BOGOTÁ (AP) — La fiscalía colombiana imputó por homicidio a 24 militares presuntamente responsables de la muerte de 11 civiles en una cuestionada operación militar realizada en 2022 en el sur del país, informó el viernes esa entidad.

Según la investigación, los militares dispararon contra un caserío de la zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, cuando terminaba una festividad local y las personas "permanecían en estado de indefensión".

Entre las 11 víctimas se identificó a un menor de edad, el gobernador indígena de la población y el presidente de la Junta de Acción Comunal. Cinco personas más resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada que estaba durmiendo en su casa en el momento de los hechos.

El 28 de marzo de 2022 los militares se encontraban en una operación contra alias "Bruno", un cabecilla de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al proceso de paz firmado entre la guerrilla y el Estado en 2016.

La #Fiscalía presentó ante una juez de control de garantías a 24 integrantes del Ejército Nacional, que estarían involucrados en la muerte de 11 civiles el 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo, #Putumayo. Fueron imputados por los… pic.twitter.com/5QONtY6Ai8

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 19, 2024

De acuerdo con la fiscalía, los militares tenían pleno conocimiento de que "Bruno" no estaba en la zona y aún así dispararon contra el caserío "portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional".

"Durante dos horas y media los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación", agregó la fiscalía en un comunicado.

Tras la operación, los militares reportaron que estaban en combate con un grupo armado organizado residual al mando de alias "Bruno", según la fiscalía.

La fiscalía los imputó por homicidio de persona protegida, un delito que en Colombia puede ser penado con hasta 50 años de cárcel. Ninguno de los militares aceptó los cargos.

Tras la operación —que fue cuestionada por grupos comunales y de derechos humanos— el entonces presidente Iván Duque (2018-2022) y el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, defendieron la operación asegurando que fue "legítima" y siguió el derecho internacional humanitario.