PARÍS (AP).- Un tribunal de París decidirá el lunes si libera de prisión al expresidente francés Nicolas Sarkozy, apenas 20 días después de su encarcelamiento.

Fue condenado a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración criminal en un plan para financiar su exitosa campaña de 2007 con fondos procedentes de Libia.

Sarkozy, de 70 años, es el primer expresidente de la Francia moderna condenado a prisión. Anteriormente había sido declarado culpable de corrupción, pero se le ordenó llevar un monitor electrónico en lugar de cumplir una pena de cárcel.

El equipo legal de Sarkozy ha apelado su condena y ha solicitado su libertad condicional. El juicio de apelación se celebrará en una fecha posterior, posiblemente en primavera.

El lunes, un tribunal de París examinará su solicitud de libertad, y se espera una decisión ese mismo día.

El expresidente, que ocupó el cargo entre 2007 y 2012, afirma ser inocente y impugna tanto la condena como la decisión de encarcelarlo mientras se tramita su apelación.

Por qué Sarkozy podría ser liberado de prisión

El tribunal de París declaró culpable a Sarkozy el 25 de septiembre y dictaminó que la pena de prisión era efectiva de inmediato. Sin embargo, tan pronto como fue encarcelado el 21 de octubre, su equipo legal solicitó su liberación anticipada.

Un tribunal tomará una decisión el lunes basándose en el artículo 144 del código penal francés, que establece que la libertad debe ser la regla general en espera de apelación, mientras que la detención sigue siendo la excepción —por ejemplo, para aquellos considerados peligrosos o en riesgo de huir a otro país, o para proteger pruebas o evitar presiones sobre los testigos—.

No aborda los motivos de la sentencia.

Durante la audiencia del lunes, se espera que Sarkozy proporcione garantías de que cumplirá con los requisitos de justicia para la libertad condicional.

De ser concedido, quedaría bajo supervisión judicial y podría ser liberado de la prisión de La Santé en París en cuestión de horas.

De qué ha sido condenado Sarkozy

En su fallo del 25 de septiembre, un tribunal de París declaró que Sarkozy, como candidato presidencial y ministro del interior, utilizó su cargo “para preparar la corrupción al más alto nivel” entre 2005 y 2007 con el objetivo de financiar su campaña presidencial con fondos procedentes de Libia, entonces gobernada por Muamar Gadafi, quien llevaba mucho tiempo en el poder.

El panel de tres jueces afirmó que los colaboradores más cercanos de Sarkozy, Claude Guéant y Brice Hortefeux, mantuvieron reuniones secretas en 2005 con Abdullah al-Senoussi, cuñado y jefe de inteligencia de Gadafi, a pesar de que este había sido “condenado por actos de terrorismo cometidos principalmente contra ciudadanos franceses y europeos”.

Al-Senoussi es considerado el cerebro de los atentados contra un avión jumbo de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en 1988, y contra un avión de pasajeros francés sobre Níger al año siguiente, que causaron cientos de muertes. Fue condenado en rebeldía y sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de París en 1999 por el atentado contra el vuelo 772 de la aerolínea francesa UTA.

El tribunal afirmó que se puso en marcha un complejo esquema financiero, aunque señaló que no hay pruebas de que el dinero transferido de Libia a Francia acabara utilizándose en la propia campaña de Sarkozy de 2007.

¿Por qué dice que es una conspiración?

Sarkozy ha afirmado reiteradamente que es inocente y víctima de “un complot” orquestado por personas vinculadas al gobierno libio, incluyendo lo que él describió como el “clan de Gadafi”.

Sugirió que las acusaciones de financiación de campaña eran una represalia por su llamamiento —como presidente de Francia— a la destitución de Gadafi.

Sarkozy fue uno de los primeros líderes occidentales en impulsar la intervención militar en Libia en 2011, cuando las protestas prodemocráticas de la Primavera Árabe se extendieron por todo el mundo árabe. Gadafi fue derrocado y asesinado en el levantamiento de ese mismo año, poniendo fin a sus cuatro décadas de gobierno en el país norteafricano.

Además, Sarkozy señala que el tribunal lo absolvió de otros tres cargos: corrupción pasiva, financiación ilegal de campañas y ocultación de malversación de fondos públicos.

También señala que el hecho de que el tribunal no haya podido establecer un vínculo directo entre el dinero procedente de Libia y la financiación de su campaña es una prueba más de su inocencia.

Se avecinan otros procedimientos legales

La audiencia del lunes no es el único caso legal pendiente contra Sarkozy.

El Tribunal Supremo de Francia, el Tribunal de Casación, dictará sentencia el 26 de noviembre sobre una condena separada por financiación ilegal de la campaña electoral fallida de Sarkozy en 2012.

El año pasado, un tribunal de apelación de París condenó a Sarkozy a un año de prisión, de los cuales seis meses quedaron en suspenso. Se le acusa de haber gastado casi el doble del límite legal máximo de 22,5 millones de euros en su campaña de reelección, que perdió frente al socialista François Hollande.

Sarkozy negó las acusaciones. El expresidente también se encuentra en el centro de otra investigación judicial relacionada con el caso de financiación de Libia.

En 2023, jueces franceses presentaron cargos preliminares contra él por su presunta participación en un aparente intento de presionar a un testigo para que lo exonerara. La esposa de Sarkozy, la supermodelo y cantante Carla Bruni-Sarkozy, también fue acusada preliminarmente el año pasado por su presunta implicación.

El testigo Ziad Takieddine fue clave en las acusaciones de que Sarkozy recibió pagos ilegales del gobierno libio. Posteriormente se retractó de su declaración.

Sarkozy fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias por un tribunal de París en 2021 y por un tribunal de apelación en 2023 por intentar sobornar a un magistrado a cambio de información sobre un caso judicial en el que estaba implicado. El Tribunal de Casación confirmó posteriormente la sentencia.

Sarkozy fue condenado a llevar una tobillera electrónica durante un año. En mayo, debido a su edad, se le concedió la libertad condicional, lo que le permitió quitarse el dispositivo tras poco más de tres meses.