CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, declaró el 3 de diciembre de 2025 que su teléfono celular fue intervenido mediante el software espía Pegasus. El funcionario afirmó que un peritaje privado detectó rastros del programa en su dispositivo y anunció que entregará el informe técnico a la Fiscalía General de la Nación para su verificación.

Benedetti afirmó que el análisis forense determinó la presencia de Pegasus, desarrollado por la firma NSO Group. Según su declaración, la intrusión habría permitido activar funciones internas del equipo, acceder a archivos y tomar control remoto del sistema. El ministro indicó que el hallazgo surgió tras una revisión solicitada a un investigador externo.

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El funcionario señaló que la intervención plantea riesgos para la seguridad institucional y para las comunicaciones oficiales del Ministerio del Interior. También afirmó que la Fiscalía deberá determinar la fecha de la intrusión, el método de ingreso y la posible autoría.

Antecedentes previos documentados por Reuters sobre Pegasus en Colombia

En septiembre de 2024, Reuters informó que la Fiscalía colombiana abrió una investigación para esclarecer la adquisición y el uso del software Pegasus por parte de entidades estatales. De acuerdo con ese despacho, los investigadores buscaban determinar si el programa se compró en 2021 y si se empleó para interceptaciones ilegales de comunicaciones.

La información de Reuters indicó que la compra del sistema habría involucrado recursos públicos y que la investigación debía establecer si existió uso no autorizado del software y si alguna agencia estatal activó herramientas de vigilancia contra funcionarios, magistrados, periodistas u opositores. El despacho señaló que la Fiscalía tomó declaraciones a miembros de la Policía Nacional y revisó documentos asociados a la supuesta adquisición.

La indagación de 2024 pretendía identificar la ruta contractual y la utilización del software, y buscaba verificar si operó sin los controles legales para interceptaciones establecidas en Colombia. Hasta el momento de esa publicación, no había un pronunciamiento definitivo sobre responsabilidades.

La denuncia de Benedetti se suma a ese antecedente, aunque —hasta la fecha de su declaración— agencias internacionales no habían emitido un nuevo reporte sobre esta acusación específica.

Reacciones institucionales previstas y proceso judicial que podría activarse

El ministro indicó que su informe será puesto a disposición de los peritos oficiales de la Fiscalía, quienes deben realizar un análisis independiente. Benedetti afirmó que facilitará la entrega del equipo y la documentación técnica para permitir la trazabilidad del proceso.

De acuerdo con el procedimiento establecido, la Fiscalía puede abrir una indagación formal si determina que los indicios de intervención son consistentes con un ataque con Pegasus. La investigación se concentraría en identificar la fuente de la intrusión y establecer si se usó infraestructura estatal o privada para la ejecución del ataque.

La denuncia también podría activar revisiones internas en organismos encargados de labores de inteligencia, que en ocasiones anteriores negaron el uso directo de Pegasus. Dependiendo de los hallazgos, las autoridades podrían requerir documentación previa sobre adquisiciones tecnológicas, solicitar auditorías de sistemas y verificar accesos a los registros internos de interceptación legal.

Contexto ampliado: otras denuncias en el país

En años recientes, funcionarios públicos, magistrados y periodistas han reportado intentos de intervención o seguimientos digitales. En 2024, distintas organizaciones solicitaron que se investigara la posible utilización de herramientas avanzadas de vigilancia contra actores políticos. Las denuncias derivaron en solicitudes para establecer mecanismos de trazabilidad tecnológica que permitan identificar el uso de programas de interceptación no autorizados.

La declaración de Benedetti ocurre mientras continúan abiertas distintas indagaciones sobre vigilancia digital en Colombia. En este escenario, la Fiscalía mantiene procesos sobre interceptaciones previas, mientras organizaciones civiles reclaman mayor transparencia sobre el uso de tecnologías con capacidad de obtener información de dispositivos móviles sin conocimiento de sus usuarios.