WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios informaron el lunes por la noche a los líderes del Congreso sobre la sorprendente operación militar de Estados Unidos en Venezuela, en medio de la creciente preocupación de que el presidente, Donald Trump, esté embarcándose en una nueva era de expansionismo sin consultar a los legisladores ni tener una visión clara para dirigir el país sudamericano.

Los líderes republicanos entraron a la sesión a puerta cerrada en el Capitolio apoyando en gran medida la decisión de Trump de quitar del poder por la fuerza al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero muchos demócratas salieron con más preguntas, ya que Trump mantiene una flota de buques frente a la costa venezolana e insta a las empresas estadunidenses a reinvertir en la industria petrolera del país, que opera muy por debajo de sus posibilidades.

Esta semana se someterá a votación en el Senado una resolución sobre poderes de guerra que prohibiría la acción militar de Estados Unidos en Venezuela sin la aprobación del Congreso.

"No prevemos que haya soldados en el terreno", declaró posteriormente el republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

Dijo que no se puede permitir que el nuevo liderazgo de Venezuela se involucre en el narcoterrorismo ni el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que azuzó la campaña inicial de Trump de ataques mortales a embarcaciones, los cuales han dejado más de 115 muertos.

"Esto no es un cambio de régimen. Esto es una exigencia para un cambio de comportamiento", expresó Johnson. "No prevemos una participación directa de ninguna otra manera más allá de simplemente coaccionar al nuevo, al gobierno interino, para que eso comience".

"Tenemos una forma de persuasión, porque como saben, sus exportaciones de petróleo han sido incautadas, y creo que eso llevará al país a un nuevo gobierno en muy poco tiempo", agregó.

Pero la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo al término de la reunión que "Todavía hay muchas preguntas más que necesitan respuesta".

"¿Cuál es el costo? ¿Cuánto le va a costar esto a Estados Unidos de América?", preguntó posteriormente el representante Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Los legisladores ignoraban la operación

La sesión informativa, que se extendió dos horas, se llevó a cabo días después de la sorpresiva acción militar que pocos, si es que alguno, de los líderes del Congreso conocían hasta después de que se pusiera en marcha, lo que supone un notable retraso a la hora de informar a los legisladores, que tienen la última palabra en asuntos de guerra.

Los funcionarios del gobierno respondieron a una serie de preguntas, desde la participación adicional de fuerzas estadounidenses en el terreno hasta el papel del liderazgo de la oposición venezolana, que parecía haber sido dejada al margen por la Casa Blanca ya que la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez —aliada de Maduro— asumió rápidamente como presidenta encargada.

El secretario de Defensa Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, general de la fuerza aérea Dan Caine, y la secretaria de Justicia Pam Bondi —quien presentó cargos de tráfico de drogas contra Maduro— acudieron a la sesión confidencial. Estaba destinada a los llamados líderes del "grupo de los ocho", que incluye a los responsables de la comisión de inteligencia, así como a los presidentes y legisladores de mayor rango en los comités de seguridad nacional.

Preguntado posteriormente por si tenía una visión más clara de quién está realmente al mando en Venezuela, el senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia, respondió: "Desearía poder decirte que sí, pero no puedo".

Los líderes del Comité Judicial del Senado —el presidente, que es el senador republicano por Iowa Chuck Grassley, y el demócrata de mayor rango, Richard Durbin, de Illinois— dijeron que deberían haber sido incluidos en la sesión informativa, alegando que supervisan el Departamento de Justicia comandado por Bondi.

Antes en el día, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió que la acción de Trump en Venezuela es solo el comienzo de un enfoque peligroso en política exterior, ya que el presidente manifestó públicamente su interés en Colombia, Cuba y Groenlandia.

"El pueblo estadounidense no ha dado su consentimiento para otra ronda de guerras interminables", manifestó Schumer .

Más tarde, Schumer dijo que la sesión informativa, "aunque extensa y larga, planteó muchas más preguntas de las que respondió".

Los republicanos tienen opiniones encontradas que reflejan la creciente división en el movimiento "Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo" (MAGA, por sus siglas en inglés) de Trump, ya que el presidente, que prometió poner al país como prioridad, se aventura en enredos en el extranjero que muchos legisladores de ambos partidos quieren evitar, especialmente después de las largas guerras en Irak y Afganistán.

No está claro qué vendrá después

Los próximos pasos en el país, y los llamados a elecciones en Venezuela, son inciertos.

El gobierno de Trump había estado en conversaciones con Rodríguez, quien tomó el lugar de su aliado Maduro y se ofreció "colaborar" con la Casa Blanca. Por otra parte, Trump ha mostrado su desdén hacia la líder opositora María Corina Machado, quien el mes pasado ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha para lograr una transición democrática en su país. Trump ha dicho que Machado carece del "apoyo" o "respeto" para dirigir Venezuela.

Pero Rick Scott, senador republicano de Florida y firme aliado de Trump, dijo que planea hablar pronto con Machado, a quien calificó de "muy popular si se tiene en cuenta lo que sucedió en las últimas elecciones".

"Eventualmente, creo que será la presidenta de Venezuela", apuntó. "Va a haber un proceso para llegar a una democracia. No es fácil. Todavía hay mucha gente mala allí, así que tomará tiempo. Van a tener elecciones y creo que ella será elegida".

El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, uno de los principales críticos de la campaña de Trump contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes, señaló que probablemente hay una docena de líderes en todo el mundo de los que Estados Unidos podría decir que están violando la ley internacional o de derechos humanos.

"Y nunca hemos entrado y los hemos sacado del país. Por lo tanto, esto establece un precedente muy negativo y es inconstitucional", dijo Paul a reporteros. "No se puede decir que bombardear una capital y deponer al presidente de un país extranjero no sea una declaración de guerra".