BRASILIA (France 24).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido acusado formalmente por la Policía Federal de Brasil de intentar perpetrar un golpe de Estado, tras perder las elecciones en octubre de 2022, y de liderar una asociación criminal que planificaba matar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva; a su número dos, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, responsable de las principales investigaciones en su contra. 

En el informe policial de 884 páginas figuran 37 acusados, en su mayoría militares. Entre ellos está el ex ministro de Defensa, el general Walter Souza Braga Netto, que también fue ministro de la Casa Civil y que en 2022 concurrió a la Vicepresidencia de Brasil al lado de Bolsonaro; el general Augusto Heleno, ex ministro del Gabinete de Seguridad Institucional y unos de los militares más próximos a Bolsonaro; el ex comandante de la Armada, Almir Garnier Santos; y el ex jefe de los servicios secretos, Alexandre Ramagem. 

Es la primera vez en la historia de Brasil que oficiales de alto grado son acusados de un crimen para atentar contra el orden democrático. “La investigación sobre el intento de golpe de Estado no tiene precedentes no solo porque conlleva la acusación a un expresidente de la República, sino por el simbolismo de exigir a militares de alto rango que respondan por el crimen de amenazas a la democracia brasileña. En total, 24 militares responderán por ese crimen”, destaca la columnista Míriam Leitão. 

En cambio, es la tercera vez este año que Bolsonaro es señalado por la Policía Federal como autor de diferentes crímenes. En marzo, el expresidente y su secretario personal, el teniente coronel Mauro Cid, fueron acusados de falsificar la tarjeta de vacunación de Covid-19 para que el exmandatario pudiese entrar en Estados Unidos, a finales de diciembre de 2022, donde permaneció cerca de tres meses. 

Además, el pasado mes de julio fue acusado de la venta de las joyas que el Gobierno de Arabia Saudita ofreció como regalo al Gobierno brasileño. Por ley estos presentes deben ser conservados en el archivo del Estado. Sin embargo, estos fueron presuntamente comercializados como objetos personales en Estados Unidos por estrechos colaboradores de Bolsonaro. En aquella ocasión, los cargos fueron por asociación criminal, blanqueo de capitales y apropiación de bienes públicos. 

Sin embargo, el asunto esta vez es más serio por la naturaleza del presunto crimen y puede conducir a la imputación de Bolsonaro y de sus supuestos cómplices. El informe final de la Policía Federal con las conclusiones de la investigación ya ha sido enviado al Supremo Tribunal Federal. A partir de ahora, corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Paulo Gonet, evaluar las pruebas presentadas y decidir si formaliza una denuncia contra una parte o la totalidad de los acusados.  

También cabe la posibilidad de que este órgano pida más pruebas e informaciones a la Policía, algo que acabaría extendiendo la duración del proceso. En cualquier caso, la PGR tendrá que denunciar a Bolsonaro y a los otros 36 acusados ante la Corte Suprema, que iniciaría un proceso penal contra los imputados. En el mundo jurídico se habla de una pena para el expresidente de hasta 28 años de cárcel. 

“Esta acusación ahora, en muchos sentidos, tiene mayor densidad y es más grave que las demás. Las otras implican delitos gravísimos – cualquier delito es grave, especialmente si lo comete un presidente de la República –, pero éste implica un atentado contra el Estado y contra la democracia. Por lo tanto, realmente tiene el potencial de generar sentencias muy altas. Como es un delito que realmente tiene capacidad de conmover mucho al Poder Judicial, porque ataca incluso a uno de los ministros de la Corte Suprema, puede incluso derivar en prisión preventiva”, señala el abogado Antônio Carlos de Almeida Castro. 

Una trama para matar a Lula da Silva 

Esta noticia llega dos días después de otra operación policial, que en medio de la celebración de la cumbre del G20 reveló detalles escalofriantes sobre un presunto plan llamado ‘Daga verde y amarilla’ para asesinar a Lula y a su vice. Los implicados habrían pretendido ejecutar al actual presidente de izquierda el 15 de diciembre de 2022, mediante envenenamiento o con una fuerte dosis de medicamentos, y justificar su muerte como algo natural ligado a su estado de salud. 

En el caso del juez Moraes, la idea era usar armas de fuego o explosivos. Por esta razón, un grupo de militares de élite conocidos como ‘Kids pretos’ espió todos sus movimientos durante semanas. Según la investigación de la Policía, el asesinato de Moraes se frustró solo debido a la profunda división en el seno de la cúpula de las Fuerzas Armadas. El comandante del Ejército, el general Marco Antônio Freire Gomes, se negó a apoyar el golpe. 

“Tengo que estar mucho más agradecido porque estoy vivo. El intento de envenenarme a mí, a mí y a Alckmin, no funcionó y estamos aquí", dijo el presidente Lula el pasado jueves durante un acto público en Brasilia. Por su parte, Bolsonaro rompió su silencio con un ataque contra el magistrado que lleva su proceso. “Alexandre de Moraes lleva a cabo toda la investigación, ajusta declaraciones, arresta sin denuncias, realiza pesca de pruebas y tiene asesores bastante creativos. Hace todo lo que la ley no dice”, declaró a un periódico brasileño. 

En cambio, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, mostró menos compostura al negar cualquier participación en el supuesto magnicidio. “Por más repugnante que sea pensar en matar a alguien, eso no es un delito”, afirmó. Según el senador, para que exista un intento de asesinato es “necesario que su ejecución se vea interrumpida por alguna situación ajena a los agentes” que, según él, no “parece" haber ocurrido. Además, el parlamentario dijo que las decisiones judiciales en el caso no tenían “sustento jurídico” y las calificó de “repugnantes” y “antidemocráticas”. 

Esta bomba informativa explota pocos días después de que un hombre intentase llevar a cabo un atentado contra la Corte Suprema en Brasilia. Francisco Wanderley Luiz detonó varios artefactos caseros en la Plaza de los Tres Poderes, que el 8 de enero de 2023 fue vandalizada por grupos extremistas a favor de Bolsonaro, y falleció en el intento de matar al juez Moraes, sin causar otras víctimas.  

El hombre en 2020 había sido candidato en las elecciones municipales de su ciudad, en el Estado de Santa Catarina. Su exesposa asegura que nunca se había involucrado con la política y que se volvió loco tras la derrota de Bolsonaro. “Intentamos decirle: esto no es normal. Pero no había conversación posible. Estaba indignado por la política. Llegó al fanatismo”, asegura. 

Este atentado, que está siendo investigado como un posible acto terrorista, y la reciente operación policial han aniquilado cualquier probabilidad de una amnistía política para los 1.200 imputados del intento de golpe de enero de 2023, cuyo proceso está siendo instruido por el juez Moraes. El propio Bolsonaro llegó a pedir públicamente esta solución en más de una manifestación. Pero Moraes ya ha mandado su recado. “No hay posibilidad de pacificación con amnistía para los criminales”, dijo el 14 de noviembre, tras el atentado en Brasilia. “No es un hecho aislado. Forma parte de un contexto que se mezcla con el aparato del odio”, del que señala a Bolsonaro. 

Mientras tanto, un partido de izquierda (PSOL) ha pedido la encarcelación inmediata de Bolsonaro y Braga Netto. Sin embargo, en los bastidores se habla de "prudencia" por parte de la Policía y de los jueces, que prefieren tener todo muy atado antes de emitir una orden de prisión para no ser acusados de persecución política. Varios aliados del expresidente ya se han pronunciado en este sentido. “La acusación (de Bolsonaro) no solo era esperada, sino que representa una continuación del proceso de incesante persecución política al espectro político que representan”, afirmó el senador Rogério Marinho, que fue ministro de Desarrollo Regional en el Gobierno de Bolsonaro. 

Otra preocupación para el exmandatario de derecha es la delación premiada de su antiguo secretario, el teniente coronel Mauro Cid, que el jueves declaró de nuevo ante el juez Moraes y confirmó que la presunta reunión preparatoria para el golpe y el posible asesinato de Lula y su vice fue realizada en casa del general Braga Netto, el 12 de noviembre de 2022. Los detalles de la investigación policial muestran la certeza de la impunidad de los militares involucrados. El plan fue impreso en el Palacio del Planalto, la sede del Gobierno brasileño, y según los agentes, Bolsonaro estaba al tanto de todo. Las próximas semanas serán decisivas para el exmandatario, que el año pasado fue inhabilitado políticamente y no podrá participar en las elecciones hasta 2030.