BOGOTÁ (AP) — Las autoridades electorales colombianas decidieron el martes abrir una investigación y formular cargos contra la campaña de Gustavo Petro de 2022, en la que resultó elegido presidente, por presunta financiación prohibida y por exceder los gastos electorales en hasta 1,2 millones de dólares.

La investigación que llevará a cabo el Consejo Nacional Electoral revisará los fondos utilizados para la promoción electoral de hace dos años, cuando Petro se postuló como candidato y se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia.

En un comunicado, la autoridad electoral detalló los montos de la primera y segunda vuelta cuestionados por no haber sido declarados en su momento y que alcanzan hasta 1,2 millones de dólares.

Aunque la investigación podría generar sanciones administrativas, no puede derivar directamente en su destitución. Como presidente Petro tiene inmunidad y sólo el Congreso puede iniciar un juicio político en su contra.

De comprobarse las irregularidades se impondrían multas contra quienes administraron la campaña electoral como el gerente, el auditor o el tesorero.

Petro reaccionó a la decisión del Consejo Nacional Electoral con un escueto mensaje en X, antes Twitter: “Ha comenzado el golpe de Estado”.

El mandatario colombiano ya había dicho con anterioridad que se está fraguando un “golpe de Estado a la colombiana” asegurando que es el primer paso para sacarlo de su cargo usando las instituciones estatales. Según el mandatario, una investigación del Consejo Nacional Electoral a su campaña llevaría a que a él se lo juzgara en un juicio político ante el Congreso.

La autoridad electoral, que a mediados de septiembre aplazó su decisión sobre si abrir o no una investigación a los gastos de campaña de Petro, detalló en su comunicado que hubo siete aportes, préstamos, pagos o gastos en la primera vuelta electoral que no fueron reportados oportunamente y otros cinco en la segunda vuelta.

Además, citó que la campaña de Petro recibió fondos de “fuentes de financiación prohibidas” procedentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de Ingenial Medias y de la Unión Sindical Obrera.

En los últimos 30 años ningún presidente en Colombia ha sido despojado de su cargo en un juicio político en el Congreso.

El abogado defensor del presidente, Héctor Carvajal, señaló el mes pasado en una radio colombiana que había interpuesto un recurso ante el Consejo de Estado para que corrija su decisión y aclare que el fuero del presidente es integral, por lo que no podría ser investigado por la autoridad electoral. También adelantó que presentaría un recurso a la Corte Constitucional y acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.