CIUDAD DE GUATEMALA (AP).- Este día, la cifra de muertos por presuntos ataques de pandilleros contra la policía guatemalteca aumentó a nueve, mientras los guatemaltecos amanecieron con una mayor seguridad y derechos restringidos bajo un estado de sitio declarado por el presidente Bernardo Arévalo.

La violencia comenzó el sábado cuando reclusos tomaron el control de tres prisiones en motines aparentemente coordinados, tomando como rehenes a 43 guardias. Las pandillas exigían privilegios para sus miembros y líderes, según las autoridades.

Poco después de que la policía liberara una prisión el domingo por la mañana, presuntos miembros de pandillas atacaron a la policía en toda la capital.

El lunes, el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, dijo que un noveno agente de policía había muerto la madrugada del lunes debido a sus heridas.

“Hay varios heridos en estado crítico”, dijo Custodio Boteo. “Algunos también sufrieron amputaciones”.

La policía rindió homenaje a los oficiales caídos en una ceremonia el lunes.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala había ordenado al personal del gobierno estadounidense que se resguardara en sus hogares el domingo. Esta orden se levantó más tarde ese mismo día, pero se les recomendó mantener un alto nivel de precaución al viajar.

El diario oficial publicó el lunes el estado de sitio de 30 días de Arévalo. Justifica la declaración alegando que hubo “acciones coordinadas de autodenominadas maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles”.

Se esperaba que el Congreso votara sobre la declaración el lunes, aunque entró en vigor inmediatamente el domingo.

Entre los derechos que la declaración limita se encuentran la libertad de acción, la detención legal, las manifestaciones y el porte de armas. Las fuerzas de seguridad también podrían prohibir la circulación de vehículos en ciertos lugares o someterlos a registros.

En octubre, el Congreso reformó las leyes para declarar terroristas a los miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Los cambios extendieron las penas de prisión para los pandilleros que cometan delitos.

El gobierno de Estados Unidos también declaró a esas bandas organizaciones terroristas extranjeras el año pasado.