BOGOTÁ (Proceso).- El presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, cumplirá este lunes 7 de agosto su primer año en el cargo en medio de una crisis política en la que su propio hijo, Nicolás Petro, aparece como la principal pieza de la oposición de extrema derecha y de las élites económicas del país para apostar por su salida anticipada del cargo.

Nicolás Petro, detenido por la Fiscalía General el pasado sábado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, acusó el jueves 3 a su padre de estar al tanto de la entrada de financiamiento ilegal a la campaña política que desarrolló en 2021 y 2022 para llegar a la presidencia.

El presidente Petro dijo la noche del jueves que si la acusación de su hijo fuese cierta “este presidente se tendría que ir el día de hoy”.

La Fiscalía General, cuyo titular Francisco Barbosa llegó al cargo postulado por el anterior presidente, el ultraderechista Iván Duque, se encargó de filtrar hace unas horas a la prensa que Nicolás Petro, detenido en calabozos de ese organismo judicial, se negó a recibir a su padre, quien quería visitarlo. Esa versión, a la que gente cercana muy cercana al gobierno le concede credibilidad, revelaría la clase de relación que tienen en estos momentos Petro y su hijo.

“Lo que uno ve es un quiebre entre padre e hijo que ha provocado una crisis política mayúscula y que va a reducir mucho la capacidad de Petro de hacer los cambios sociales que le prometió al país”, dice la politóloga María Zuluaga.

Asegura que, además, “es muy evidente que el fiscal general, quien es muy cercano a Duque y quien no ha hecho nada para investigar” al expresidente por el presunto ingreso de dinero procedente del narcotráfico a su campaña electoral de 2018, “aprovecha hoy las denuncias del hijo de Petro para debilitar al gobierno”.

De acuerdo con Zuluaga, “lo que hay en marcha es una crisis que pone a tambalear al gobierno de Petro y que está siendo alentada por la Fiscalía, por la oposición de extrema derecha y por una parte de la elite económica y política colombiana que rechaza la agenda de cambios que ha intentado impulsar el primer presidente de izquierda que gobierna este país”.

El expresidente Ernesto Samper, quien como mandatario, entre 1994 y 1998, enfrentó un juicio político por el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña electoral, sostiene que Petro es víctimas “de una campaña con clara intención política y con elementos conspirativos que busca ponerlo en una situación de ingobernabilidad”.

Un sector de la elite colombiana quiere que Petro “no pueda gobernar porque les molestan las propuestas sociales y que ven en esto una excelente oportunidad para montar un distractor de opinión”, señala el exmandatario.

Cambio de versión

Nicolás Petro había sostenido desde su captura que era inocente de los cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que le imputa la fiscalía. Pero luego de un receso de la audiencia judicial de presentación de cargos, realizada el pasado martes, anunció que colaboraría con el organismo judicial.

El columnista Daniel Coronell señaló que, durante ese receso, los fiscales le hicieron saber a Nicolás Petro de la existencia de una serie de pruebas recientes que demostrarían que después del inicio de la investigación, en marzo pasado, siguió cometiendo presuntos delitos.

“Esas pruebas consisten en videos, fotografías, grabaciones de audio y en la declaración de al menos un agente encubierto que la fiscalía plantó en su esquema de seguridad”, señaló Coronell.

La acusación inicial de la fiscalía era que Nicolás Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, quien destapó el caso en marzo pasado, recibió al menos 800 millones de pesos colombianos, unos 200 mil dólares, por parte del exnarcotraficante Santander López Sierra, conocido como “El hombre Marlboro”, y del empresario Alfonso Hilsaca, como contribuciones para la campaña presidencial de Gustavo Petro, aunque ese dinero se habría quedado en manos del acusado.

Según la denuncia de Daysuris Vásquez, “eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero”.

Pero el jueves 3 Nicolás Petro rindió una nueva declaración ante la fiscalía en la que cambió su versión inicial de los hechos y dijo que sí había entrado dinero ilegal a la campaña de su padre y que esto lo sabía. El hijo primogénito del presidente se comprometió con la fiscalía a entregar elementos de prueba sobre la veracidad de sus afirmaciones.

Según el fiscal del caso, Mario Burgos, en el entramado denunciado por Nicolás Petro estarían involucrados la primera dama, Verónica Alcocer, y el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien en unos audios filtrados a la prensa en junio pasado también aseguró que la campaña de Petro contó con financiamiento ilegal.

En esa ocasión, el presidente dijo que la divulgación de esos audios por parte de la revista Semana, identificada con la ultraderecha y el empresariado más conservador, era parte “de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”.

La politización de la fiscalía

Un hecho que ha llamado la atención es el intempestivo cambio de abogado que hizo Nicolás Petro. Hasta el pasado miércoles su abogado principal era Juan Trujillo, quien había acusado a la fiscalía de irregularidades en el proceso de captura y allanamiento domiciliario del hijo de presidente. Ese día, el litigante anunció su renuncia por “diferencia de criterios”.

Como abogado principal quedó David Teleki, conocido por su cercanía con el penalista Iván Cancino, un fuerte critico de Petro y defensor del expresidente Álvaro Uribe.

La periodista Cecilia Orozco preguntó en su cuenta de Twitter cuánto tuvo que ver Teleki con la decisión de Nicolás Petro “de poner en duda la campaña de su padre”, a cambio de lo cual recibió prisión domiciliaria.

El politólogo Mauricio Jaramillo Jassir señala que la actuación del fiscal Barbosa se ha caracterizado “por el sesgo”, ya que ha sido muy laxo cuando se trata de casos que involucran a la extrema derecha y “desmedido” con Petro y su gobierno.

El año pasado, por ejemplo, Barbosa archivó una investigación contra su amigo, el expresidente Iván Duque, por la supuesta compra de votos en la campaña electoral de 2018 en la que un ganadero vinculado con el narcotráfico, José Guillermo Hernández. “El Ñeñe”, habría dado el dinero.

Y en un proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe, por cargos de soborno a testigos y fraude procesal, la fiscalía ha actuado “como defensora” del exgobernante al solicitar de manera reiterada la preclusión del juicio, lo que diferentes jueces han rechazado.

“La terquedad del fiscal para que precluyera el proceso contra Uribe contrasta con las desmesuradas ruedas de prensa a propósito de las acusaciones gente del gobierno de Petro”, asegura Jaramillo Jassir.

Para el doctor en ciencia política, la intención de Barbosa es “forjar un proyecto político en el que está utilizando a la fiscalía como trampolín”. La extrema derecha colombiana ha llamado a “cerrar filas” con el fiscal, quien culminará su mandato en febrero próximo.

Precisamente el pasado miércoles, Petro postuló a tres prestigiadas abogadas como aspirantes a suceder a Barbosa en la titularidad de la Fiscalía General. En la terna, sometida a consideración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), figuran la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa, Ángela María Buitrago, Luz Amparo Cerón y Amelia Pérez Parra.

Un padre atribulado

Nicolás Petro, de 37 años, era diputado local del departamento del Atlántico y el operador político de su padre en la costa caribe colombiana, pero según allegados nunca ha mantenido una relación afectiva muy estrecha con su progenitor. Nació en 1986, cuando Petro estaba en la cárcel, y nunca vivió con él.

El presidente tiene otros cinco hijos con dos diferentes parejas y con quienes tiene más cercanía es con sus tres hijas, Andrea, Sofía y Antonella.

El pasado sábado, cuando Nicolás fue detenido por la fiscalía, el presidente señaló en un tuit que como persona y padre le duele mucho “tanta autodestrucción” y el que uno de sus hijos pase por la cárcel.

Pero señaló que, como gobernante, asegurará que la fiscalía “tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”. Además, le deseó “suerte y fuerza” a Nicolás y señaló que espera que este suceso forje su carácter y pueda hacerlo “reflexionar sobre sus propios errores”.

La noche del jueves, tras conocer las acusaciones de Nicolás, Petro señaló: “Mi hijo ya verá, pero lo único que le puedo recomendar, desde la dignidad, la verdad, No arrodillarse al verdugo jamás”.

También sostuvo que sus hijos “han sido libres, se equivocarán como todo ser humano y andarán caminos diferentes a los míos, pero el padre eso nunca lo esperará ni ha sucedido ni sucederá”. Dijo que nunca le ha pedido a ninguno de ellos cometer un delito “ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con eso”.

Sin una mayoría en el Congreso, Petro no logró en el último año en sacar adelante en el Legislativo sus reformas sociales emblemáticas: la de salud, la laboral y la pensional.

La profesora de la Universidad de los Andes Sandra Borda considera que el escándalo judicial que involucra a su hijo tendrá un alto costo político para el presidente y le dificultará aún más conformar una coalición mayoritaria en el Congreso para impulsar sus reformas y su agenda de cambios.

Este viernes 4 Petro designó al abogado Mauricio Pava Lugo para que lo represente en el proceso contra Nicolás y sostuvo que “serán los jueces, en sus diferentes competencias, quienes definan jurídicamente lo que corresponda”.