MINNEAPOLIS, Minnesota, EU (AP) — El presidente estadunidense Donald Trump suavizó su tono el lunes sobre las redadas migratorias en Minnesota, y manifestó que sostuvo conversaciones productivas con el gobernador y con el alcalde de Minneapolis mientras enviaba al zar fronterizo a hacerse cargo de gran parte de las medidas de seguridad.

Se prevé que algunos agentes federales se vayan del estado el martes.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, indicó que habló por teléfono con Trump, quien elogió la conversación y declaró que "se están logrando muchos avances". Frey mencionó que le pidió a Trump en una llamada telefónica que pusiera fin al incremento en la presencia de agentes migratorios, y que el mandatario estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede seguir así.

El alcalde indicó que algunos agentes se irían pronto, y que seguiría presionando para que otros involucrados en la Operación Metro Surge se retiren.

Entre los que se prevé que se vayan está Greg Bovino, comandante sénior de la Patrulla Fronteriza, según le dijo a The Associated Press una persona al tanto del asunto y que habló a condición de guardar el anonimato, ya que no está autorizada para declarar públicamente sobre los detalles de la operación.

Bovino ha estado en el centro de las redadas migratorias por parte del gobierno federal en ciudades de todo el país. Su salida marca un cambio público significativo en la posición federal sobre el control migratorio, en medio de la creciente indignación por la muerte de Alex Pretti, un enfermero de urgencias de 37 años de edad, quien fue baleado por agentes de la Patrulla Fronteriza. Pretti es la segunda persona que muere por ser baleada por agentes migratorios federales este mes.

El liderazgo de Bovino en redadas federales altamente visibles, incluidas operaciones que provocaron manifestaciones masivas en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis, se ha granjeado duras críticas de funcionarios locales, defensores de los derechos civiles y legisladores demócratas.

Las críticas aumentaron en torno a Bovino en los últimos días, luego de que defendió públicamente el tiroteo contra Pretti y las afirmaciones que hizo sobre el enfrentamiento que llevó a su muerte.

El zar fronterizo, Tom Homan, se hará cargo de las operaciones en Minnesota del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Frey dijo que planeaba reunirse con Homan el martes.

Trump conversa telefónicamente con el gobernador de Minnesota

Trump y el gobernador demócrata Tim Walz sostuvieron una llamada telefónica, y luego hicieron comentarios en los que fue patente un cambio notable con respecto a las declaraciones críticas que han intercambiado en el pasado. Conversaron el mismo día en que una jueza federal escuchó argumentos en una demanda con la que se intenta detener las actuales redadas migratorias en el estado.

"De hecho, parece que estamos en una sintonía similar", escribió el presidente en redes sociales.

En un comunicado, Walz señaló que la llamada fue "productiva" y que se requieren investigaciones imparciales sobre los homicidios. Trump indicó que su gobierno busca a "cualquiera y a todos" los criminales que están detenidos en Minnesota. Walz aseguró que el Departamento de Correccionales del estado cumple con las solicitudes federales de personas bajo su custodia.

Mientras tanto, abogados del gobierno, el estado y las ciudades de Minneapolis y St. Paul comparecieron el lunes ante la jueza de distrito Katherine Menendez, quien sopesa si accederá a las solicitudes para frenar temporalmente los operativos migratorios.

La jueza señaló que el caso era prioritario. Sin embargo, en una orden que emitió más tarde, les pidió a los abogados del gobierno federal que presenten un escrito adicional antes de las 6 de la tarde del miércoles. Les pidió que aborden, entre otras cosas, la afirmación del estado y las ciudades de que el propósito de la Operación Metro Surge es castigarlos por sus leyes y políticas de santuario.

Los abogados del estado y las Ciudades Gemelas argumentaron que la situación en las calles es tan grave que requiere que el tribunal ordene el fin de las redadas migratorias por parte del gobierno federal.

"Si esto no se detiene aquí y ahora, no creo que nadie que esté examinando seriamente este problema pueda tener mucha fe en cómo avanzará nuestra república hacia el futuro", manifestó Brian Carter, fiscal general adjunto de Minnesota.

Jueza cuestiona los motivos del gobierno

La jueza cuestionó los motivos del gobierno para llevar a cabo las redadas, y se mostró escéptica sobre una carta que la secretaria de Justicia Pam Bondi le envió recientemente a Walz, en la que pedía que el estado le brindara acceso al gobierno federal a los registros de votantes, entregara los registros estatales de Medicaid y asistencia alimentaria, y derogara sus políticas de santuario.

"O sea, ¿no hay límite a lo que el poder ejecutivo puede hacer bajo el pretexto de que está haciendo respetar las leyes de inmigración?", preguntó Menendez, e hizo notar que las solicitudes federales son materia de litigio.

Brantley Mayers, abogado del Departamento de Justicia, indicó que el objetivo del gobierno es hacer cumplir la ley federal. Mayers señaló que no debería usarse una acción legal para desacreditar otra acción legal.

Menendez cuestionó dónde se ubica la línea que permite distinguir entre violar la Constitución y el poder del ejecutivo para hacer respetar la ley de inmigración. También preguntó si se le estaba pidiendo que decidiera entre las políticas estatales y las federales.

"Eso comienza a sentirse como si yo decidiera qué enfoque político es mejor", expresó.

En un momento dado, mientras hablaba sobre la posibilidad de que agentes federales ingresen a residencias sin tener una orden judicial, la jueza expresó su renuencia a decidir sobre cuestiones que aún no se le han planteado en una demanda.

Menendez dejó en claro que le está costando trabajo emitir un fallo debido a lo inusual del caso y la falta de precedentes.

"Debido a que esto es importante estoy haciendo todo lo posible para hacerlo bien", manifestó.

El estado de Minnesota y las ciudades demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) este mes, cinco días después de que una mujer, Renee Good, fuera baleada por un agente del ICE. El hecho de que un agente de la Patrulla Fronteriza le disparara a Alex Pretti el sábado le sumó urgencia al caso.

El zar fronterizo va a Minnesota

En tanto, Trump publicó en redes sociales que Homan le reportará directamente a él.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que Homan sería "el principal punto de contacto en Minneapolis" durante las actuales operaciones de los agentes federales de inmigración.

En un tribunal el lunes, un abogado del gobierno señaló que había unos 2.000 agentes del ICE en el estado, así como al menos 1.000 elementos de la Patrulla Fronteriza.

La demanda le pide a la jueza que emita una orden para reducir la presencia de los agentes federales de inmigración en Minnesota, de forma que vuelva a ser similar a la de los niveles previos, y que se limite el alcance de los operativos migratorios.

El caso tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían convertirse en blancos de redadas migratorias. Fiscales generales de 19 estados, junto con el Distrito de Columbia, presentaron un escrito en apoyo a Minnesota.

En otro caso, un juez federal diferente, Eric Tostrud, tomó en consideración una solicitud del Departamento de Justicia para levantar una orden que emitió el sábado por la noche, con la cual le impedía al gobierno de Trump "destruir o alterar evidencia" relacionada con el tiroteo del sábado.

Abogados de la Oficina de Aprehensión Criminal del estado le dijeron al juez que no pueden confiar en que el gobierno federal preserve la evidencia, citando la falta de cooperación que el estado está recibiendo de las autoridades federales después de que dijeron que se les impidió acceder al lugar de los hechos.

Pero los abogados del gobierno federal argumentaron que la orden de restricción temporal debería ser disuelta, porque sus investigadores ya están siguiendo procedimientos adecuados de preservación, y objetarían la "microgestión" por parte del tribunal sobre qué evidencia puede examinar el estado mientras la investigación federal está en curso.