RÍO DE JANEIRO (AP).— El Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó este martes despenalizar la posesión de mariguana para uso personal, en una medida que podría reducir la enorme población carcelaria de Brasil.

Tras las votaciones finales del martes, la mayoría del tribunal de 11 magistrados votó a favor de la despenalización desde que comenzaron las deliberaciones en 2015.

Los jueces todavía deben determinar la cantidad máxima de mariguana que se consideraría para uso personal y cuándo entrará en vigor el fallo. Se espera que eso se defina el miércoles.

Todos los magistrados que votaron a favor dijeron que la despenalización debe limitarse a la posesión de mariguana en cantidades adecuadas para el consumo personal. La venta de drogas seguirá siendo ilegal.

En 2006, el Congreso de Brasil aprobó una ley con la que se pretendía castigar a las personas que fueran sorprendidas con pequeñas cantidades de drogas, incluida la mariguana, con penas alternativas como el servicio comunitario. Los expertos afirman que la ley era demasiado vaga y no establecía una cantidad específica para ayudar a las fuerzas del orden y a los jueces a diferenciar el consumo personal del tráfico de drogas.

La policía siguió deteniendo a personas que portaban pequeñas cantidades de droga con cargos de tráfico y la población carcelaria de Brasil siguió aumentando.

“La mayoría de los detenidos en prisión preventiva y de los condenados por tráfico de drogas en Brasil son infractores sin antecedentes, que llevaban consigo pequeñas cantidades de sustancias ilícitas, capturados en operaciones policiales rutinarias, desarmados y sin pruebas de relación alguna con el crimen organizado”, afirmó Ilona Szabó, presidenta del Instituto Igarapé, un centro de estudios enfocado en la seguridad pública.

El Congreso respondió a las deliberaciones en curso del máximo tribunal presentando por separado una propuesta para endurecer la legislación sobre drogas, lo que complicaría el panorama legal en torno a la posesión de mariguana.

En abril, el Senado aprobó una enmienda constitucional que penaliza la posesión de cualquier cantidad de sustancia ilícita. La comisión constitucional de la cámara baja aprobó la propuesta el 12 de junio, y deberá pasar al menos por otra comisión antes de ser sometida a votación en el pleno.

Si los legisladores aprueban esta medida, la normativa prevalecerá sobre la sentencia del Supremo Tribunal, pero podrá ser impugnada por motivos constitucionales.