MADRID (AP).- El gobierno de España multó a Airbnb con 64 millones de euros (75 millones de dólares) por anunciar alquileres turísticos sin licencia, dijeron funcionarios.

Esta medida es la última acción del gobierno en España contra empresas de alquiler a corto plazo como Airbnb y Booking.com, mientras el país enfrenta un problema de asequibilidad de la vivienda, particularmente en los centros de las ciudades.

El Ministerio de Defensa del Consumidor afirmó que los alquileres no incluían el número de licencia —un requisito en muchas comunidades autónomas de España— o que indicaban números de licencia que no coincidían con los que tenían las autoridades. Otros contenían información incorrecta sobre los anfitriones, añadió.

Airbnb anunció que planea impugnar la multa en los tribunales. La compañía indicó que está trabajando con las autoridades españolas para cumplir con el nuevo sistema nacional de registro para alquileres vacacionales y que más de 70 mil anuncios en la plataforma han añadido un número de registro desde enero.

El gobierno izquierdista de España y muchos españoles de todo el espectro político consideran que las empresas de alquiler a corto plazo son las responsables del aumento de los precios de la vivienda.

El país de la Península Ibérica es uno de los más visitados del mundo y los alquileres vacacionales a corto plazo han reducido la escasa oferta de muchas ciudades.

“Hay miles de familias que viven al límite por la crisis inmobiliaria, mientras unas cuantas se enriquecen con modelos de negocio que desalojan a la gente de sus hogares”, dijo el lunes el ministro de Derechos del Consumidor de España, Pablo Bustinduy, en un comunicado.

En mayo, el Ministerio de Derechos del Consumidor ordenó a Airbnb que eliminara alrededor de 65 mil anuncios debido a violaciones de las normas.

En 2024, el organismo de control antimonopolio de España multó a Booking.com con 413 millones de euros (448 millones de dólares), afirmando que la empresa de viajes en línea había abusado de su posición dominante en el mercado del país durante los cinco años anteriores.

Las autoridades locales de Barcelona han dicho que planean eliminar gradualmente los 10 mil apartamentos autorizados en la ciudad como alquileres a corto plazo para 2028 para salvaguardar la oferta de vivienda para los residentes.