WASHINGTON (apro).- “No culpable” fue la declaración de Donald Trump a la jueza Tonya Chutkan, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, ante la cual se realizó la audiencia de presentación de los cuatro delitos que le imputa el Departamento de Justicia para revertir el resultado de la elección presidencial de 2020 que le ganó el demócrata Joe Biden.

En un hecho histórico e insólito, Trump fue arrestado brevemente y se le tomaron sus huellas dactilares por tercera ocasión en cuatro meses, luego de haber sido acusado de conspirar para defraudar electoralmente a su país.

Jack Smith, el fiscal especial a cargo del caso contra Trump en la Corte federal de la capital estadunidense, acusó formalmente al expresidente de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, para obstruir un procedimiento oficial; de obstrucción e intento de obstrucción de procedimientos oficiales, y de conspiración en contra de los derechos.

El expresidente de 77 años respondió a preguntas reglamentarias de la magistrada, como la de decir su nombre completo, que lo hizo, y sobre si consumía alguna droga, a la que reviró con un “no”.

En la audiencia de presentación de cargos que se llevó a cabo sin la presencia de cámaras de televisión, la jueza Chutkan notificó también al mandatario sobre las penalidades máximas y mínimas a las que estaría sometido en caso de que fuera declarado culpable por un jurado calificador.

En resumen, los delitos presuntamente cometidos por Trump están directamente relacionados con su determinación sustentada en subvertir para evitar que Biden fuera certificado como presidente constitucional por el Poder Legislativo, y por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Presunto criminal

Ante la juez Chutkan, propuesta por el expresidente Barack Obama, el exmandatario fue presentado como presunto criminal federal.

Con Smith y su equipo de fiscales, Trump y sus abogados, encabezados por John Lauro, escucharon el procedimiento del caso dirigido por Chutkan, la magistrada que ha estado emitiendo duras sentencias contra participantes del asalto al Capitolio y fieles acólitos del expresidente.

Aunque por apenas unos minutos, Trump se entregó como presunto criminal ante los US Marshals, a cargo del manejo y del procedimiento en las cortes federales con delincuentes y criminales.

El fiscal Smith, en el encausamiento formal por Trump, aprobado esta semana por un jurado calificador compuesto de ciudadanos comunes y corrientes, sostiene que el expresidente y seis co-conspiradores, uno de ellos el Rudy Giuliani, atentaron contra la democracia.

En detalle y con la recopilación de testimonios de varios excolaboradores de Trump a lo largo de su presidencia, en especial la versión del exvicepresidente Mike Pence, presenta un caso en el que los acusados intentaron tejer con mentiras un fraude electoral inexistente.

Los delitos que se imputan a Trump, que de ser declarado culpable en un juicio, nada más por el de conspiración para defraudar a su país, tendría que ser sentenciado a 20 años; son los más graves que se le impugnan a una figura política que encabezo el Poder Ejecutivo estadunidense.

El fiscal especial durante casi ocho meses de investigación recopiló declaraciones, documentos y videograbaciones (públicas) que hizo Trump, sus asesores y abogados, previos, durante y después del asalto al Capitolio, en los que sustenta sus acusaciones.

Los cargos

Básicamente, entre otras cosas, el fiscal Smith sostiene en el encausamiento que, de manera deliberada, Trump y sus seis cómplices prepararon con mentiras un plan para vender a la sociedad estadunidense que la victoria de Biden estaba edificada sobre un fraude electoral.

Este señalamiento estipula el delito de conspiración en contra de los derechos electorales y constitucionales de los estadunidenses, que expresaron su libre determinación de votar a favor del candidato que eligieron en las elecciones de noviembre de 2020.

En paralelo, Smith sostiene que por medio de Pence, el expresidente buscó interferir en un procedimiento oficial para que el exvicepresidente, como presidente del Senado federal, en la sesión bicameral del 6 de enero de 2021, evitara con mentiras la certificación de Biden.

Entre los cargos a Trump, el Departamento de Justicia lo acusa a él y a los seis conspiradores de haber incitado a la turba que atacó el Capitolio el 6 de enero de 2021 para evitar con violencia que Pence y los legisladores federales reconocieran a Biden como presidente.

Argumentos de la defensa

Lauro adelanto durante el curso de esta semana que los argumentos del Departamento de Justicia son infundados y forman parte de una acción política concertada para intentar socavar las nuevas aspiraciones de su cliente, y que también violan su libertad constitucional.

Este argumento del abogado de Trump, que se cobija en la primera enmienda de la Constitución política de Estados Unidos, reconoce que el expresidente sí se dirigió a miles de sus seguidores que atacaron el Capitolio, pero que lo hizo ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

En contrapeso legal, el Departamento de Justicia argumenta que la defensa y queja de Trump sobre su derecho, emanado de la primera enmienda, se resquebraja legalmente porque con intención y alevosía instigo a sus fieles a cometer el acto criminal de asaltar al Capitolio.

El proceso judicial de Trump en Washington, DC, conjuga con los otros dos juicios que se llevarán a cabo el año próximo, uno en Nueva York (civil) por presuntos pagos a una actriz de cine pornográfico por fondos destinados a la campaña presidencial de 2016.

Ante la Corte Federal de Distrito de Miami, Florida, el 20 de mayo de 2024 se iniciará el juicio contra Trump, acusado por Smith de haber sacado ilegalmente de la Casa Blanca, tras perder con Biden, documentos secretos y clasificados sobre seguridad nacional, en presunta violación del Acta Antiterrorista.

Smith ha pedido que el juicio contra Trump en la capital estadunidense se realice de forma expedita, y aunque dependerá de la Corte definir el calendario para el proceso, es claro que será asimétrica a los otros casos y en medio del proceso electoral para 2024.

El contexto electoral

Trump en estos momentos es el candidato con mayor ventaja en las preferencias electorales de entre los 10 principales aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Republicano.

A Ron DeSantis, gobernador de Florida y su más cercano perseguidor entre las preferencias electorales de los republicanos con miras a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, Trump le saca una ventaja de 30 puntos porcentuales, según las encuestas públicas.

Constitucionalmente, aunque Trump fuera declarado culpable y sentenciado a varios años de prisión por alguno de los procesos judiciales a los que está sujeto, puede seguir siendo candidato a la presidencia, e incluso si lo logra, recuperar la Casa Blanca.

No existe un precedente judicial a escala federal sobre la posibilidad de que Trump, estando en la cárcel, ganara la presidencia y en ese caso, por la prerrogativa de indulto que le da la Constitución al Poder Ejecutivo, se auto perdonara para ejercer el mando desde la Casa Blanca.

Esa posibilidad tendría que abrir un debate judicial que terminaría en manos de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que tendría la última palabra en el escenario del auto indulto.

Otra posibilidad sería que Trump, ganando la presidencia en 2024, y si es enviado a un calabozo, evite cumplir la sentencia y para anularla recurra a quien nombrase procurador general de Justicia, una vez que éste fuera confirmado por el Senado.

Se espera que en este proceso judicial y como parte de los testigos del Departamento de Justicia para incriminar a Trump, se presenten exfuncionarios y excolaboradores del expresidente, como Pence y William Barr, exprocurador general de Justicia.