BOGOTÁ (AP) — La guerrilla Ejército de Liberación Nacional mantiene en medio del temor y la incertidumbre a todo un departamento del noroeste de Colombia tras iniciar el martes un paro armado, con el que amenaza a la población y restringe la movilidad, como parte de una escalada de violencia por el control de la zona.

Las fuerzas militares reforzaron desde el lunes la presencia en el departamento de Chocó con más de 1.500 uniformados del ejército y la Armada en un intento por proteger a la población civil que se encuentra bajo la amenaza de la guerrilla.

Más de 1.600 personas se han desplazado forzadamente o están confinadas desde hace dos semanas, según la estatal Defensoría del Pueblo, cuando iniciaron los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas activo del país.

El Chocó es un territorio clave desde hace décadas para los grupos armados ilegales de todas las vertientes, desde guerrilleros hasta paramilitares, por contar con una salida al Océano Pacífico y comunicarse por vía marítima con Panamá.

El departamento solía ser dominado en gran parte por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de que firmaran en 2016 un acuerdo de paz con el Estado y entregaran las armas. Cuando se desmovilizaron quedó un “espacio sin control” pero con rutas de narcotráfico y minería ilegal, explicó a The Associated Press Andrés Macías, investigador del conflicto y seguridad de la Universidad Externado de Colombia.

Según el ejército, el paro armado ordenado por el ELN busca constreñir a la población para facilitar el movimiento de material que es utilizado en la minería ilegal y en narcóticos que están listos para ser sacados del país por el Pacífico.

El ELN, por su parte, dijo que el objetivo del paro armado es visibilizar la supuesta “connivencia entre fuerza pública y paramilitares”. La guerrilla señaló a los militares de coordinar con el Clan del Golfo sus movimientos para “evitar la confrontación armada”, según detalló en un comunicado fechado el sábado.

La guerrilla ha ordenado más de nueve paros armados en los últimos dos años, según la gobernación departamental. En algunas ocasiones han sido parciales y en otras, como esta, en todo el territorio donde hay más de 457.000 habitantes, mayoritariamente de comunidades afrodescendientes, de acuerdo con cifras oficiales.

Según Macías, el ELN buscaría generar miedo en la población y demostrar que es el grupo armado que manda o identificar más fácilmente a sus oponentes del Clan del Golfo en las calles desoladas para enfrentarlos. “La población es la que se está viendo más afectada y el Estado está demostrando que no tiene control y no tiene la capacidad de reaccionar frente a ese control”, agregó el experto.

El gobierno del izquierdista Gustavo Petro suspendió desde enero la mesa de diálogos de paz con el ELN, en armas desde 1964, a raíz de una ola de violencia que ha dejado más de 60 muertos y 50.000 desplazados en el Catatumbo, al noreste del país, donde el ELN mantiene confrontaciones con una disidencia de las FARC.

Tanto el Chocó como el Catatumbo forman parte de los 11 focos de emergencia humanitaria en todo el país por acción de los grupos armados ilegales documentados por la Defensoría del Pueblo.