FRANCISCO (AP).- Un hombre sospechoso de matar a 81 animales, entre ellos caballos miniatura, cabras y pollos, durante una masacre de tres horas en el norte de California, se declaró inocente de cargos de crueldad animal y otras acusaciones.

Vicente Arroyo, de 39 años, tuvo el jueves su comparecencia inicial después de que policías del condado de Monterey lo arrestaron a principios de la semana por presuntamente utilizar varias armas para disparar en contra de los animales que se encontraban en corrales y jaulas en un terreno de la pequeña comunidad de Prunedale.

Los dueños de los animales no quieren ser identificados ni hablar con los medios de comunicación, dijo el viernes a The Associated Press Andrés Rosas, jefe de la policía del condado de Monterey,

“Fui al lugar y la escena era bastante traumática. Estas eran las mascotas de esta gente”, dijo.

Uno de los caballos miniatura pertenecía al propietario del terreno en donde estaban alojados los animales, y los otros 80 pertenecían a alguien que alquiló el lugar para alojar a sus mascotas, dijo Rosas.

Según los registros judiciales, Arroyo fue acusado de matar a 14 cabras, nueve pollos, siete patos, cinco conejos, un cuyo y 33 periquitos y cacatúas. Arroyo también está acusado de matar a un poni de nombre Lucky y a dos caballos miniatura llamados Estrella y Princessa, informó KSBW-TV.

Algunos animales sobrevivieron al tiroteo, pero tuvieron que ser sacrificados debido a la gravedad de sus heridas, dijo Rosas. Arroyo vivía en una casa rodante ubicada en un viñedo junto a la parcela donde estaban los animales y aún se desconoce el motivo por el cuál cometió los asesinatos.

Su abogado, William Pernik, dijo que después de hablar con Arroyo y su familia se preocupó por el estado mental de su cliente y le solicitó al juez una evaluación de salud mental.

“Estamos tratando con un individuo que enfrenta cargos muy graves y que no parece estar en el estado mental adecuado para comprender los procedimientos en su contra”, dijo Pernik.

Pernik dijo que la familia de Arroyo se había puesto en contacto con varias dependencias gubernamentales para conseguirle ayuda, pero que “por desgracia, no recibió esa ayuda a tiempo, antes de que ocurriera este trágico incidente”. El juez ordenó una evaluación mental para Arroyo, quien se encuentra en prisión bajo y tiene una fianza de un millón de dólares.