GINEBRA (apro).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente el altísimo número muertes registradas en el contexto del operativo policial “Operação de Contenção” en el Complexo da Penha, Río de Janeiro. La CIDH urge al Estado a investigar de manera pronta, diligente e independiente los hechos, considerando toda la cadena de mando, sancionar a las personas responsables y garantizar una reparación integral a las víctimas y sus familiares. 

Según información pública, el operativo conjunto de la Policía Civil y Militar, bajo la responsabilidad constitucional del estado federado de Río de Janeiro, para capturar integrantes de un grupo del crimen organizado resultó en al menos 121 personas muertas y 113 detenidas el 28 de octubre de 2025, siendo la operación más letal en la historia reciente de Brasil. Información pública indica que las víctimas serían en su mayoría hombres; varios de ellos habrían recibido disparos en la cabeza y presentan otros signos que podrían indicar ejecuciones extrajudiciales. 

Cabe resaltar que este operativo, al igual que el accionar de los grupos criminales, afectó gravemente la vida cotidiana de la población, generando restricciones a la movilidad, suspensión del transporte público, cierre de escuelas y limitaciones en el acceso a la salud, con impactos desproporcionados sobre las comunidades afrodescendientes y de bajos ingresos.

La CIDH observa que el operativo conjunto se inscribe en un patrón persistente de violencia policial en Río de Janeiro, previamente identificado en el Caso Favela Nova Brasilia, así como en otros estados del país, según lo documentado en el informe Situación de los derechos humanos en Brasil y en diversos pronunciamientos públicos (181-25; 228-23; 177-23; 120-22 339-21; 117-21; 187-20; 318-19; 103-19). En 2024, la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro estarían implicadas en la muerte de 703 personas; y entre enero y agosto de 2025, en 470. Según información, el 86% de las víctimas en 2024 eran personas afrodescendientes. La Comisión destaca que estos datos evidencian un patrón de perfilamiento racial, así como reflejan la continuidad de un modelo de seguridad centrado en el uso excesivo de la fuerza y en la criminalización de la pobreza.

La CIDH reconoce la gravedad del flagelo del crimen organizado y su impacto en el goce efectivo de los derechos humanos. No obstante, expresa preocupación por la persistencia del paradigma de “guerra al crimen”, que deshumaniza a las víctimas y ha demostrado ser ineficaz como estrategia de seguridad pública para reducir los niveles de violencia. En este contexto, es urgente que las autoridades brasileñas, incluidas aquellas a nivel estatal, reformulen sus políticas contra el crimen organizado con un enfoque en los derechos humanos, centrado en las víctimas y con participación social, de conformidad con los estándares interamericanos.

Al respecto, el Estado destacó acciones recientes para reducir la letalidad policial y armonizar las políticas de seguridad con los estándares internacionales de derechos humanos. Entre ellas, mencionó el fallo del Supremo Tribunal Federal conocido como “ADPF das Favelas”, que refuerza el control de la actuación policial y la rendición de cuentas. También señaló la propuesta de Enmienda Constitucional de Seguridad Pública presentada en abril de 2025, que establecerá directrices generales y permitirá crear contralorías y defensorías con autonomía funcional. Asimismo, destacó políticas federales para reducir la violencia policial como el PRONASCI, el Plan Juventude Negra Viva y el Proyecto Nacional de Calificación del Uso de la Fuerza.

La Comisión recuerda que, conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el uso de la fuerza por parte del Estado debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. En el caso Favela Nova Brasília, la Corte Interamericana estableció la responsabilidad internacional del Estado por ejecuciones extrajudiciales y ordenó la adopción de medidas estructurales de no repetición. En este marco, reitera la necesidad de que se reformen los protocolos policiales sobre uso de la fuerza, privilegiando tácticas orientadas a la reducción de la letalidad y la protección de la vida y que el Ministerio Público conduzca directamente esas investigaciones penales, donde peritos independientes tengan acceso a pruebas y procedimientos. 

La Comisión Interamericana expresa su solidaridad con las familias de las víctimas y pone a disposición del Estado sus mecanismos de cooperación técnica sobre los estándares interamericanos sobre uso de la fuerza, así como para avanzar hacia la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.