congreso, pero sólo puede hacer esto si previamente el Legislativo ha aprobado dos mociones de censura contra todo el gabinete de gobierno (el Consejo de ministros). Y estos actos suicidas no suelen ocurrir en la política.

Es decir, la facultad presidencial de disolver el Parlamento es inviable en la práctica, mientras que el poder del Congreso para destituir presidentes por “incapacidad moral” o mediante un juicio político se mantiene incólume, con lo que eso significa en términos de inestabilidad política para Perú.

“Es un sistema perverso que los congresistas no están interesados en cambiar porque son los beneficiarios de él”, dice a Proceso el politólogo peruano Carlos Meléndez. 

El camino más viable para una reforma política orientada a dar estabilidad institucional al país es el Congreso, explica el doctor en ciencias políticas de la Universidad de Notre Dame, “pero los legisladores nunca van a votar por disminuir sus poderes”.

Es más, una eventual reforma que permita un mayor equilibrio de poderes ni siquiera figura en el debate político, pese a que Perú celebrará elecciones generales el próximo 12 de abril. Y esto es porque es lo que menos le interesa al grueso de la clase política peruana.

En Perú no hay partidos dominantes, pero en cambio existe un sistema atomizado, clientelar y profundamente corrupto, según indican las investigaciones, procesos penales y hasta sentencias de prisión contra los principales líderes políticos del país.

“Tenemos élites políticas muy inmediatistas y débiles, pero que han consolidado su poder en el Congreso, donde han encontrado mecanismos para arrinconar al Ejecutivo”, dice el abogado y doctor en ciencias políticas, Eduardo Dargent.

Una década de presidentes exprés

Hasta 2016 los presidentes peruanos concluían sus mandatos de cinco años sin que el Congreso los sometiera a juicios políticos o de vacancia del cargo. Así lo hicieron, entre 2001 y 2016, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, quienes contaron con coaliciones legislativas que les dieron gobernabilidad.

A partir de 2016 todo cambió. Ese año llegó a la presidencia el economista Pedro Pablo Kuczynski, quien carecía de una estructura partidista como la de su principal contrincante en esa elección, la populista de extrema derecha Keiko Fujimori, quien perdió los comicios presidenciales, pero su partido, Fuerza Popular, obtuvo 56% de la curules en el Congreso.

El 21 de marzo de 2018, luego de un año y ocho meses de gobierno, Kuczynski renunció al cargo luego de que el Congreso lo había sometido a dos procesos de destitución. Su sucesor en el cargo, Martín Vizcarra, también fue cesado por el Parlamento, al igual que siguiente mandatario, Manuel Merino, a quien reemplazó Francisco Sagasti.

En las elecciones de 2021 fue electo como presidente el izquierdista Pedro Castillo, pero su partido, Perú Libre, sólo obtuvo 37 escaños en el Congreso, apenas 18%; luego de un año y cinco meses en el cargo, la derecha del Legislativo logró los votos necesarios para destituirlo, lo que también hizo con su sucesora, Dina Boluarte, y el sucesor de ésta, José Jerí.

Cada uno de los ocho presidentes que ha tenido Perú en la última década ha gobernado al país 14 meses y medio en promedio. Eso es como si la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hubiera concluido su gobierno en enero último.

De acuerdo con los analistas consultados, la partidocracia peruana está conformada por cinco organizaciones políticas formales: Fuerza Popular, de la ultraderechista Keiko Fujimori; Renovación Popular, del opusdeísta Rafael López Aliaga; Alianza para el Progreso, del conservador César Acuña; Podemos Perú, del derechista José Luna Gálvez, y Perú Libre, del izquierdista Vladimir Cerón.

Los líderes de cuatro de esos partidos son candidatos presidenciales –Fujimori, López Aliaga, Acuña y Luna Gálvez–, y todos ellos aparecen en los primeros lugares en las encuestas, pero con preferencias muy atomizadas, que van de 5% a 13 por ciento

Parte del problema político de Perú es, precisamente, la fragmentación política. En el actual Congreso, por ejemplo, las 130 curules se reparten entre 12 partidos y un puñado de independientes, y ninguno de ellos alcanza ni mayoría simple ni los votos necesarios para obstaculizar iniciativas. 

Fuerza Popular, de Fujimori, la facción parlamentaria más numerosa, tiene apenas 20 escaños, 15% del total, mientras que Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre se reparten 40 más. 

Y en esa atomización surgen alianzas impensables, como la que permitió que el izquierdista José María Balcázar fuera electo el miércoles último presidente interino. Lo logró por las luchas intestinas entre los partidos de la extrema derecha y porque, según denuncias de varios legisladores, el nuevo mandatario obtuvo muchos votos a cambio de prometer cargos en el gobierno.

La política como negocio

El doctor en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerjes Loayza, dice que en Perú los partidos carecen de ideología y operan en función de sus intereses económicos y clientelares.

Aquí los partidos son ámbitos tecnocráticos que dicen resolver problemas, pero sin una visión ideológica ni de país –afirma–, entonces Perú está en una suerte de piloto automático en el que el Banco Central de Reserva, que es autónomo y ejerce su autonomía genera estabilidad monetaria. Esto es lo que ha pasado en los últimos 10 años.

Y es que, mientras la política peruana se caracteriza por sus pronunciados vaivenes, la economía del país sudamericana es una de las más estables de América Latina gracias al auge de la minería. En la última década, la tasa de crecimiento anual ha sido de 2.4%, casi el doble que el promedio regional.

El economista Roberto Chang cree que con estabilidad política ese crecimiento hubiera sido mayor, y considera que, sin reformas institucionales, va a tender a caer.

El sociólogo Jerjes Loayza señala que detrás de la inestabilidad institucional hay una suerte de “triunfo de la antipolítica”, que ha sido un concepto fundacional de los partidos dominantes, que son esencialmente caudillistas y giran en torno de su líder, no a un proyecto de país.

La partidocracia parlamentaria no está interesada en una reforma de equilibrio de poderes, pero sí modificó la Constitución en 2024 para volver al sistema legislativo bicameral, con una Cámara de Diputados de 130 miembros y un Senado con 60 curules, lo que para analistas políticos es una manera de ampliar las cuotas burocráticas de los partidos.

La bicameralidad parlamentaria será inaugurada en los comicios de este 12 de abril, cuando muchos de los actuales congresistas que no se pueden reelegir se convertirán en senadores. Ellos, y no los diputados, tendrán la facultad de remover presidentes.

El abogado y doctor en ciencia política y gobierno de la Universidad Católica de Perú, Oscar Vidarte Arévalo, denuncia que la política se ha convertido en un negocio.

Dice que ahora mismo hay más de 30 partidos postulando a candidatos a la presidencia, pero a la mayoría de ellos no les interesa ganar la elección sino utilizar los fondos que les proporciona el Estado para hacer campaña para posicionarse en sus regiones. 

Estamos en un momento de caos que ha sido favorecido por este pacto mafioso de los partidos, que atienden a lobbies de dineros informales e intereses bastante oscuros e ilegales –asegura–. Y como prefieren un sistema político que se adapte a sus exigencias, sólo quieren hacer reformas que consoliden ese sistema.

Señala que la reforma legislativa para crear un sistema bicameral está diseñada para que el Senado tenga un papel súper poderoso, “hasta el punto de que en Perú se discute que la elección más importante no es la del presidente, sino la de Senado”.

Vidarte Arévalo dice que, “teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos 10 años, el Senado (que será electo en abril próximo) puede tener mucho más poder que el mismo presidente de la República”.

Ante este panorama, a nadie extrañaría que el próximo mandatario peruano sea destituido, ya no por un Congreso unicameral, sino por el futuro Senado.