CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La fracasada intentona golpista que encabezó el miércoles en Bolivia el general Juan José Zúñiga dejó un mar de dudas en amplios sectores políticos y sociales del país, que ven en el trasfondo de esa asonada la mano del sector derechista del Ejército y los coletazos del pleito político entre dos viejos aliados: el presidente Luis Arce Catacora y el exmandatario Evo Morales.

Zúñiga se encargó de darle una dimensión ideológica a su sublevación al advertir que una de sus intenciones era liberar a “presos políticos” que en realidad no lo son, porque se trata de civiles y militares condenados por participar en el golpe de Estado que derrocó en 2019 a Evo Morales, entre ellos la expresidenta interina Jeanine Añez y el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Pero el hecho es que la intentona golpista --que incluyó la llegada de Zúñiga a las puertas de la sede del gobierno, en La Paz, al frente de unidades blindadas y policías militares con pertrechos de combate-- se comenzó a gestar, aparentemente, la noche del martes, cuando el presidente Arce destituyó al general rebelde como comandante del Ejército.

La decisión del mandatario se produjo luego de que Zúñiga se lanzara en contra de Evo Morales en una “entrevista” televisiva en la que llamó “mitómano” al exmandatario (éste lo había acusado de organizar un atentado en su contra) y le advirtió que “legalmente está inhabilitado” para volver a ser presidente de Bolivia, por lo que lo detendría si se presenta como candidato a los comicios del próximo año.

La maestra en estudios latinoamericanos, María Fernanda Zuluaga, dice que Zúñiga “probablemente se pasó de ingenuo” al creer que sus declaraciones contra Morales serían respaldadas por el presidente Arce, quien desde el año pasado libra una dura disputa política con su exaliado por la influencia que éste quiere tener en el gobierno.

Para Zuluaga, hay varias “dudas legítimas” alrededor de la intentona golpista, que fracasó luego de que Arce nombrara un nuevo alto mando militar y designara al general de división José Wilson Sánchez como comandante del Ejército.

Mientras Zúñiga y sus tropas permanecían a las afueras de la Casa Grande, la sede del Ejecutivo boliviano, el general Sánchez juramentaba al interior del inmueble en su nuevo cargo con un llamado a las tropas sublevadas a regresar a los cuarteles, lo cual hicieron de inmediato.

La noche del miércoles, Zúñiga fue detenido por policías al salir de un cuartel militar en La Paz, pero antes de ser subido a una patrulla alcanzó a declarar a periodistas que en realidad había coordinado la intentona golpista con el presidente Luis Arce.

Según la versión del general sublevado, el pasado domingo se reunió con el presidente, quien le dijo que esta semana sería “muy crítica” por las protestas que generan la escasez de combustibles y de dólares y que era necesario tomar medidas drásticas para mejorar su popularidad.

De acuerdo con Zúñiga, Arce le dijo que era necesario “preparar algo” para levantar su popularidad, y el general le preguntó “¿sacamos los blindados?”, a lo que el presidente respondió afirmativamente.

Antes de que el general terminara su relato, fue conducido a una patrulla, y después varios políticos --tanto opositores de derecha como legisladores afines a Evo Morales y confrontados con Arce-- hicieron suya la versión de que todo se había tratado de un “autogolpe” del presidente para mejorar su imagen, que está golpeada por la severa crisis económica que atraviesa el país.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del sector “evista” del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), calificó de “autogolpe” la sublevación militar y sostuvo que “el pueblo boliviano se hunde en la incertidumbre” con ese tipo de acciones y con el “desorden institucional”.

Problemas económicos

Arce ha enfrentado en los últimos meses protestas de transportistas y comerciantes inconformes con el alza y la escasez de combustibles y de dólares para importar productos básicos, como medicinas.

La crisis de divisas se debe a la caída de la producción de gas boliviano, que era el primer producto de exportación del país, y a las restricciones para exportar oro por el impacto ambiental que provoca la explotación de este mineral. El dólar, que tiene una cotización oficial de 6.96 bolivianos por unidad, se vende en el mercado negro a 9 bolivianos, la moneda local.

La oposición de derecha y la facción “evista” del MAS han aprovechado esta crisis para pedir acortar el mandato de Arce. Morales ha dicho que se presentará como candidato a las elecciones de agosto de 2025 para cumplir un cuarto mandato, a pesar de que un fallo de la Corte Constitucional de 2023 le prohibiría postularse.

Arce, en cambio, está facultado para buscar su reelección, pero su popularidad se ha visto afectada por la crisis económica.

La internacionalista María Fernanda Zuluaga señala que los bolivianos recuerdan los tres periodos de gobierno que cumplió Morales entre 2006 y 2019, cuando fue derrocado por un golpe del Ejército, como un periodo de crecimiento y desarrollo social, gracias a las exportaciones de gas. Su ministro de Economía fue Luis Arce.

“Ahora los dos están confrontados y es inevitable mencionar ese hecho como un factor que gravitó en la intentona golpista de este miércoles”, señala la experta en asuntos latinoamericanos. 

Dice que, un hecho paradójico, es que, al parecer, la intentona golpista del general Zúñiga se produjo tras su destitución como comandante del Ejército, decidida por Arce, por declarar en contra de Morales.

Para Zuluaga, la asonada también puede indicar que hay un sector de las Fuerzas Armadas de Bolivia que es “ideológicamente conservador”, que está muy ligado a la oligarquía tradicional del país y que no acaba de aceptar a un gobierno de izquierda, como es el de Arce y, antes, el de Morales.

El expresidente fue de los primeros políticos en denunciar en su cuenta de X el despliegue de personal militar en las afueras de la casa de gobierno en La Paz y el desarrollo de un golpe de Estado encabezado por el general Zúñiga, por lo que convocó a los movimientos sociales “a defender la democracia”.

Una vez que se sofocó la asonada, Morales escribió en X que tras el repliegue “de un pequeño grupo de efectivos militares” que se encontraban en la Plaza Murillo, frente a la sede de gobierno de Arce, suspendía su convocatoria a las movilizaciones.

El maestro en Ciencias Políticas Damián Andrada, quien radica en Bolivia, sostiene que la intentona golpista deja muchas interrogantes porque es un hecho que a Zúñiga lo destituyó Arce luego de hablar en contra de Morales y porque no parece lógico que los sectores “antievistas” civiles y militares quieran destituir a un presidente que está confrontado con el exmandatario.

“Yo veo más que Zúñiga no hizo un buen cálculo político y que se aventuró en una intentona medio solitaria con parte del Ejército”, asegura.

El político “evista” del MAS, César Dockweiler, aseguró que se trató de un “autogolpe” del que Arce “sale fortalecido”.

Morales no ha secundado hasta ahora los calificativos de sus aliados políticos. 

La Fiscalía boliviana informó en un comunicado que inició una investigación penal contra el general Zúñiga y todos los involucrados en la intentona golpista y que pedirá para ellos la máxima sanción posible.

La ministra de la Presidencia, María Lena Prada, mostró la noche del miércoles, en una rueda de prensa, un documento presuntamente firmado por el general Zúñiga en el que éste afirma que el golpe de Estado no se consumó porque unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que participarían “no pudieron llegar” a La Paz.

Prada dijo que la declaración de Zúñiga a la prensa, en el sentido de que el presidente Arce había ordenado movilizar los blindados, es “inconcebible”.