BOGOTÁ (apro).- Un grupo de ONG con base en Europa acusó a los gobiernos de los presidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) de permitir que las bandas del narcotráfico asumieran el control de las prisiones de Ecuador, lo que contribuyó al aumento de la violencia en un país que antes era considerado uno de los más seguros de América Latina.

En un comunicado divulgado desde España, las organizaciones humanitarias expresaron su “profunda inquietud” por la situación en las prisiones ecuatorianas, que se convirtieron en los últimos años en los centros operativos de las organizaciones criminales que libran una guerra contra el Estado y el gobierno del presidente Daniel Noboa, quien sólo lleva dos meses en el cargo.

Las ONG llamaron a la comunidad internacional a dirigir su atención hacia “la crítica y a menudo ignorada crisis en Ecuador”, que se centra especialmente en sus 36 cárceles, las cuales albergan a más de 32 reclusos que fueron asignados a penales y pabellones de acuerdo con sus afiliaciones a los grupos delictivos, lo que facilitó que controlaran los centros de reclusión.

El pasado 9 de enero, las bandas ecuatorianas del narcotráfico –entre ellas los poderosos “Choneros”, “Lobos” y “Tiguerones” – desataron una articulada ola de violencia a nivel nacional, con atentados explosivos, secuestros de policías y motines carcelarios, en respuesta al estado de excepción decretado por el presidente Noboa para enfrentar al crimen tras la fuga de una prisión de Adolfo Macías Villamar, alias “El Fito”, el principal aliado del Cártel de Sinaloa.

Los ataques pusieron en jaque al gobierno de Noboa, que respondió con una declaratoria de “conflicto armado interno” y con un decreto que asigna a las fuerzas armadas las labores de control de orden público, que incluyen la toma de los penales controlados por el crimen organizado.

El grupo de ONG europeas cuestionó el papel de la fiscalía y de entidades gubernamentales “por su incapacidad para detener las masacres en las cárceles, que desde 2018 han resultado en ejecuciones extrajudiciales de más de 500 reclusos”.

Los motines en los penales se han presentado por las pugnas entre las mismas bandas del narcotráfico, principalmente entre “Los Choneros”, a quienes se les vincula con el Cártel de Sinaloa, y “Los Lobos” y “Los Tiguerones”, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las ONG, entre las que figuran la Asociación por las Libertades y los Derechos Humanos en Iberoamérica, la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Francia y el Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana, señalaron que la desaparición en 2018, bajo el gobierno de Moreno, del Ministerio de Justicia agravó la crisis de seguridad.

También, la creación del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, que “pese a estar a cargo de la gestión penitenciaria, carece de la autoridad y alcance territorial para enfrentar eficientemente estos desafíos”.

Entre las medidas que ha tomado Noboa para enfrentar la crisis se encuentran varios operativos de la policía y las fuerzas armadas en los principales penales, donde han encontrado instalaciones de lujo en las que vivían los jefes de las bandas, varios de los cuales han sido trasladados a otras prisiones.

Las ONG citaron un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala que el crimen organizado “ha influido profundamente las estructuras del Estado ecuatoriano” y que este fenómeno es “resultado de procesos de desinstitucionalización”.

La CIDH mostró “su profunda preocupación por el dominio de mafias, que dirigen sus actividades delictivas desde dentro de las prisiones, exacerbado por la carencia de recursos y la corrupción en todos los niveles del Estado”.