WASHINGTON (AP) — Agentes migratorios de Estados Unidos están atribuyéndose amplios poderes para ingresar por la fuerza a viviendas sin una orden judicial, según un memorando interno de las autoridades migratorias obtenido por The Associated Press, lo que supone un cambio radical en las directrices de larga data para que en los allanamientos que efectúa el gobierno se respeten los límites constitucionales.

El memorando autoriza a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a utilizar la fuerza para entrar a un domicilio, basándose únicamente en una orden administrativa más limitada para arrestar a alguien sobre quien pese una orden final de deportación, una medida que, según activistas, choca con las protecciones de la Cuarta Enmienda constitucional y anula años de consejos brindados a las comunidades migrantes.

Este cambio llega en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump ha ampliado drásticamente los arrestos migratorios en todo el país, desplegando a miles de agentes en una campaña de deportación masiva que ya está transformando las estrategias policiales en ciudades como Minneapolis.

Durante años, defensores de los inmigrantes, grupos de asistencia jurídica y gobiernos locales han instado a la gente a no abrir la puerta a los agentes de inmigración, a menos que se les muestre una orden firmada por un juez. Ese consejo se basa en fallos de la Corte Suprema que, por lo general, prohíben a las fuerzas de seguridad ingresar en un domicilio sin autorización judicial. La directriz del ICE socava directamente esa recomendación, en un momento en que los arrestos se aceleran debido a la ofensiva migratoria del gobierno.

El memorando mismo no ha sido difundido ampliamente dentro de la agencia, según la queja de un denunciante, pero su contenido se ha utilizado para capacitar a los nuevos agentes que se despliegan en ciudades y pueblos para implementar la campaña migratoria del presidente.

A los nuevos empleados del ICE, y a quienes aún están en formación, se les indica que sigan las directrices del memorando en lugar de los materiales de capacitación por escrito que, de hecho, lo contradicen, de acuerdo con la denuncia.

No está claro hasta qué punto se ha aplicado la directriz en los operativos de control migratorio. The Associated Press presenció cómo agentes del ICE derribaron la puerta principal de la casa de Garrison Gibson, un hombre de Liberia con una orden de deportación vigente desde 2023, en Minneapolis el 11 de enero, vestidos con equipo táctico pesado y con sus fusiles en posición de disparo.

Los documentos revisados por la AP revelaron que los agentes sólo contaban con una orden administrativa, lo que significa que no hubo un juez que autorizara el allanamiento en propiedad privada.

Es casi seguro que este cambio enfrentará impugnaciones legales y fuertes críticas por parte de grupos activistas, así como por gobiernos estatales y locales favorables a los migrantes, los cuales durante años han instado a la gente a no abrir sus puertas a menos que el ICE les muestre una orden judicial firmada por un juez, recomendación que ha dado frutos.

La AP obtuvo el memorando y la queja del denunciante de parte de un funcionario del Congreso, quien los compartió a condición de guardar el anonimato para poder hablar sobre documentos delicados. La AP verificó la autenticidad de los relatos de la denuncia.

El memorando, firmado por Todd Lyons, director interino del ICE, y fechado el 12 de mayo de 2025, dice: “Si bien históricamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no ha confiado solo en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de deportación en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor Jurídico Principal del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y las regulaciones de inmigración no prohíben basarse en órdenes administrativas para este propósito”.

El memorando no detalla cómo se tomó tal determinación ni cuáles podrían ser sus repercusiones legales.

Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, dijo a la AP en una declaración enviada por correo electrónico que todas las personas a las que el departamento notifica con una orden administrativa ya tuvieron “el debido proceso completo y una orden final de deportación”.

Indicó que los funcionarios que emitieron esas órdenes también encontraron causa probable para el arresto de la persona, y que la Corte Suprema y el Congreso han “reconocido la legalidad de las órdenes administrativas en casos de control migratorio”, sin dar más detalles. McLaughlin no respondió a las preguntas sobre si agentes del ICE han ingresado al domicilio de alguna persona con base solo en una orden administrativa desde la emisión del memorando, y, de ser así, con qué frecuencia.

Arrestos recientes arrojan luz sobre las tácticas

Whistleblower Aid (Ayuda para Denunciantes), una organización jurídica sin fines de lucro que ayuda a los trabajadores a exponer irregularidades, señaló en la queja del denunciante que obtuvo la AP que representa a dos funcionarios anónimos del gobierno federal “que dan a conocer una directriz de política institucional secreta y aparentemente inconstitucional”.

Una ola reciente de arrestos de alto perfil, muchos de ellos en domicilios y negocios privados y grabados en video, ha puesto de relieve las tácticas de arresto migratorio, incluido el uso de órdenes apropiadas por parte de los agentes.

La mayoría de los arrestos migratorios se llevan a cabo bajo órdenes administrativas, las cuales son documentos internos emitidos por las autoridades migratorias que autorizan el arresto de una persona específica, pero no permiten a los agentes entrar por la fuerza en domicilios privados u otros espacios no públicos sin consentimiento. Solo las órdenes firmadas por jueces conllevan esa autoridad.

Todas las operaciones policiales —incluidas las realizadas por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)— se rigen por la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a todas las personas en el país de registros e incautaciones irrazonables.

La gente puede negar legalmente la entrada a agentes federales de inmigración a una propiedad privada si dichos agentes solo cuentan con una orden administrativa, con algunas excepciones limitadas.

Memorando mostrado a funcionarios “selectos”

El memorando dice que los agentes del ICE pueden entrar por la fuerza a domicilios y arrestar a inmigrantes con solo una orden administrativa firmada, conocida como I-205, si cuentan con una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), un juez de distrito o de primera instancia.

El documento añade que primero los agentes deben llamar a la puerta e informar de quiénes son y por qué se encuentran en la residencia. Tienen un horario limitado para entrar a la vivienda: después de las 6:00 de la mañana y antes de las 10:00 de la noche. Quienes se encuentran en el interior del domicilio deben tener una “oportunidad razonable para actuar legalmente”. Pero si eso no funciona, indica el memorando, los agentes pueden usar la fuerza para entrar.

“Si el extranjero se niega a permitir el ingreso, los funcionarios y agentes del ICE deben usar solo la fuerza necesaria y razonable para entrar en la residencia del extranjero, tras la debida notificación por parte de la autoridad del funcionario o agente y su intención de ingresar”, indica el documento.

Dicho memorando está dirigido a todo el personal del ICE. No obstante, solo se ha mostrado a “funcionarios selectos del DHS”, quienes luego lo compartieron con algunos empleados, a los que se les indicó que lo leyeran y lo devolvieran, escribió Whistleblower Aid en la divulgación.

A uno de los dos denunciantes se le permitió ver el memorando solo en presencia de un supervisor y luego tuvo que devolverlo. A esa persona no se le permitió tomar notas. Un denunciante pudo acceder al documento y divulgarlo legalmente al Congreso, señaló Whistleblower Aid.

Aunque el memorando fue emitido en mayo, David Kligerman, vicepresidente sénior y asesor especial de Whistleblower Aid, informó que a sus clientes les llevó tiempo encontrar una “vía segura y legal para divulgarlo a los legisladores y al pueblo estadunidense”.

A los agentes del ICE se les indica que se basen únicamente en órdenes administrativas, dice el memorando

El ICE ha contratado rápidamente a miles de nuevos agentes de deportación para implementar la agenda de deportación masiva del presidente. Reciben formación en el Centro Federal de Capacitación para las Fuerzas del Orden (FLETC, por sus siglas en inglés), en Brunswick, Georgia.

Durante una visita de la AP allí en agosto, funcionarios del ICE reiteraron que se capacita a los agentes nuevos para que cumplan con la Cuarta Enmienda.

No obstante, según el relato de los denunciantes, a los agentes recién contratados por la agencia se les dice que pueden basarse únicamente en órdenes administrativas para ingresar a los domicilios y realizar arrestos, pese a que eso contradice los materiales de capacitación por escrito del DHS.

Lindsay Nash, profesora de derecho en la Escuela de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva, en Nueva York, dijo que el memorando “contradice abiertamente” aquello que la Cuarta Enmienda protege y lo que el propio ICE ha declarado históricamente que son sus facultades.

Apuntó que existe un “enorme potencial de extralimitación y de errores, y hemos visto que esos pueden ocurrir con consecuencias muy, muy graves”.