BUENOS AIRES (France24).– No parece haber semanas tranquilas en Argentina. No es algo reciente, pasa desde hace meses. Pero con la llegada del ultraderechista Javier Milei a la Presidencia, parece haberse intensificado. Es que la voluntad reformadora del mandatario implica que plantee constantes situaciones de fricción y choque.

El viernes de la semana pasada, el presidente argentino, Javier Milei, hizo su primera presentación en el Congreso en el marco del inicio de las sesiones ordinarias del Parlamento. Cuando asumió el 10 de diciembre, rompiendo con la tradición, habló del lado de afuera, de espalda a los legisladores y de frente a los simpatizantes que fueron a verlo.

El presidente está reñido con el Congreso y con los gobernadores provinciales, que suelen tener injerencia sobre los legisladores. La tensión se acrecentó cuando el Ejecutivo decidió semanas atrás retirar su gran paquete de leyes del Congreso porque los legisladores no aprobaron algunos artículos de la meganorma.

En su alocución del viernes pasado les ofreció a los gobernadores un paquete de alivio fiscal a cambio de que votaran –a libro cerrado (sin hacerle modificaciones), dicen en el gobierno, aunque no está claro que pueda ser así– esa llamada "Ley Ómnibus". El corte de envíos de fondos a las provincias desde el Estado Nacional puso en una difícil situación a los mandatarios de esos distritos.

Hay que ver si ceden a la presión de Milei, pero las conversaciones recién comienzan. Por lo pronto, esta semana, el gobierno nacional liberó fondos para las áreas de educación de las provincias, al prorrogar un decreto que tiene esa finalidad.

El presidente también anunció frente al Congreso que invitará a los gobernadores y a los políticos que quieran sumarse a firmar un gran acuerdo nacional el próximo 25 de mayo (fecha en que se conmemora la independencia del país). La lista de diez puntos del acuerdo aparece ya cerrada, pero resta ver primero si los gobernadores deciden sumarse, si buscan modificarla y si, finalmente, más allá de que se firme o no, se termina de implementar.

Los múltiples frentes del gobierno: ajuste, protestas y una economía frenada

Mientras tanto, el gobierno puede exhibir algunos datos positivos. Las cotizaciones del dólar se mantienen estables, en un proceso que va lentamente acercando los valores del dólar paralelo al del oficial, lo que podría eventualmente llevar a un levantamiento de las restricciones para operar con dólar oficial y una eventual unificación cambiaria.

El gobierno cree que eso podría ocurrir hacia mitad de año, o tal vez antes. También se encuentra estable el riesgo país y suben los bonos soberanos, a la vez que el más reciente reporte de expectativas del mercado que realiza el Banco Central estima que la inflación irá bajando hasta alcanzar el 7% mensual en agosto.

Sin embargo, otros números son menos alentadores. Además de lo referido a la caída de los ingresos, se suman datos que dan cuenta de un fuerte enfriamiento de la economía. Según cifras oficiales, en enero de 2024 la actividad manufacturera cayó un 12.4% interanual y un 1.3% respecto a diciembre de 2023.

En este contexto contractivo, y respecto al plan de ajuste que lleva a cabo el Ejecutivo, en una conferencia de prensa el jueves 7 de marzo, Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional -organismo con el que Argentina tomó en 2018 un crédito que asciende a 44 mil 500 millones de dólares-, dijo que el gobierno debe “mantener el valor monetario de las jubilaciones y las pensiones, para proteger a los segmentos más vulnerables de la población”.

Las jubilaciones y pensiones cargaron, justamente, con la mayor parte del ajuste de los gastos del Estado en enero y febrero, de acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que dice que “soportaron el 43% de la reducción total del gasto del bimestre, como consecuencia de la licuación de las jubilaciones”.

El ajuste económico también impacta por los recortes en partidas presupuestarias, que frenaron, como ya mencionamos, los giros a las provincias e inversiones en obras públicas, o el envío de fondos a la principal transportista eléctrica de alta tensión, Transener, entre otros. También hay una suerte de parálisis en algunas áreas de gobierno, bien por falta de nombramientos de funcionarios que puedan firmar expedientes para que el engranaje del Estado se ponga en movimiento, bien por estrategias que parecen simplemente buscar ganar tiempo, al contener gastos.

Por ejemplo, desde los comedores comunitarios insisten en que la distribución de alimentos por parte del Estado nacional está paralizada, aunque el gobierno asegura que sí está entregando a los que cumplen con los requisitos de inscribirse en un padrón y dejar que se los audite.

También hay denuncias por la falta de entrega de medicamentos para enfermedades graves, que distribuye el gobierno nacional a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Como ocurre en otras áreas del gobierno, la parálisis, dicen las autoridades, tiene que ver con que están revisando el modo en que se trabaja. Tanto la distribución de alimentos como la DADSE están bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, una de las funcionarias más cercanas a Javier Milei.

El viernes el presidente también anunció el cierre de la agencia estatal de noticias Télam. El fin de semana, los alrededor de 700 trabajadores de la empresa recibieron una comunicación para que no fueran a trabajar durante los siguientes siete días. Luego desapareció el sitio web de Télam, que fue reemplazado por un mensaje en el que se lee “Página en reconstrucción”. El lunes, los trabajadores de la empresa convocaron a un abrazo a uno de los edificios de la agencia, para reclamar que se revise su potencial cierre. El gobierno no explicó cómo prevé llevar adelante la clausura de Télam, aunque el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que esta semana se presentaría un plan detallado. El vocero también dijo que la salida de línea del sitio web de la agencia era algo temporal, pero todavía no ha sido revertida.

Otro frente abierto por el gobierno es con la militancia feminista. Este viernes, 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, día en que movimientos feministas, organizaciones LGTBIQ+ y otros grupos que plantean una mirada que respete la perspectiva de género realizan importantes manifestaciones en el país. Esta semana, Milei participó del acto de comienzo de clases de la escuela a la que había concurrido. Allí dijo que "el aborto es un asesinato agravado por el vínculo" e hizo referencia a quienes llamó "asesinos de los pañuelos verdes”. El pañuelo verde fue el símbolo de la campaña que en 2020 consiguió que el derecho al aborto seguro, legal y gratuito quedara consagrado en una ley.

El 8M será, entonces, para los colectivos que lo convocan, una oportunidad para demostrar su fuerza en la calle ante un gobierno que dice estar en contra de sus más fuertes agendas. Habrá que ver cómo responden las fuerzas de seguridad, sobre todo si se tiene en cuenta que, como dijo la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, tras una visita al país la semana pasada, “la regulación del gobierno es excesiva y tiene como objetivo desalentar la protesta ciudadana”.

Carta de 68 premios Nobel a Milei

Un grupo de 68 científicos y académicos que han recibido el Premio Nobel le enviaron una carta a Javier Milei, en la que dicen:

“Observamos cómo el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio y nos desalientan las consecuencias que esta situación podría tener, tanto para el pueblo argentino como para el mundo”.

Entre otros puntos, la carta hace referencia al cierre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el despido de empleados administrativos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y otros institutos científicos del país, la terminación anticipada de contratos y los ajustes presupuestarios que afectan al Conicet y a las universidades nacionales.

En el caso de las universidades, la preocupación es tal que sus autoridades estiman que los fondos para su normal funcionamiento podrían acabarse antes de mitad de año si el gobierno no revisa la decisión de no renovar los presupuestos, que no se han actualizado desde 2023, y quedaron seriamente desfasados respecto a la inflación.

Los 68 premios Nobel piden en su carta que el “gobierno restablezca los presupuestos sometidos a restricciones impuestas recientemente al importantísimo sector científico y tecnológico de su país”.

En respuesta a la misiva, el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, dijo que el Ejecutivo recibió con “sorpresa” la carta y argumentó que “el gobierno nacional apuesta por la ciencia y tecnología”. Pero agregó que “no se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”, aunque no explicó cómo se prevé distinguir entre los fondos para diferentes líneas de investigación ni qué pasó específicamente con los denunciados recortes de gastos.

Extraña detención por amenaza al presidente

El miércoles, el Ministerio de Seguridad difundió un comunicado en el que dijo que la Policía Federal había detenido a un joven de 29 años acusado de amenazar de muerte al presidente. La causa por “intimidación pública” quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, que encabeza Julián Ercolini.

El comunicado causó revuelo porque señalaba que, al revisar las redes del acusado, la Policía “determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética”, también que “contaba con vínculos con grupos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público”.

El texto publicado por el Ministerio de Seguridad no explicó en qué medida el dato acerca de la propaganda política tenía relevancia para el caso. Tampoco detalla la acusación de que supuestos grupos comunistas podrían atentar contra el orden público, no presenta nombres de los grupos ni indica de dónde surgió esa información.

El comunicado tampoco dejaba en claro cómo se encuadraba la amenaza al presidente. Según lo explicado por el texto, un hombre denunció que, en un intercambio en redes sociales, otro individuo, tras una discusión política, “amenazó con disparar en la cabeza al denunciante y al presidente Javier Milei”. Y, agrega el texto, que “advirtió que pretendía atentar contra las personas que asistan a marchas a favor del primer mandatario”. Desde la Presidencia dijeron a France 24 que se trató de una conversación a través de mensajes privados de Instagram.

Finalmente, no termina de explicarse por qué la causa quedó encuadrada como “intimidación pública”, cuando se trató de una conversación privada.

France 24 intentó comunicarse con el Ministerio de Seguridad para aclarar estos puntos, pero, tras varios intentos, no recibió respuesta. Tampoco obtuvo respuesta del juzgado de Ercolini.

Alberto Fernández es imputado

La justicia está investigando al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) porque presume que pudo haber estado involucrado en un esquema para que ciertos intermediarios se beneficiaran de comisiones excesivas por contratos de seguros entre reparticiones públicas y la empresa estatal Nación Seguros.

En diciembre de 2021, Fernández, que completó su mandato el 10 de diciembre de 2023, emitió un decreto que obligaba al sector público estatal a contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública Nación Seguros. El fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación de la causa contra Fernández, cita una investigación periodística del Diario Clarín en la que se señala que existieron contrataciones con Nación Seguros a través de intermediarios que recibieron una comisión del triple del valor de mercado.

La publicación que cita el fiscal también indica que Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, era al menos uno de los intermediarios en dichas contrataciones. El fiscal Ramiro González pidió la imputación de Alberto Fernández, del extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano y de Héctor Martínez Sosa.

El expresidente Fernández rechazó las acusaciones. Para continuar con su investigación el fiscal González buscará información sobre contrataciones vinculadas con el decreto de 2021 y pidió que Nación Seguros remita los contratos firmados con reparticiones públicas tras la publicación de esa norma.