CIUDAD DE MÉXICO (France24).- El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dado luz verde a una  ley que criminaliza el discurso de odio en el país e impone penas de cárcel de hasta cinco años por crímenes de odio. La aprobación de esta ley llega en medio de las celebraciones por el Día de la Libertad en Sudáfrica, que marcan también el 30 aniversario de la elección de Nelson Mandela como presidente del país. La norma tiene también sus críticos, que temen que la criminalización de amplias categorías del discurso público castigue la libertad de expresión.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, aprobó el jueves 9 de mayo una Ley que busca prevenir y castigar los delitos y el discurso de odio. El proyecto había sido aprobado el miércoles por el Parlamento sudafricano. La nueva ley llega en medio de las celebraciones por el Día de la Libertad en Sudáfrica, que este año conmemora 30 años del fin del régimen de 'Apartheid' en este país y que —además— marca el 30 aniversario de la llegada de Nelson Mandela a la Presidencia, un hito que cambió la historia de la nación.

La norma, llamada Ley de Prevención y Lucha contra los Delitos de Odio y la Expresión del Odio, prohíbe dichos delitos y expresiones y habilita el procesamiento de las personas que los cometan. Además, impone penas de cárcel de hasta cinco años para los infractores. 

La Presidencia de Sudáfrica dijo en un comunicado que la ley "hace efectivas las obligaciones de Sudáfrica según la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas relacionadas de intolerancia".

El delito de incitación al odio se aplica a cualquier persona que intencionadamente publique, comunique o comparta algo a una o más personas de forma que pueda interpretarse que demuestra una clara intención de ser perjudicial o de incitar al daño y de promover o propagar el odio basado en motivos definidos, dice el gobierno sudafricano.

La nueva ley también incluye excepciones a la aplicación de normativas y penas. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley la creación artística, actuación y otras formas de expresión; así como la investigación académica o científica, la información u opiniones que sean de interés público y la defensa de las creencias religiosas que no constituyan apología o incitación a causar daño a otros.

Críticas a la nueva ley

Organizaciones no gubernamentales y grupos defensores de derechos humanos han objetado desde 2017 la promulgación de una ley contra el odio en Sudáfrica, pero no precisamente porque defiendan el anterior statu quo. 

Aunque estas organizaciones no se han opuesto a las intenciones del gobierno de prevenir o castigar el discurso y los crímenes de odio, algunas han destacado que el alcance y la vaguedad de algunas definiciones podría tener como consecuencia el retroceso en las libertades, especialmente aquellas sobre la libre expresión. 

“El discurso racista es especialmente preocupante si se tiene en cuenta el legado del 'Apartheid'. De hecho, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su honda preocupación por la ausencia de legislación para hacer frente a los delitos motivados por el odio y la incitación al odio en Sudáfrica y animó al gobierno a aprobar una ley que cumpla las normas internacionales de derechos humanos”, apunta el investigador Wenky Isaack, de la organización Human Rights Watch.

Isaack cree que el gobierno puede legislar sobre estos crímenes y discurso de odio de una manera en que se garantice que el Derecho Penal —o los castigos que involucren encarcelamiento— solo se aplique a los casos más graves, relacionados con conductas delictivas: “la expresión de ideas u opiniones controvertidas, por ofensivas que sean, cuando se hace sin incitar a la violencia, debe considerarse un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, protegido constitucional e internacionalmente”, explica.

Desde la presentación del proyecto ante el Comité de Cartera de Justicia y Servicios Penitenciarios —una comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional de Sudáfrica— en abril de 2018, el proyecto fue objeto de contestación política y pública por el alcance de su contenido: al menos 100.000 peticiones o enmiendas se presentaron contra el proyecto, según la organización ADF International.

Una dolorosa historia de odio, racismo y discriminación

Aunque la población negra y mestiza de Sudáfrica ya estaba bajo el dominio colonial de la minoría blanca desde la colonización, las leyes que configuraron el sistema segregacionista del 'Apartheid' comenzaron a regir en 1948, hasta convertir a Sudáfrica en uno de los regímenes más crueles y racistas del mundo.

Tras siglos de dominio blanco, el 27 de abril de 1994 los sudafricanos negros acudieron por primera vez en la historia a las urnas de votación en unas elecciones generales. Esto marcó el fin oficial del régimen del 'Apartheid', o de la segregación y discriminación oficial de la población por parte de los 'afrikaaners', descendientes de colonizadores holandeses y alemanes. 

La victoria abrumadora de la formación del Congreso Nacional Africano, el partido que apoyó a Mandela, que obtuvo 63% de los votos, allanó el camino para que poco más de una semana después, el 9 de mayo de 1994, el recién elegido Parlamento sudafricano eligiera a Nelson Mandela como primer presidente negro del país.

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El camino de Sudáfrica hacia la libertad y el fin de la opresión sobre la población negra fue largo, tortuoso y en ocasiones muy sangriento: miles de activistas y estudiantes negros que se atrevieron a protestar, tanto en voz alta como en silencio, fueron asesinados o acallados.

Tras el 'Apartheid' se han producido grandes avances sociopolíticos, pero el legado del racismo y la segregación sigue siendo claramente visible en Sudáfrica.

Según el Banco Mundial (BM), Sudáfrica es el país más desigual del mundo y las disparidades raciales son la principal causa de desigualdad en los ingresos, si bien el género también es significativo, ya que las mujeres perciben salarios un 38% inferiores a los hombres.

Con EFE, Reuters y medios locales