GINEBRA (apro). – La nueva administración de Estados Unidos liderada por el presidente Donald Trump está llevando a cabo una purga de funcionarios judiciales en aparente represalia por hacer su trabajo, dijo hoy una experta de Naciones Unidas en Derechos Humanos, quien expresó seria preocupación por el estado de derecho y el funcionamiento del sistema de justicia en el país.

“Desde que la nueva administración asumió el cargo el 20 de enero de 2025, un número significativo de abogados, fiscales y jueces de inmigración han sido reasignados, transferidos o despedidos sin seguir los procedimientos estándar”, dijo Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.

Subrayó que entre los abogados afectados se encuentran muchos fiscales del Departamento de Justicia (DOJ) que fueron despedidos después de trabajar, según se informa, en investigaciones criminales del presidente Trump o en procesamientos derivados del ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

“Desde estos despidos, varios fiscales del Departamento de Justicia han renunciado en lugar de tomar lo que consideran medidas inapropiadas en otros casos”, deploró la experto.

“Estas acciones ocurren en medio de declaraciones públicas de funcionarios del gobierno y otros que caracterizan a jueces, fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como armas de la administración anterior”, agregó.

El 5 de febrero de 2025, el Fiscal General anunció la creación de un “Grupo de Trabajo sobre Armamentismo” encargado de examinar las actividades de los organismos de aplicación de la ley en los ámbitos civil y penal durante los últimos cuatro años. “Esto sugiere que las medidas adoptadas hasta la fecha contra los funcionarios de justicia pueden ser sólo el comienzo de una línea de conducta destinada a eliminar a estos profesionales y sustituirlos por personas leales a la nueva administración”, afirmó la Relator Especial.

“Estoy profundamente preocupada porque estos ataques forman parte de un patrón continuo de acoso a los profesionales de la justicia independiente”, dijo la experta, quien destacó los recientes artículos de “impeachment” presentados por miembros del Congreso contra tres jueces federales en aparente represalia por sus fallos contra el gobierno, así como la decisión de remover a los abogados generales de alto rango del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, a pesar del papel clave que estos asesores legales desempeñan para garantizar que las acciones militares cumplan con la ley, incluido el derecho internacional humanitario.

“El personal judicial independiente es necesario para el estado de derecho y la separación de poderes”, afirmó Satterthwaite.

“El gobierno estadounidense debe poner fin a su interferencia y garantizar que se permita que prevalezca la justicia, no la política”, urgió.