CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Tribunal Internacional de Crímenes-1 (ICT-1) de Bangladés condenó a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina el 17 de noviembre de 2025 tras declararla culpable de crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de protestas estudiantiles ocurridas en 2024. El fallo se emitió en ausencia, debido a que Hasina permanece en India desde agosto de 2024.

La sentencia comprende acusaciones vinculadas al levantamiento estudiantil que inició en julio de 2024 y que derivó en una movilización nacional. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas estimó que hasta 1,400 personas murieron durante la respuesta de las fuerzas de seguridad en un periodo de varias semanas. El tribunal determinó que Hasina ordenó o permitió acciones que derivaron en muertes, detenciones masivas y uso de fuerza letal contra manifestantes.

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Junto con Hasina, el tribunal también impuso la pena de muerte al exministro del Interior Asaduzzaman Khan, señalado por su participación directa en las operaciones de seguridad llevadas a cabo durante las protestas. Ambos fueron juzgados bajo cargos de asesinato, persecución sistemática y otros actos considerados crímenes de lesa humanidad.

Contexto del levantamiento estudiantil y la caída del gobierno

Las protestas comenzaron el 1 de julio de 2024 a raíz del rechazo de estudiantes universitarios a un sistema de cuotas en el empleo público. Las manifestaciones se extendieron rápidamente por Daca, Chittagong y otras ciudades. Las movilizaciones crecieron en tamaño y frecuencia, y sectores civiles se sumaron a las exigencias de cambios en las políticas laborales y en la gestión gubernamental.

En los días siguientes, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad derivaron en un número elevado de víctimas. La ONU estimó que hasta 1 400 personas murieron entre el inicio de julio y mediados de ese mes. Miles resultaron heridas o fueron detenidas. Las organizaciones de derechos humanos registraron incidentes de uso de fuego real, detenciones prolongadas y restricciones de comunicación.

Ante el aumento de las protestas, Hasina dejó el cargo el 5 de agosto de 2024 y salió hacia India. Su renuncia dio paso a un gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus, quien asumió compromisos para investigar las muertes ocurridas durante la movilización.

Detalles del proceso judicial y evidencias presentadas

El tribunal ICT-1 abrió el proceso formal contra Hasina y ex funcionarios de su administración en 2025. La acusación presentó grabaciones, imágenes satelitales, videos de drones y testimonios de sobrevivientes y familiares de personas fallecidas. Entre las evidencias figura una grabación atribuida a Hasina en la que menciona “licencia para matar” en referencia a acusaciones existentes en su contra, según la investigación judicial.

Peritos forenses expusieron análisis sobre el uso de helicópteros y vehículos blindados durante operaciones contra manifestantes en Daca y otras áreas. Los fiscales relataron incidentes en los que fuerzas de seguridad actuaron bajo órdenes directas o con conocimiento de altos funcionarios del gobierno.

La defensa no estuvo presente en el juicio debido a la ausencia de los acusados. Representantes de la Awami League, partido al que pertenece Hasina, rechazaron la legitimidad del proceso. Argumentaron que el tribunal actuó en un contexto político adverso y cuestionaron la imparcialidad del gobierno interino.

Reacciones tras la sentencia y próximos pasos legales

El gobierno de transición señaló que el fallo forma parte de un esfuerzo por esclarecer los hechos y responder a las víctimas del levantamiento estudiantil. Muhammad Yunus afirmó que los procesos judiciales buscan documentar lo sucedido y establecer responsabilidades.

Organizaciones como Amnistía Internacional señalaron que, aunque existe una demanda de justicia por las muertes registradas durante las protestas, la pena de muerte no garantiza un proceso equitativo y representa un desafío para la protección de derechos humanos. El organismo agregó que cualquier procedimiento debe cumplir estándares de independencia judicial y debido proceso.

Sheikh Hasina puede presentar una apelación ante la Corte Suprema de Bangladés, aunque el proceso depende de su retorno al país. La situación sobre una posible extradición desde India permanece sin resolución pública. Las autoridades bangladesíes no han detallado los pasos para solicitarla.

El fallo establece disposiciones para iniciar procedimientos complementarios, incluidos procesos contra mandos militares y policiales que participaron en las operaciones de julio de 2024. El tribunal continuará revisando evidencia sobre incidentes ocurridos en distintas regiones del país.