BOGOTÁ, Col. (Proceso).- La guerra que desataron las bandas del narcotráfico contra el Estado ecuatoriano es una prueba más del “rotundo fracaso” de la política global antidrogas basada en el prohibición, ya que ésta, en sus 52 años de vigencia, ha convertido a América Latina en la región más violenta del mundo mientras que la oferta y la demanda de estupefacientes crecieron de manera exponencial.

Así lo plantean expertos en política de drogas consultados por Proceso, quienes coinciden en que la ola de violencia en Ecuador y el desafío que plantea el crimen organizado al Estado es una oportunidad para que los países latinoamericanos, en especial los más golpeados por la violencia del narcotráfico -México, Colombia, Honduras y ahora Ecuador-, planteen a la comunidad global un cambio de paradigma en la política antidrogas.

La sucesión de atentados, ataques armados en centros comerciales, canales de televisión y universidades y secuestros de policías y guardias penitenciarios llevaron al joven presidente ecuatoriano Daniel Noboa a declarar al país en estado de “conflicto armado interno” y a catalogar a los integrantes de las bandas criminales como “terroristas”, lo que da facultades a las Fuerzas Armadas a tratarlos como “objetivos militares”.

Fracaso rotundo

El doctor en Ciencia Política de la universidad francesa de Toulouse, Mauricio Jaramillo Jassir, dice que los acontecimientos de los últimos días en Ecuador, donde se han registrado al menos 23 atentados explosivos, confirman que la guerra contra las drogas que lanzó e impuso al mundo el presidente de Estados Unidos en 1971, Richard Nixon, “es un fracaso rotundo”.  

Nuestros territorios, señala, “se han convertido en campos de batalla, y esto lo vemos en Guayaquil (la ciudad ecuatoriana más golpeada por la guerra terrorista de las bandas del narcotráfico), en San Pedro Sula (Honduras), en Celaya y Tijuana (México), en Río de Janeiro (Brasil), en Cali, Pereira y Bogotá (Colombia) y en Caracas (Venezuela)”.

¿Y qué nos muestra toda esta violencia? -se pregunta el maestro en Relaciones Internacionales y Seguridad del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, y responde-: que nos hemos obstinado en seguir pensando que vamos a ganar la guerra contra las drogas que lanzó Nixon hace 52 años y que hasta Estados Unidos ha comenzado a replantear en varios estados con la despenalización de la mariguana”.

La violencia, dice, seguirá golpeando a las ciudades latinoamericanas, y cada vez con mayor intensidad, “si no superamos el enfoque prohibicionista de la política de drogas y pasamos a la regulación”.  

Factor determinante

Los ataques que han ejecutado las bandas del narcotráfico en Ecuador en la última semana han producido unos 30 muertos y causan el terror de la población en un país que hasta hace apenas cinco años era uno de los más pacíficos de la región, con una tasa de homicidios de 5.8 por cada 100 mil habitantes en 2018.

La irrupción de los cárteles mexicanos de la droga en Ecuador -vecino de los dos principales productores de cocaína en el mundo, Colombia y Perú- convirtió al país en un corredor logístico del narcotráfico y empoderó económica y militarmente a bandas locales como “Los Choneros”, “Los Lobos” y “Los Tiguerones”, que hoy representan el principal desafío al Estado.   

Dinámicas de violencia

La doctora en Sociología de la UNAM y experta en política de drogas, Estefanía Ciro, señala que “definitivamente, las dinámicas de violencia en América Latina tienen mucho que ver con el modelo prohibicionista y represivo de control de drogas”.

Ese modelo, explica la académica colombiana, establece unas condiciones asimétricas del funcionamiento del mercado de drogas en las que quienes más dinero reciben son quienes más violencia ejercen y quienes menos ingresos obtiene en la cadena del narcotráfico son los que más violencia reciben.

“Es común que se piense que la política antidrogas es como un accesorio, como una herramienta de manual sin mayor valor, pero la experiencia de Colombia muestra que es determinante en la dinámica de un conflicto armado”, señala la autora de “Las tierras profundas de la lucha contra las drogas en Colombia”.

De acuerdo con la académica e investigadora sobre el impacto de la guerra contra las drogas en la región, el caso colombiano muestra con claridad la relación entre violaciones masivas de los derechos humanos y la política de drogas prohibicionista, que es “el factor central que explica la falta de control sobre estas dinámicas de violencia como la que se observa en Ecuador”.

Frente común

El doctor en Ciencias Sociales y experto en asuntos de seguridad en Ecuador, Fernando Carrión, dice que la situación de violencia que vive su país hace “absolutamente necesario” retomar el debate global sobre la política global de drogas a partir de la realidad común de inseguridad que registran varias naciones latinoamericanas.

“Es imprescindible que América Latina se integre en un frente común para plantear que no podemos seguir poniendo los muertos de esta guerra y que debemos cambiar el enfoque de la política antidrogas”, dice el académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en su sede en Quito. 

“Incluso yo preguntaría -señala el experto-: ¿cuáles estados en América Latina tienen una institucionalidad propia que define la política antinarcóticos? Pues ninguno. Esta política se define en Washington, en las agencias como la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) y nos es impuesta”.

El presidente Noboa ha dicho que su país necesita tropas extranjeras, artillería y apoyo en inteligencia para combatir a las bandas del narcotráfico, que según un estudio de Fernando Carrión tienen unos 50 mil miembros, mientras que las Fuerzas Armadas y la policía suman unos 127 mil efectivos, aunque la falta de inversión de los últimos gobiernos los tiene en desventaja frente al crimen por la falta de actualización en su armamento y equipo táctico.  

La prioridad

Noboa ha sostenido que en estos momentos los ecuatorianos no deben pensar “por ego o vanidad” en que se debe proteger la soberanía y evitar la llegada de tropas extranjeras, ya que la prioridad del momento es enfrentar al crimen organizado.

“Los Choneros”, la mayor banda del país, cuenta con el respaldo del Cártel de Sinaloa, mientras que “Los Lobos” y “Los Tiguerones”, que juntas suman unos 14 mil 500 integrantes, trabajan en alianza con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) e incluso en ocasiones se hacen llamar “Nueva Generación”.  

El presidente colombiano Gustavo Petro dijo el martes 16, en el marco de su participación del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que es necesaria la concertación latinoamericana para enfrentar con una visión compartida desafíos criminales como el que plantean las bandas del narcotráfico a Ecuador.

El gobernante incluso convocó a todos los países de la región a una cumbre antidrogas en Bogotá en la que se dará seguimiento a la conferencia que encabezaron en septiembre pasado en Cali el propio Petro y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, en la cual criticaron la política de drogas prohibicionista y pidieron explorar nuevos enfoques.

De acuerdo con Petro, la cumbre antidrogas en Bogotá, que aún carece de fecha, ya fue acordada con López Obrador y con el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

El jefe de Estado dijo que en todo el continente hay “un nuevo actor de la violencia”, que es el multicrimen de alcance trasnacional, y señaló que “hay fortísimas bandas delincuenciales con capacidad de control territorial, de influencia política y de control sobre la población en muchas regiones, con capacidad de barbarie y de muerte”.

En esa cumbre, explicó, se analizará “la errada política antidrogas de los Estados Unidos y su prohibicionismo”, lo que debe cambiar.

Además, “las formas delincuenciales son hoy mucho más poderosas” y esto debe discutirse entre todos los países de la región para abordar, juntos, “el nuevo reto que tenemos en materia de seguridad”.

Caso omiso de México

El excandidato presidencial ecuatoriano Christian Zurita ha denunciado la creciente influencia de los cárteles mexicanos de la droga en su país y ha solicitado al gobierno mexicano colaborar con el país para enfrentar esas alianzas, que se traducen un gran flujo de armas y financiamiento para los grupos criminales locales.

“No hemos recibido ayuda de México, el presidente López Obrador no está interesado en ayudarnos a enfrentar este problema”, afirma Zurita, quien asumió en agosto del año pasado la candidatura presidencial del Movimiento Construye luego de que el 9 de ese mes fuera asesinado el abanderado original de ese partido, Fernando Villavicencio, quien días antes había denunciado que “capos de Sinaloa” lo habían amenazado de muerte.

El académico e internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir dice que el principal objetivo de la política global de drogas basada en el prohibicionismo era atacar la producción de estupefacientes -especialmente en Latinoamérica, que produce mariguana, heroína y cocaína- para que, a través de esa vía, se produjera un desabasto de esas sustancias y se desalentara así el consumo.

En cambio, afirma, lo que hemos visto es un aumento del consumo de drogas en Estados Unidos y Europa; un alza en la producción de cocaína, y la proliferación de sustancias sintéticas como el fentanilo, que son más letales.

“Es decir -agrega el experto-, la supuesta reducción en la oferta y la demanda que prometió la guerra antidrogas no ha funcionado, y lo primero que hay que hacer es reconocer que el enfoque punitivo, de prohibición, fracasó, y que hay que transitar hacia un nuevo enfoque, de regulación más que de prohibición”.

Paradigma prohibicionista

Jaramillo Jassir sostiene que América Latina ha sido incapaz de formar un frente común para exigir un replanteamiento de la política global de drogas, a pesar de que la región tiene varios gobiernos de izquierda (desde México hasta Chile, pasando por Colombia, Bolivia y Brasil) que, al menos en teoría, tienen una postura favorable a superar el paradigma prohibicionista y represivo.

El expresidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, Francisco de Roux, señala que una de las conclusiones a la que llegó ese organismo -creado para aportar verdad sobre el conflicto armado interno- es que es que el narcotráfico es el “más grande obstáculo” para pacificar a este país y erradicar la violencia que lo azota.

“El peso de este fenómeno en nuestros países es muy grande y debemos emprender juntos nuevos caminos para solucionar el problema del narcotráfico”, señala De Roux, quien coordinó la investigación de tres años y siete meses que condujo al informe final de la Comisión de la Verdad en 2022.

Y uno de esos nuevos caminos, dice el sacerdote jesuita, filósofo y economista, es “la superación definitiva del prohibicionismo, que ha fracasado como política antidrogas”, y avanzar hacia “la regulación y la despenalización” de los estupefacientes, que “es un proceso de largo plazo, pero hay que transitarlo”.

Esto, porque la política prohibicionista “está vinculada” a la violencia que han vivido Colombia, México, Centroamérica y, ahora, Ecuador.