PHOENIX (AP) — La vicepresidenta Kamala Harris destacó el lunes el respaldo que ha recibido por parte de alcaldes de ciudades fronterizas del estado indeciso de Arizona, en un intento de reducir el impacto de las críticas republicanas a su gestión de los cruces fronterizos no autorizados.

El equipo de campaña de Harris informó que había recibido el apoyo de los alcaldes de Bisbee, Nogales, Somerton, y San Luis, así como de los supervisores del condado de Yuma, Martin Porchas y Tony Reyes.

Los alcaldes fueron elegidos sin afiliación partidista, pero representan a comunidades de tendencia izquierdista. Porchas y Reyes son demócratas.

A una semana de su repentino ascenso a la cumbre de la fórmula presidencial demócrata, Harris está levantando su campaña y refinando sus argumentos para los votantes menos de 100 días antes de las elecciones. Los republicanos tratan de convertir la frontera en un lastre político para Harris, como lo fue para el presidente Joe Biden antes de que pusiera fin a su campaña de reelección.

Los republicanos señalaron que Harris no reprimió la inmigración no autorizada ejerciendo un papel que califican de "zar fronterizo" de Biden. Los republicanos de la Cámara de Representantes y un puñado de demócratas indecisos votaron la semana pasada a favor de reprender a Harris por las políticas fronterizas del gobierno.

El apoyo desde la frontera, que forma parte de una lista de partidarios de Arizona que Harris tiene previsto anunciar el lunes, ofrece una posible réplica a esas críticas, sobre todo en el único estado indeciso que comparte frontera con México.

"Confío en que ella satisfaga las necesidades de las ciudades y poblados fronterizos sin aprovecharse de nosotros para su propia ventaja política, como su opositor", dijo en un comunicado el alcalde de Somerton, Gerardo Anaya. Somerton es una ciudad de unos 14.000 habitantes en el extremo suroeste del estado.

Como vicepresidenta, Harris estuvo encargada de supervisar los esfuerzos diplomáticos para hacer frente a los problemas que provocan la migración en los países del Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras—, así como de presionarlos para fortalecer la aplicación de la ley en sus propias fronteras. El gobierno de Biden deseaba desarrollar y establecer una estrategia a largo plazo que aborde las causas fundamentales de la migración en esos países.

La inmigración ha sido un tema central de la identidad política de Trump desde que anunció su primera campaña en 2015. El magnate presenta una imagen de una frontera fuera de control que amenaza la seguridad y la economía nacionales. Si resulta electo para un segundo periodo, ha prometido deportar a millones de personas que viven sin autorización en el país.

Biden ha tratado tanto de endurecer las medidas contra las personas recién llegadas a la frontera como de ofrecer nuevas posibilidades de inmigración.

Las restricciones que anunció a principios de junio interrumpieron el acceso al asilo cuando las llegadas a la frontera alcanzaron un determinado número, lo cual enfureció a los defensores de los migrantes, quienes afirmaron que dicha política difiere poco de lo que intentó Trump. Luego, unas semanas más tarde, Biden anunció un nuevo programa dirigido a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses que llevan una década o más en el país que, en última instancia, podría proporcionarles una vía hacia la ciudadanía.

Las detenciones en la frontera han disminuido desde los máximos históricos registrados en diciembre del año pasado.