Aquel primero de julio de 2020, cuando el presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, rendía homenaje por su toma de posesión como titular del Ejecutivo, declaró ante las personas asistentes las palabras que ahora resuenan (con alarma) en medios de comunicación de todo el mundo: “Nos toca ahora, a todos, sufrir un poco. Nos toca ahora, a todos, tener un poco de dolor”. Y así ocurrió.

El mandatario, en su discurso, narraba las condiciones con las cuales operaría parte de su estrategia de seguridad. Es decir, su plan de combate a las pandillas. Un proyecto dividido, hasta ahora, en cinco etapas al que denominó Plan Control Territorial (PCT), con el que pretendía terminar con las injusticias y la violencia.

Entre otras cosas, el PCT de Bukele preveía dos estrategias centrales. La primera fue ejecutada el 27 de marzo de 2022, y contempló la aplicación, vía legislativa, de un régimen de excepción, con el cual las autoridades en materia de seguridad realizaron redadas aleatorias para dar con los presuntos delincuentes. Este régimen canceló los derechos constitucionales para la población. La segunda etapa consistía en la construcción de una megaprisión con cargo al erario y capacidades para la reclusión nunca antes vistas.

Más que un edificio, fue una promesa de paz. Una que se rompió en el corto plazo. Así, en términos de lo que se anhela con gran esperanza, el 31 de enero de 2023, en la República de El Salvador, se atestiguó la apertura de aquel armatoste de cemento y acero al que, bajo el ordenamiento de Nayib Bukele, nombraron Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), es decir, una megaprisión con protocolos de máxima seguridad y con capacidad para recluir a 40 mil personas. Se trata del centro penitenciario más grande de la región latinoamericana, según las palabras de su principal promotor, el presidente de El Salvador.

Y tratando de justificar la construcción de dicho armatoste y el régimen de excepción que ya generaba descontentos y preocupación, Bukele comentó frente a los medios: “Son más importantes los derechos humanos de la gente honrada”.

El presidente pronunciaba esa frase durante una rueda de prensa efectuada en Palacio Nacional, cuando la prensa asistente le cuestionaba sobre la viabilidad de usar un centro de confinamiento y un régimen que no respetaba los derechos humanos para terminar con la delincuencia que azotó a El Salvador.

La duda de los medios era legítima. Y es que desde la apertura de dicha megacárcel y la implementación del régimen, se desconoce la cifra exacta de personas detenidas y en situación de privación de la libertad. Tampoco existe claridad respecto a las personas que han perdido la vida durante estas detenciones. Algunas fuentes, como el Ministerio de Seguridad, reportan un aproximado de 71 mil personas detenidas y 11 asesinatos. A pesar de esa información la incertidumbre persiste.

México, ¿país invitado?

La información sobre las personas detenidas no es la única que falta. Pues a pesar de los intentos por acceder a los contratos que erogó El Salvador a las tres empresas que construyeron la prisión, hasta el momento ningún medio de comunicación o ciudadano ha logrado tener acceso. Tampoco ninguna autoridad explica el porqué se seleccionaron dichas empresas contratistas o a cuánto asciende la deuda que tendrán que pagar los y las salvadoreñas.

De hecho, en su portal de transparencia, el Ministerio de Hacienda de El Salvador únicamente reporta los números de contrato, la fecha de contratación y la razón social (o nombre) de la firma contratista. Incluso, una de las principales críticas al proyecto de Bukele es justo su opacidad. Algunos expertos en finanzas, como la firma Bloomberg, reportan que hasta el momento sólo se puede conocer un estimado del costo debido al “hermetismo del presidente”, monto que actualmente asciende a los 70 millones de dólares (según la fuente consultada).

Parte de la información que sí es pública apunta a que una firma mexicana estuvo involucrada en la construcción del edificio donde ahora decenas de salvadoreños han perdido la vida.

En total son tres empresas las que se encargaron de la construcción. Se trata de las firmas salvadoreñas OMNI y DISA, mientras que la mexicana es Contratista General de América Latina, SA de CV.

Pero en México el problema es el mismo, la opacidad. La primera mala práctica de la empresa aparece en sus registros o en la falta de ellos. Pues ante el portal de transparencia del Registro Comercial del Estado Mexicano (Sistema Integral de Gestión Registral, SIGER), la firma no reportó quiénes son sus accionistas.

Es más, su más reciente movimiento mercantil fue el de cambiar el nombre y objeto de la sociedad, es decir, modificar las razones por las cuales el acuerdo con el que se constituyó la empresa sería renovado para poder ejercer diferentes funciones.

La operación ocurrió el 11 de junio de 2020. En dicho trámite (del cual PODER posee copia), la firma representada por la ciudadana Gabriela Soto Nava, en su calidad de delegada general, solicitó al notario público número 97 del Estado de México, Marco Antonio Espinoza Rommyngth, el cambio de denominación. Así, pasó de llamarse Marcadores de Pavimento, SA de CV, a Contratista General de América Latina, SA de CV; asimismo Soto Nava solicitó cambio de domicilio social para, finalmente, modificar el objeto de la sociedad mercantil.

Con dichos trámites, la firma pasó de argumentar que era especialista en señales viales a construir todo tipo de infraestructura carretera, puentes y prisiones.

Sin embargo, personas y organizaciones expertas critican fuertemente el modelo donde una empresa que es señalada por casos de violación a los derechos humanos o corrupción en un país, pueda solamente hacer cambios administrativos para continuar generando ingresos en otro país. Asimismo, existen estándares internacionales en materia de las responsabilidades de los Estados respecto de los derechos humanos fuera de sus fronteras.

Por ejemplo, los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen dichas responsabilidades, y en su apartado de “Alcances” explican algunas de las obligaciones de los Estados (adheridos) por regular a las empresas que causen algún daño en países donde desempeñan sus actividades comerciales. Los Principios de Maastricht constituyen una opinión internacional de personas expertas que reitera las normas de derechos humanos en el área de las Obligaciones Extraterritoriales (ETOs, por sus siglas en inglés).

“Todos los Estados deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que los actores no estatales que estén en condiciones de regular, como se establece en el Principio 25, incluyendo individuos y organizaciones privadas, empresas transnacionales y otras empresas comerciales, no anulen o menoscaben el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”, cita el documento en su apartado IV.

¿Quién está detrás de la firma? Y qué hace en México

A pesar de la información faltante, gracias a algunos movimientos mercantiles de la firma y los esfuerzos por recuperar el sistema de contrataciones públicas en México, podemos saber temporalmente quiénes son algunos de sus accionistas y cuántos contratos ha recibido del gobierno mexicano.

Por ejemplo, sabemos que Grupo Tradeco es empresa matriz de la firma que construyó el Cecot, es decir, Contratista General de América Latina, SA de CV. Un dato relevante sobre su empresa central en México es que estuvo varios meses sancionada por corrupción.

Tradeco también renovó sus contratos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según la información revelada en la plataforma Quién es Quién desarrollada por PODER, la firma Contratista General de América Latina, SA de CV, recibió tres adjudicaciones con instituciones mexicanas por un total de 45.9 millones de pesos entre los años 2020 y 2021. Dos con la Guardia Nacional (GN) y otro más con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Respecto a los dueños, apoderados o representantes de la empresa, sabemos que el ciudadano Eduardo Andrés Benton Zavala administra la firma en El Salvador. Lo anterior, según se dictamina en la asamblea 2019099615 en manos de este medio de comunicación.

Este personaje, Andrés Benton, parece nuclear en la estructura del grupo empresarial. Además de representar a Grupo Tradeco en México, también lo hace en Estados Unidos. Benton Zavala operó como representante de la firma Tradeco en una demanda contra la firma Ranger Offshore México, S. de RL de CV, ocurrida en Houston, Texas, debido al presunto incumplimiento de Tradeco a la demandante.

El motivo de la sanción fue que esta firma fue señalada en 2015 por conflicto de interés en los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Según lo reportan algunos medios como El Financiero, la firma enfrentaba juicios en todo el país y al menos otro en Estados Unidos por incumplimiento de contratos.

Luego de esos juicios (en México y Estados Unidos), el gobierno federal decidió que Tradeco no podría hacer negocios con el gobierno por 30 meses. Finalmente, a través de un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la inhabilitación quedó efectiva.

Otro nombre que coincide entre ambas razones sociales (Grupo Tradeco y Contratista General de América Latina) es el de Yves Loustalot Laclette Macias, quien además de reportar en Hacienda ser vicepresidente de Contratista General, aparece también como vicepresidente en Tradeco.

Al día de hoy, en que ha pasado un año y meses de que ambas operaciones (el régimen de excepción y la megacárcel) están en funcionamiento, las autoridades de El Salvador ya reconocen el asesinato de al menos 11 personas en ese marco y no hay acuerdo sobre la cantidad de personas privadas de su libertad sin derechos constitucionales. Con las familias de las personas recluidas silenciadas y las organizaciones de la sociedad civil atacadas discursiva y financieramente por el gobierno, la realidad ya supera a la aplicación de justicia.

Más que un edificio, era una promesa de paz, sí. Pero era una que se rompió en el corto plazo tras el terror a ser detenido y considerado un terrorista, sin debido proceso. Y claro, también fue un buen negocio desarrollado en la opacidad.