En momentos en que Francia consagra la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución, Reino Unido enfrenta un fuerte aumento de las condenas por aborto. En Inglaterra y Gales se utiliza una ley de 1861 para procesar a mujeres, y al menos en un caso se ha llegado a una condena de prisión.

Francia se ha convertido en el único país del mundo que protege el derecho a interrumpir un embarazo en su Constitución, después de que este lunes se añadiera oficialmente el acceso al aborto a las libertades garantizadas en la Carta Magna francesa. Se trata de una reacción directa al retroceso del derecho al aborto en Estados Unidos y otros países.

Sin embargo, al otro lado del Canal de la Mancha, las mujeres siguen corriendo el riesgo de ser procesadas por someterse a la intervención, ya que el aborto no se ha despenalizado en Reino Unido.

Las británicas se enfrentan a un fuerte aumento de las condenas por aborto, con una ley que data de 1861 que se utiliza para procesar a las mujeres y, en al menos un caso, conduce al encarcelamiento.

Entre 1967 y 2022, tres mujeres fueron condenadas por abortar ilegalmente en Inglaterra y Gales. Pero solo en los últimos 18 meses, seis mujeres han sido procesadas por presuntos delitos de aborto.

De los seis casos, tres fueron archivados y dos están a la espera de juicio, según el Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS). Una mujer fue enviada a prisión.

Aborto ilegal y cadena perpetua

Según la legislación aprobada hace 163 años, el aborto sigue siendo un delito en Inglaterra y Gales.

La Ley de Delitos contra las Personas de 1861 establece que es ilegal que una mujer se procure su propio aborto o facilite los medios para que otra mujer interrumpa un embarazo.

Lo que hoy hace accesible la interrupción del embarazo es la Ley del Aborto, aprobada por el Parlamento en 1967. La norma permite a los médicos practicar abortos y a las mujeres acceder a ellos, pero solo si cuentan con la autorización de dos médicos colegiados y reúnen al menos una de una serie de circunstancias específicas.

Entre ellas están el posible riesgo para la salud física o mental de la madre o de los hijos existentes en su familia, cualquier riesgo sustancial para su vida y cualquier anomalía física o mental grave que pudiera presentar el feto.

En 1990 se añadió un plazo de 24 semanas, pero con excepciones, por ejemplo, si la mujer corre riesgo de muerte o "daño permanente" para su salud física o mental, o si existe una anomalía fetal grave.

Pero fuera de estas restricciones, las mujeres pueden seguir enfrentándose a una pena de cadena perpetua, una de las penas más duras por abortar ilegalmente en Europa.

Muchos países de Europa aún castigan por realizarse un aborto o por abortar fuera del sistema sanitario, afirma Mara Clarke, cofundadora de Supporting Abortions for Everyone (SAFE), organización benéfica paneuropea para facilitar el acceso al aborto. "Pero ninguna de las penas es la cadena perpetua", agrega.

Los médicos de Inglaterra, Gales y Escocia tienen la última palabra sobre si una mujer puede o no acceder a un aborto. Ellos determinan si el riesgo para la salud es lo suficientemente grave como para exigir la interrupción del embarazo, si el aborto es necesario para evitar un "daño permanente grave" a la salud mental o física de la mujer, e incluso pueden renunciar a prestar servicios de aborto si se oponen por motivos de conciencia.

Una mujer en Inglaterra o Gales puede incluso ser procesada si compra píldoras abortivas por Internet sin la autorización de los dos médicos requeridos, o si interrumpe su embarazo más allá del límite de 10 semanas para los abortos médicos a domicilio o de 24 semanas para los abortos en un centro sanitario acreditado.

Otros profesionales de la salud, incluidas las enfermeras, no están habilitados a autorizar un aborto, y la doble aprobación solo está reservada a los médicos.

"No se tienen en cuenta las razones por las que una mujer puede querer interrumpir un embarazo", según un grupo de la campaña por el derecho al aborto en el Reino Unido dirigido por profesionales sanitarios llamado Doctors for Choice (Médicos por el derecho a decidir).

"La ley impide que enfermeras y matronas tengan un papel pleno en la atención al aborto a pesar de estar más que capacitadas para ello", afirma el grupo en su página web.

El diario 'The Independent' informó que el doctor Jonathan Lord, copresidente de la Sociedad Británica de Proveedores de Atención del Aborto, sabe de al menos 60 investigaciones penales sobre presuntos abortos ilegales en Inglaterra y Gales desde 2018.

"Una aberración"

"Realmente tenemos cosas mejores que hacer con nuestro tiempo y nuestro dinero", suspira Clarke, de SAFE. "Hay 60 investigaciones, sí, pero de cuántos abortos: ¿200.000?". Se siente frustrada por el hecho de que la atención pública se centre en los procesamientos y no en la prestación segura y garantizada de servicios de aborto para todos.

"¿Cuántas veces tuvo que presentarse Carla Foster ante el tribunal antes de que se anulara su caso?". Para Clarke, la respuesta es "demasiadas".

Carla Foster es una madre de tres hijos que interrumpió su embarazo fuera del límite legal de 24 semanas en las primeras semanas de la pandemia de Covid-19. Tomó mifepristona -una píldora abortiva- después de que expirara el límite, durante los bloqueos impuestos por la pandemia.

En junio de 2023 fue condenada a 28 meses de prisión y enviada a la cárcel de Foston Hall, en Derbyshire, donde estuvo 35 días.

Foster llevó su caso ante un tribunal de apelación para reducir su condena y ganó. El juez consideró que Foster, de 46 años, necesitaba "compasión, no castigo", y redujo su pena a 14 meses de suspensión condicional. Fue puesta en libertad en julio.

"La opinión pública británica es muy liberal respecto al aborto y está bastante a favor del derecho a decidir", afirma Sally Sheldon, profesora de la Universidad de Bristol especializada en derecho sanitario. "Es relativamente fácil para las personas con acceso al NHS (Servicio Nacional de Salud) recibir atención abortiva. En ese contexto, estos casos son realmente una aberración", añade.

No obstante, la ley -cuando se aplica- es severa.

"A la mayoría de estas mujeres se les quitan los portátiles y los teléfonos... Ha habido casos de mujeres a las que se les ha retirado la custodia de sus hijos porque se les consideraba un riesgo para ellos", dice Sheldon. "Afecta a toda la familia. El impacto es enorme", expresa.

Sheldon conjetura que el repentino aumento de los procesamientos podría estar relacionado con un mayor conocimiento de las píldoras abortivas. "Desde la pandemia, las mujeres pueden hacer una consulta en línea y pedir que les envíen las píldoras", afirma. "Creo que eso ha generado un clima de sospecha mucho mayor en torno a la pérdida posterior inexplicada del embarazo o el parto prematuro. Parece que la mayoría de los casos los denuncian los profesionales sanitarios... los denuncian a la policía".

A principios de este año, el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos publicó nuevas directrices sobre la atención al aborto. Tras manifestar su "preocupación por el creciente número de investigaciones policiales tras abortos de gestación avanzada y pérdidas de embarazos, y por el impacto que esto puede tener en las mujeres", instó a los profesionales sanitarios a "cumplir con su responsabilidad profesional de justificar cualquier revelación de información confidencial de la paciente".

Se espera que la diputada laborista Diana Johnson presente este mes una enmienda a la Ley de Justicia Penal del Reino Unido que pondría fin a los procesamientos de mujeres por interrumpir embarazos después del límite de las 24 semanas.

"Si esa enmienda es seleccionada para el debate, espero que tenga muchas posibilidades de ser aprobada", dice Sheldon. "Pero es muy difícil saberlo", asegura.