TALLAHASSEE, Florida, EU (AP) — Florida tendrá una de las prohibiciones más restrictivas al uso de redes sociales por parte de menores de edad —si sobrevive a las impugnaciones judiciales que se tienen previstas— después de que el gobernador Ron DeSantis firmó la medida el lunes.

La propuesta prohibirá las cuentas en redes sociales para menores de 14 años y requerirá permiso de los padres para adolescentes de 14 y 15 años. Es una versión levemente suavizada de una prohibición que DeSantis vetó hace pocos días, una semana antes de que finalizara el periodo legislativo de sesiones.

La nueva ley, la máxima prioridad legislativa del titular de la asamblea estatal, el republicano Paul Renner, está programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2025.

La iniciativa que vetó DeSantis habría prohibido que los menores de 16 años ingresaran a las populares plataformas de redes sociales sin importar el consentimiento de sus padres. Pero antes del veto, el gobernador llegó a un acuerdo con Renner sobre la redacción de la iniciativa para abordar sus inquietudes, y la legislatura le envió un segundo proyecto de ley a DeSantis.

Varios estados sopesan medidas similares. En Arkansas, un juez federal bloqueó la aplicación de una ley en agosto que requería consentimiento de los padres para que un menor de edad cree una nueva cuenta en redes sociales.

Los partidarios de la medida en Florida esperan que sobreviva a las demandas porque prohibirá formatos en redes sociales basados en rasgos adictivos, como notificaciones y videos automáticos, y no en sus contenidos.

Renner señaló que prevé que las compañías de redes sociales "presenten una demanda un segundo después de que se promulgue esto. Pero ¿saben qué? Los vamos a derrotar. Los vamos a vencer y nunca, jamás, nos detendremos".

DeSantis también admitió que la ley enfrentará impugnaciones por asuntos relacionados con la primera enmienda de la Constitución, y se quejó del hecho de que la Ley Stop Woke (Detener al Progresismo) que firmó hace dos años fue recientemente anulada por un tribunal de apelaciones integrado en su mayoría por jueces designados por republicanos. Los magistrados determinaron que la medida violaba el derecho a la libertad de expresión al prohibir que los negocios privados tuvieran discusiones sobre desigualdad racial durante la capacitación laboral.