WASHINGTON (AP).- Ese día, la Corte Suprema acordó en un caso de Colorado decidir si los gobiernos estatales y locales pueden hacer cumplir las leyes que prohíben la terapia de conversión para niños LGBTTIQ+.

El tribunal liderado por los conservadores está tomando el caso en medio de acciones del presidente Donald Trump dirigidas a las personas transgénero, incluida la prohibición del servicio militar y el fin de la financiación federal para la atención de afirmación de género para menores transgénero.

Los magistrados también escucharon argumentos en un caso de Tennessee sobre si las prohibiciones estatales de tratar a menores transgénero violan la Constitución, pero aún no han emitido una decisión.

Colorado se encuentra entre aproximadamente la mitad de los estados que prohíben la práctica de intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona a través del asesoramiento.

La cuestión es si la ley viola el derecho de expresión de los consejeros. Los defensores de esas leyes sostienen que regulan la conducta de los profesionales que están autorizados por el estado.

El Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de los EU en Denver confirmó la ley estatal. El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de los EU en Atlanta anuló las prohibiciones locales en Florida.

En 2023, el tribunal rechazó un recurso similar, a pesar de la división entre los tribunales de apelaciones federales que habían sopesado las prohibiciones estatales y llegado a decisiones diferentes.

En ese momento, tres jueces, Samuel Alito, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas, dijeron que se habrían hecho cargo del asunto. Se necesitan cuatro jueces para conceder la revisión. El tribunal de nueve miembros no suele revelar cómo votan los jueces en esta etapa del caso, por lo que no está claro quién podría haber proporcionado el cuarto voto.

El caso se discutirá en el nuevo período de sesiones del tribunal, que comienza en octubre. La apelación en nombre de Kaley Chiles, una consejera de Colorado Springs, fue presentada por Alliance Defending Freedom, una organización jurídica conservadora que ha comparecido con frecuencia ante el tribunal en los últimos años en casos que involucran cuestiones sociales de alto perfil.

Chiles ha tenido que rechazar clientes debido a la ley, dijo el abogado de ADF Jim Campbell el lunes en una conferencia telefónica para periodistas, aunque se negó a decir cuántos.

Chiles dijo que la ley, con posibles multas de 5 mil dólares y suspensión o incluso revocación de la licencia, “interfiere con mi capacidad de servir a mis clientes con integridad”.

Uno de los casos anteriores de ADF fue una decisión 5-4 en 2018 en la que los jueces dictaminaron que California no podía obligar a los centros de crisis de embarazo antiaborto autorizados por el estado a proporcionar información sobre el aborto.

Los abogados de Chiles se basaron en gran medida en esa decisión al pedirle al tribunal que aceptara su caso. Escribieron que Chiles no busca “curar” a sus clientes de las atracciones por personas del mismo sexo ni “cambiar” la orientación sexual de sus clientes”.

Al solicitar al tribunal que rechace la apelación, los abogados de Colorado escribieron que los legisladores actuaron para regular la conducta profesional, “basándose en evidencia abrumadora de que los esfuerzos para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de un niño son inseguros e ineficaces”.