CIUDAD DE MÉXICO (France24).- El Senado de Brasil aprobó este martes 16 de abril una reforma constitucional que tipifica como delito la posesión y tenencia de drogas ilícitas en cualquier cantidad. La aprobación, que contó con una mayoría aplastante: 53 votos a favor y 9 en contra, es vista como un desafío al Tribunal Supremo, donde sigue en curso un juicio sobre la despenalización de la marihuana para uso personal.

Este martes 16 de abril, la Cámara Alta de Brasil, de mayoría conservadora, dio su aval a una enmienda constitucional que criminaliza el porte y posesión de cualquier cantidad de droga. 

El único grupo político que orientó a sus senadores a votar en contra fue el Partido de los Trabajadores, del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora la Cámara de los Diputados tendrá la última palabra, pero lo más probable es que confirme la decisión de los senadores.

La Propuesta de Enmienda Constitucional fue presentada en septiembre del año pasado por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, en medio del proceso en el Supremo Tribunal Federal sobre la despenalización de la posesión de marihuana en pequeñas cantidades y para uso personal.

Pacheco afirmó que es una “invasión de competencia” el hecho de que la Corte Suprema juzgue a favor de la despenalización de las drogas. Con esta decisión, por tanto, el Senado le planta cara a la máxima instancia jurídica del país, en un intento de defender su territorio.

Debido a su composición conservadora, el Parlamento brasileño suele impedir la aprobación de las leyes más progresistas. Es bastante común que los diputados de la oposición judicialicen temas sociales como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la despenalización del aborto y que la Corte Suprema acabe pronunciándose y decidiendo. Es por esta razón que muchos senadores han considerado la votación una victoria sobre el Supremo, acusado de invadir la esfera del Poder Legislativo con decisiones a veces monocráticas.

Uno de los argumentos esgrimidos por los congresistas es que la liberalización de las drogas no ayuda a resolver el problema del narcotráfico y de las cárceles abarrotadas.

Con 832.295 presos y un aumento del 257% desde el año 2000, Brasil tiene una de las poblaciones carcelarias más grandes del mundo. Otro argumento repetido durante la votación en el Senado es que Brasil se opone a la liberalización.

“La sociedad brasileña no lo quiere y el Estado brasileño no está preparado para el aumento de la dependencia. Esto es innegable, es incuestionable", afirmó el relator de la propuesta, el senador Efraim Filho.

"Incluso quienes lo defienden están de acuerdo. Si se despenalizan las drogas, es natural que haya un aumento en el consumo. El aumento del consumo provocará una explosión de la dependencia, y la dependencia química es un mal en la familia brasileña”, añadió.

Sin embargo, varios expertos discrepan de esta visión. Para la psiquiatra Camila Magalhães, investigadora del Centro de Epidemiología Psiquiátrica de la Universidad de São Paulo, el consumo de drogas es un problema que involucra muchos elementos, por lo que no es aconsejable abordar el tema solo a través de la lógica del sistema penal.

Por su parte, la profesora Andrea Gallassi, integrante de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, recordó que Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile son ejemplos de países suramericanos que no penalizan el consumo personal de marihuana. En su opinión, en estos países no se produjo un aumento del consumo.

“La aprobación en el Senado de la PEC (propuesta de enmienda constitucional) que consolida en la Constitución la penalización de la posesión y la tenencia de drogas para uso personal es un retroceso gravísimo. Además de ser ineficaz, la ‘guerra contra las drogas’ tiene consecuencias devastadoras para los derechos humanos: alimenta el crecimiento de organizaciones criminales que cometen abusos y corrompen el Estado de derecho, impulsa operaciones policiales letales en las favelas, llena las cárceles con personas que no deberían estar tras las rejas y socava los derechos a la salud y a la privacidad”, señala la ONG Human Rights Watch.

El pasado diciembre, más de 70 organizaciones de la sociedad civil publicaron una declaración pública contra esta reforma. El documento argumentaba que el texto es inconstitucional y también afirmaba que la propuesta “reforzaría el racismo estructural”.

Por lo pronto, la propuesta recién aprobada prevé incluir en la Constitución una distinción entre traficantes y consumidores de drogas, con penas alternativas a la prisión para quienes hagan uso de sustancias ilícitas. Es decir, los senadores han optado por criminalizar solo a quien vende los estupefacientes.

A efectos prácticos, la propuesta de enmienda no trae innovaciones y refuerza la ya existente en la Ley de Drogas, en vigor desde 2006. Se trata más bien de un mensaje político en un año electoral, ya que en octubre los brasileños tendrán que elegir los alcaldes y los concejales de los 5.568 municipios de todo el país. Y todos los partidos saben que conquistar el voto de los evangélicos depende de la defensa activa de la familia y de los valores tradicionales.

En la actualidad, la Ley de Drogas establece que es delito la adquisición, el almacenamiento y el transporte de estupefacientes para consumo personal y establece penas alternativas a los consumidores, como prestar servicios comunitarios y asistir a cursos educativos.

“Nadie va a la cárcel en Brasil por el consumo de drogas. La legislación es clara, nadie es condenado a la prisión. Lo que estamos discutiendo aquí es si va a haber un parámetro para que una persona sea abordada [por la Policía] y que una de las condiciones sea la cantidad de marihuana que pueda tener”, afirmó durante la sesión Flávio Bolsonaro, el hijo senador del expresidente Jair Bolsonaro.

“Sé que está difícil encontrar empleo en este país, pero no podemos estar de acuerdo en legitimar la profesión de ‘avioncito’ del narcotráfico. Para quien no sabe lo que es, es la persona que está en la línea de frente, trabaja para los grandes narcotraficantes y lleva pequeñas cantidades de drogas hasta los usuarios finales", dijo.

"Con este parámetro que parece que va a ser establecido por la Corte Suprema, va a haber pandillas de narcotraficantes en todo Brasil y muchos ‘avioncitos’. ¿Es esto lo que queremos para nuestro país?”, añadió el hijo de Bolsonaro.

Tras esta votación, Brasil toma el camino opuesto de Alemania, que recientemente legalizó el consumo y la posesión de cannabis en pequeñas cantidades de hasta 50 gramos.

También se distancia de países vecinos como Uruguay, que en 2013 se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el consumo adulto o lúdico de cannabis.

Queda por ver ahora qué pasará con los medicamentos a base de cannabis. Su uso está siendo actualmente analizado en el Congreso, especialmente para el tratamiento de enfermedades raras.

El coordinador del Grupo de Trabajo sobre Cannabis del Consejo Federal de Química destacó esta semana el potencial del uso terapéutico de los productos derivados de esta planta. Ubiracir Lima, que es químico industrial, defendió que es importante que Brasil investigue en esa área, que puede ser muy rentable y generar empleo. “La estigmatización puede inhibir esta investigación y el crecimiento industrial”, dijo.

A partir de mayo, la red de salud pública del estado de São Paulo proporcionará gratuitamente medicamentos a base de cannabidiol, el llamado CBD a pacientes con síndromes de Dravet y Lennox-Gasteau y de esclerosis tuberosa. Será la primera vez que el sistema público de salud incluya esta sustancia en su lista de tratamientos. De todas formas, son muy caros y de difícil acceso a la población.

El protocolo prevé la distribución de cannabidiol únicamente a pacientes con resistencia comprobada a otros tratamientos. Por lo tanto, será obligatorio presentar una serie de documentos al momento de la solicitud. Esta burocracia y el precio del tratamiento impiden, de momento, el acceso de muchos pacientes a este tipo de medicamentos.