VENEZUELA (France 24).-El máximo tribunal venezolano informó que efectuará un peritaje de los “documentos consignados” por los candidatos de la elección presidencial del pasado 28 de julio. El organismo, que es controlado por jueces afines al oficialismo, dice que trabaja en una sentencia que será “definitiva e inapelable”. La presidenta del Tribunal, cuestionada por su pasada militancia en el chavismo, recalcó que el candidato Edmundo González Urrutia, que concursó bajo el amparo de una coalición de partidos de oposición, había incurrido en desacato por no comparecer ante esta instancia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se pronunció este sábado sobre el recurso de amparo interpuesto por el presidente Nicolás Maduro sobre la elección presidencial efectuada el pasado 28 de julio. En un documento publicado este 10 de agosto, la instancia afirma que practicará un “peritaje” de los documentos consignados por candidatos participantes y organizaciones políticas (partidos). 

"Los magistrados de esta Sala Electoral se abocan al peritaje de todo el material consignado —en físico y digital— sobre el ataque cibernético masivo del cual fue objeto el Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, dando por cierta la versión del oficialismo sobre el supuesto ataque.

Rodríguez, una exmilitante del partido de gobierno, destacó que la decisión que se tome será "inapelable". Además, aseguró que la investigación "contará con personal altamente calificado e idóneo" y que trabajará con los "más altos estándares técnicos", aunque no brindó detalles al respecto, ni estimó el tiempo que tomará este proceso.

El Tribunal se aboca así a dirimir la controversia suscitada tras el boletín de resultados que leyó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, y que daba como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro. El resultado es cuestionado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una suerte de paraguas integrado por organizaciones de la sociedad civil y partidos vinculados a la oposición.

Amoroso fue diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hasta hace un año ocupaba el cargo de Contralor General de la República, institución que decretó la inhabilitación política contra la líder opositora María Corina Machado, quien fue vetada de la contienda.

Machado designó como sustituta a Corina Yoris, pero el CNE también impidió la inscripción de su candidatura. En las últimas horas del proceso de inscripción, la oposición logró registrar como candidato a Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera con 74 años y hasta hace unos meses un desconocido en la escena política.

La oposición acusa un fraude electoral y para demostrarlo afirma haber hecho públicas más del 80% de las actas o comprobantes emitidos por las máquinas de votación recolectadas por una red ciudadana de testigos electorales acreditados por el CNE. Según estas actas, Edmundo González Urrutia habría obtenido 67% de los sufragios, contra 30% del candidato oficialista Nicolás Maduro, que buscaba un tercer mandato.

La Constitución venezolana establece que toda la materia electoral recae sobre el Poder Electoral, cuya máxima autoridad es el CNE. La ley también obliga al organismo a publicar los resultados desagregados por entidad, municipios, parroquias, centros de votación y mesas electorales en un lapso de 48 horas después de la elección. Pero pasados más de 10 días de la contienda, el CNE aún no difunde los resultados pormenorizados y dice que ha sido víctima de un ataque cibernético.

Organizaciones como el Centro Carter, que fue invitado como observador electoral, aseguran que la elección no cumplió estándares internacionales y que no puede ser considerada como democrática. 

“El Centro Carter no puede verificar ni corroborar los resultados de las elecciones declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y el hecho de que la autoridad electoral no anunciara los resultados desglosados por colegio electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, expresó el organismo el 30 de julio tras abandonar el país.

Otra organización, como la colombiana Misión Observación Electoral (MOE), publicó el pasado 3 de agosto un informe en el que alcanza conclusiones similares. Mientras Estados Unidos, la Unión Europea y un puñado de países en Latinoamérica exigen la publicación de la data y una auditoría a los resultados. Los gobiernos de Brasil, Colombia y México buscan mediar en una solución a la crisis. 

Por lo pronto, la presidenta del TSJ recordó que González Urrutia fue el único de los diez aspirantes que no compareció ante el TSJ para el proceso. González Urrutia dijo en un comunicado que no acudiría al máximo tribunal porque estaría participando en un acto que —afirmó— viola el debido proceso: “La Sala Electoral no puede usurpar las funciones del Poder Electoral y ‘certificar’ unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la constitución y la ley”, insistió el exdiplomático.