MIAMI (AP).- Un grupo de ciudadanos estadunidenses e inmigrantes está demandando al gobierno de Trump, pues puso fin a una herramienta legal de larga data que los presidentes utilizan para permitir que personas de países donde hay guerra o inestabilidad política ingresen y vivan temporalmente en Estados Unidos.

La demanda, presentada a última hora del viernes por la noche, busca restablecer los programas de libertad condicional humanitaria que permitieron el ingreso de 875 mil migrantes de Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que tienen residentes legales de Estados Unidos como patrocinadores.

El presidente Donald Trump ha estado poniendo fin a las vías legales para que los inmigrantes lleguen a los EU e implementando promesas de campaña de deportar a millones de personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Entre los demandantes hay ocho inmigrantes que entraron legalmente en Estados Unidos antes de que el gobierno de Trump pusiera fin a lo que llamó el “abuso generalizado” de la libertad condicional humanitaria. Pueden permanecer legalmente en Estados Unidos hasta que expire su libertad condicional, pero el gobierno dejó de procesar sus solicitudes de asilo, visas y otras solicitudes que podrían permitirles permanecer más tiempo.

Ninguno de ellos ha sido identificado con su verdadero nombre por temor a ser deportado. Entre ellos se encuentran Maksym y Maria Doe, una pareja ucraniana; Alejandro Doe, que huyó de Nicaragua tras el secuestro y tortura de su padre; y Omar Doe, que trabajó durante más de 18 años con el ejército estadounidense en su país natal, Afganistán.

“No hicieron nada ilegal. Cumplieron las reglas”, dijo a The Associated Press Kyle Varner, un médico e inversionista inmobiliario de 40 años de Spokane, Washington, que patrocinó a 79 venezolanos y es parte de la demanda. “No han hecho nada más que trabajar tan duro como pueden... Esto es una injusticia muy grave”.

Casi todos los inmigrantes patrocinados por Varner han vivido en su casa durante algún tiempo. Él pagó sus boletos de avión. Les ayudó a aprender inglés y a obtener licencias de conducir y empleos. Tenía 32 solicitudes que estaban esperando aprobación cuando la administración Trump puso fin al programa en enero.

Otros demandantes incluyen a otros dos ciudadanos estadounidenses que han patrocinado a inmigrantes, Sandra McAnany y Wilhen Pierre Victor, y la Haitian Bridge Alliance, una organización con sede en California que ayuda a los inmigrantes con asesoramiento legal.

“La administración Trump está intentando atacar la libertad condicional desde todos los ángulos”, dijo Esther Sung, abogada del Justice Action Center, que presentó la demanda ante Human Rights First en un tribunal federal de Massachusetts y proporcionó a la AP una copia por adelantado. “El objetivo principal, por encima de todo, es defender la libertad condicional humanitaria. Estos procesos han sido muy, muy exitosos”.

Los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de EU no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El fin de las protecciones temporales para estos inmigrantes ha generado poca reacción política entre los republicanos, salvo tres representantes cubanoamericanos de Florida que pidieron evitar las deportaciones de los venezolanos afectados. Una de ellos, la representante María Salazar de Miami, también se unió a unos 200 demócratas del Congreso esta semana para copatrocinar un proyecto de ley que les permitiría convertirse en residentes legales permanentes.

La autoridad de libertad condicional comenzó en 1952 y ha sido utilizada por presidentes republicanos y demócratas para admitir a personas que no pueden utilizar las rutas de inmigración estándar debido a la presión del tiempo o porque el gobierno de su país de origen carece de relaciones diplomáticas con los EU.

Los inmigrantes que llegan al país por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo” pueden trabajar mientras buscan otra forma legal de quedarse en el país.

Trump ordenó el fin de los “programas de libertad condicional categórica” el día que regresó al cargo.

Joe Biden utilizó la autoridad de libertad condicional más que cualquier otro presidente estadounidense, incluso para personas que llegaron a través de la aplicación CBP One del gobierno. Pero la demanda cubre solo ciertos programas de libertad condicional.

McAnany, una viuda de 57 años de Wisconsin que diseña y enseña cursos sobre adquisiciones y habilidades blandas, patrocinó a 17 personas de Venezuela y Nicaragua. Todavía tiene cuatro solicitudes pendientes de aprobación.

McAnany les ayudó a adaptarse a su nuevo país y a encontrar hogares y escuelas. Ahora todos trabajan más de 40 horas a la semana, pagan impuestos y pagan su atención médica, dijo.

“Me preocupo mucho por cada una de las personas que patrocino”, dijo McAnany. “No puedo simplemente darme por vencido”.