CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La magistrada francesa Magali Lafourcade, secretaria general de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) ,reveló que en mayo de 2025 recibió una visita de dos emisarios de la administración de Donald Trump, quienes expresaron interés en el proceso judicial contra la líder de ultraderecha Marine Le Pen, condenada por malversación de fondos europeos. 

Lafourcade interpretó el encuentro como un intento de obtener información sensible para cuestionar la imparcialidad del juicio, y alertó inmediatamente al Ministerio de Asuntos Exteriores francés. 

El incidente, divulgado por Lafourcade en una entrevista emitida el domingo en el programa "En Société" de France 5, generó un revuelo en medios franceses e internacionales, avivando debates sobre posibles injerencias extranjeras en la justicia europea. 

Según la magistrada, la reunión tuvo lugar el 28 de mayo de 2025, solicitada a través de la Embajada de Estados Unidos en París. Inicialmente, el tema era derechos humanos, pero "rápidamente derivó hacia la situación judicial de Marine Le Pen", donde los emisarios –identificados como los diplomáticos Samuel D. Samson y Christopher J. Anderson del Departamento de Estado– buscaron "elementos que indicaran que se trataba de un juicio puramente político para impedir su candidatura presidencial".  

Lafourcade calificó el enfoque como una posible "manipulación del debate público francés" y lo reportó a las autoridades, algo inusual para preservar la independencia judicial.  

Marine Le Pen, líder del partido Rassemblement National, fue condenada en primera instancia en marzo de 2025 a tres años de prisión (con suspensión condicional) y diez años de inhabilitación para cargos públicos por el desvío de fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios ficticios.   

Actualmente, el caso está en apelación, y una confirmación de la sentencia podría excluirla de las elecciones presidenciales de 2027. Le Pen ha calificado repetidamente el proceso como una "persecución política", argumento que resuena con aliados internacionales como Trump, quien ha comparado sus propios problemas legales con los de la política francesa.  

En Francia, el silencio inicial del gobierno de Emmanuel Macron ha sido criticado por opositores de izquierda, como la diputada Chloé Ridel y el activista Juan Branco, quienes ven en esto un "riesgo de injerencias" y cuestionan la independencia judicial parisina ante presiones externas.